De 2018 a lo que va del 2023, 31 casos han sido los denunciados ante la Fiscalía de Tungurahua, bajo el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional.
Apegados a esta figura penal, tipificada y sancionada en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se han procesado a varios profesionales, sobre todo en el área de la salud, dejando como resultado cero sentencias, pues ninguna persona, hasta el momento, ha recibido condena por este delito en esta jurisdicción.
De las 31 causas, 19 han sido archivadas, mientras 11 siguen en investigación previa, esto, según información entregada por la Dirección de Estadística y Sistemas de la Información de la Fiscalía General del Estado a Diario La Hora.
Yo tengo todos los documentos que dan cuenta de que a mi hijo le hicieron una mala práctica médica. Cómo es posible que un fiscal pueda decir que no encuentra nada para acusar”.
Jacqueline Chicaiza,
Mamá de Josafat
Realidad
Josafat Suárez, un niño que en 2019 ingresó al Hospital General Docente de Ambato con quemaduras de segundo grado, fue intervenido quirúrgicamente en dicha casa de salud.
Luego fue trasladado a cuidados intensivos, hasta que su madre conoció que estaba en estado vegetativo. La consecuencia, una posible mala aplicación de la anestesia o falta de oxígeno hicieron que el menor quede postrado de por vida.
Un viacrucis fue el que Jacqueline Chicaiza vivió desde entonces. “Mi hijo entró caminando, él entró bien y mire como me lo dejaron”, dijo la mujer.
A partir de entonces, cuatro años han transcurrido, Jacqueline ha buscado hacer justicia por su hijo, “si él hubiese nacido así yo me habría resignado, pero estando sano que me lo dejen como está y nadie se haga responsable de esto, no es justo”.
Cuatro fiscales han pasado por su caso, en este año, la última diligencia judicial que por poco se efectúa, pues fue suspendida, se trataba de un dictamen abstentivo en el que probablemente se quedaría sin efecto su acusación hacia los especialistas procesados.
En el ir y venir de este proceso, “hubo abogados que abandonaron mi caso, me dejaron sola”, dijo.
“Yo tengo todos los documentos que dan cuenta de que a mi hijo le hicieron una mala práctica médica. Cómo es posible que un fiscal pueda decir que no encuentra nada para acusar”, agregó.
Jacqueline, actualmente, cuenta con la ayuda judicial de una abogada en libre ejercicio que estaría colaborando gratuitamente en la defensa de su caso, y de la que espera, pueda ayudarla a que su hijo reciba la justicia que merece.
EL DATO De los casos citados por Fiscalía en los últimos cinco años en Tungurahua, uno fue sobreseído.
Otro caso
Otro caso es el de María Paula Freire, una menor de 15 años quien falleció a causa de una presunta mala práctica médica en el Hospital General Docente de Ambato.
Por más de 20 días la adolescente, a quien le habrían cortado el uréter, estuvo contaminándose a sí misma, defecando y orinando en su propio estómago.
Fue intervenida seis veces, dos de ellas en Ambato y las otras en Quito, para la séptima intervención no resistió y murió a consecuencia de una sepsis.
Su padre, Washington Freire, es quien desde el deceso de su hija ha encabezado una incansable lucha por reclamar justicia.
“No quiero dinero, solo quiero que no se apaguen las velitas de más inocentes, que la muerte de mi hija sea un precedente para que los médicos sean más cuidadosos”, mencionó.
En medio del dolor que la muerte de su hija le ha dejado, Washington ha tenido que lidiar con la depresión, la ansiedad y la impotencia ante un sistema de justicia que no le ha dado la protección y respaldo que esperaba.
“Cómo puede ser posible que el Fiscal me diga que yo era consciente de haber firmado la autorización de la operación de mi hija y que era consciente del riesgo de muerte, si firmé fue porque me dijeron que debía hacerlo para salvarle la vida”, dijo con la voz entrecortada.
Pero esta no fue la única respuesta que Washington recibió, es que el mismo especialista que habría operado a su hija y que supuestamente le ocasionó el daño en la primera cirugía, fue quien le dijo “que era mi culpa, que yo no debí haberle sacado a mi hija del hospital para llevarle a Quito”.
Actualmente, Washington cuenta con el apoyo de un organismo de Derechos Humanos.
“Así me cueste la vida, voy a hacer justicia por mi princesita”, finalizó el padre.
Cómo puede ser posible que el Fiscal me diga que yo era consciente de haber firmado la autorización de la operación de mi hija y que era consciente del riesgo de muerte”,
Washington Freire,
Papá de María Paula
Incapacitado
En noviembre de 2022, Julio Toapanta de 57 años, entró al Hospital General Docente de Ambato para ser operado laparoscópicamente de la vesícula.
Cuatro días después de su intervención se detectó que tenía una perforación en el intestino que hizo que se contaminara por dentro con sus desechos fecales.
Largas horas de angustia vivieron sus familiares, momentos en los que Julio estuvo al borde de la muerte que hicieron que, para diciembre de ese mismo año, se iniciara un proceso penal en contra de los médicos habrían actuado en su primera intervención.
Ocho meses han transcurrido desde entonces. La falta de recursos económicos y los fuertes gastos que las secuelas de esta presunta mala práctica médica dejaron en Julio, hicieron que su familia, por el momento desista de continuar con el proceso penal.
Es que dicen no tener tampoco la ayuda necesaria desde las entidades de Justicia que deberían garantizar el derecho a la defensa.
“Nos dijeron que necesitábamos un abogado penalista, y no nos alcanza el dinero”, es parte de lo que esta familia asegura a día de hoy.
Sin embargo, mantienen la esperanza de poder recibir la ayuda necesaria para que el caso de Julio no quede en la impunidad, pues a estas alturas el hombre debe vivir con una bolsa de ostomía adherida a su cuerpo, incapacitándolo en actividades como la de chofer profesional, a la que se dedicó por años. (DLH)
Fiscalía responde
Galo Romero Torres, fiscal provincial de Tungurahua, sostuvo que el hecho de que muchas de esas causas penales no hayan llegado a obtener sentencia, no debe resultar extraño a la ciudadanía, pues explicó que los procesos avanzan a las etapas procesales siguientes, siempre que el Fiscal a cargo del caso cuente con todos los elementos de convicción necesarios para el efecto.
Romero fue enfático en que son las pericias médicas u otras, hechas por personal acreditado por Fiscalía, las que determinan la existencia o no del presunto hecho, y en base al resultado de estos análisis, se edifica una acusación o no.
En contexto, el representante sostuvo que de estas pruebas se desprende detectar dónde, o si hubo o no la negligencia profesional, para determinarlo como elemento válido para una acusación en firme que le de seguridad y certeza no solo al Fiscal, sino al Juez que lleve la diligencia y evitar que se cometa un error en el proceso.
“Mientras tanto, todo sujeto de investigación goza de la presunción de inocencia en todo momento, hasta que un Tribunal resuelve sentenciarlo o ratificar su estado de inocencia”, dijo.
Casos por año
Tipo penal: Homicidio culposo por mala práctica profesional
- Año Total
- 2018 9
- 2019 6
- 2020 3
- 2021 7
- 2022 2
- 2023 4
- Total 31
Fuente: Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Fiscalía General del Estado.
CASOS POR CANTÓN EN TUNGURAHUA
Cantón 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ambato 8 5 3 7 2 3
Baños 1
Patate 1
Pelileo 1
Fuente: Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Fiscalía General del Estado.