Ecuador lleva al menos medio siglo inmerso en un sistema estatista de férreo control sobre las áreas de la economía que se juzgan “estratégicas”. Bajo la creencia de que ciertos productos y servicios no pueden confiarse al arbitrio del mercado —como los hidrocarburos, la electricidad, el agua o la seguridad social—, se limita la libre participación de actores privados, se fijan precios y tarifas, y se establecen interminables trabas burocráticas. Incluso productos que, por elemental sentido común, deberían operar bajo una lógica más libre, se ven obligados a lidiar con precios de sustentación, reglamentos con dedicatoria y una desgastante tramitología.
Durante décadas, algunos gremios y sectores políticos han intentado revertir este modelo, pero una y otra vez la población ha optado por defender al estatismo en las urnas. Ya sea ante la negativa de delegar la administración de la seguridad social el siglo pasado o ante la reciente votación contra liberalizar el mercado laboral, la explicación es sencilla: desconfianza. Amplios sectores de la ciudadanía siguen prefiriendo el “malo conocido” del Estado, al “bueno por conocer” del sector privado.
En varias ocasiones en la historia reciente ecuatoriana, episodios de liberalización de sectores de la economía fueron seguidos por rachas de tremenda negligencia o de gritante corrupción de parte de empresas privadas. Ello cerró prematuramente valiosas puertas. En el futuro, las fuerzas interesadas en una verdadera economía libre para el país, no pueden permitir que esa historia se repita. Ahora, con la crisis energética, se abrirán oportunidades para el sector privado. La ciudadanía debe estar atenta.