Proveedores, IESS, gobiernos locales, entre otros, volverán a quedar impagos por un Estado que recaudará más impuestos; pero seguirá gastando más.
Incluso si todos los astros se alinean a favor del Gobierno, y se logra levantar más de $10.000 millones en nueva deuda ($6.299,44 millones de deuda interna y $ 4.692,31 millones de deuda externa), el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2024 se cerrará con una abultada cuenta de obligaciones impagas o atrasos.
Según el plan financiero, presentado por la administración de Daniel Noboa junto a la proforma presupuestaria, se proyectan atrasos por $2.321 millones al final de diciembre.
Es decir, nuevamente se deberá a proveedores, IESS y gobiernos locales, entre los principales.
Además, a través de los llamados convenios de liquidez, se quedará a deber alrededor de $125 millones a entidades, sobre todo empresas públicas, a las que se saca recursos para cubrir gastos de un Estado deficitario.
En 2023, según el mismo plan financiero del actual Gobierno, se cerró con una cuenta de atrasos de $4,602.48 millones.
De ese total, $1.118 millones sumaron las cuentas por pagar al sector privado, sobre todo a los pequeños y medianos proveedores del Estado.
En lo que va de 2024, solo se han registrado anuncios esporádicos de pequeños pagos sobre esa millonaria deuda al sector privado; mientras ya se anuncian nuevas obras y aumentos presupuestarios en educación y salud.
A inicios de la semana pasada, se apuntaba a que la deuda con proveedores todavía bordeaba los $1.000 millones.
Solución parcial
Si todo sale como espera el Gobierno: la subida del IVA, los impuestos temporales, la remisión tributaria y las autorretenciones (la mayoría con efectos solo para 2024), se logrará que la crisis fiscal no se vuelva completamente insostenible; pero en el fondo no se resuelve el problema de un Estado que gasta más de lo que ingresa.
En el mejor de los casos, de acuerdo con Andrés Rodríguez, economista, se logrará cubrir parte de los atrasos, pagar algo de las deudas, pero el país seguirá con un alto déficit fiscal, más endeudado y sin otra salida que cerrar el presupuesto estatal con una abultada cuenta de atrasos.
“En total, el presupuesto de 2024 suma $35.536,04 millones, lo que representa $2.841,31 millones más que los $32.694,73 millones del presupuesto codificado de 2023. La subida del IVA, y la de otros impuestos incluso más distorsivos, se va a ir por un pozo sin una real restructuración del gasto público. De lo contrario, solo estamos pateando la pelota para después”, puntualizó Rodríguez.
Esto debido a que desde 2013 se han registrado déficits fiscales por alrededor del 5% del PIB. Esto es más o menos equivalente a los $4.800 millones que el Gobierno de Noboa prevé para 2024.
Así, el aumento de impuestos, aprobado con un simulacro de oposición en la Asamblea, solo evitará un colapso en este año; pero el problema seguirá más vivo que nunca.
A la par de aumentar los ingresos, se debe implementar una real focalización de todos los subsidios a los combustibles y un verdadero plan de recorte del gasto público, como ya lo han propuesto sectores de la academia y los gremios profesionales.
De lo contario, como expuso el abogado tributario, Juan Francisco Román, a través de su cuenta de X, todo se convierte en un sistema “de fiar y no pagar” para después cobrar vía coactiva (SRI, IESS, entre otros) a los mismos proveedores que le proporcionan bienes y servicios a un Estado deficitario.
Así, se configura una realidad en la que, por ejemplo, se inauguran obras al fío; mientras los problemas fiscales, que siempre terminan golpeando al sector privado, no se resuelven. (JS)
Cuidado con las expectativas sobre el IVA
La subida del IVA al 15% se concretará desde el 1 de abril de 2024, junto a los otros impuestos aprobados por la Asamblea, aportará $1.500 millones de ingresos adicionales este año. Desde 2025, y si se mantiene en el 15%, su aporte será de $1.000 millones y no de $1.300 millones porque hay que descontar la tarifa reducida del 5% de IVA para el sector de la construcción.
Este aumento en los ingresos permanentes (IVA) ayuda en algo a reducir la crisis fiscal; pero no soluciona los problemas de fondo.
Se han generado expectativas excesivas sobre lo que se podrá financiar con un IVA más alto. Por un lado, los gobiernos locales ya reclaman que el 21% del aumento en la recaudación debe ir por ley a sus manos. Con esto, ya quedaría comprometidos $315 millones de los $1.500 millones que se esperan en 2024.
Asimismo, el Observatorio de la Política Fiscal, ha calculado que alrededor de $700 millones irían para seguridad.
Por otro lado, de acuerdo con la normativa vigente, las universidades deben recibir como preasignación el 10,5% de los impuestos. Esto quiere decir que podría aspirar a $157,5 millones más, lo que compensaría el recorte presupuestario inicial para 2024
Así, solo en tres destinos, ya se gastaría el 78% de los ingresos adicionales; y solo quedaría $327,5 millones para otros acreedores.
Es decir, no habrá suficiente dinero para pagar todo lo que se quedó a deber en 2023 y se necesita para 2024.
En una reciente entrevista pública, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Eduardo Peña, llegó a decir que, con la subida del IVA, espera que le puedan transferir entre $500 millones y $1.000 millones adicionales. Sin embargo, esas expectativas están sobredimensionadas.
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