Durante el tratamiento de la ley para subir el IVA, varios sectores políticos enarbolaron un discurso supuestamente en contra de más impuestos y a favor de los más necesitados. Esto, según un análisis del Instituto de Economía Política, solo fue un simulacro porque las subidas de impuestos en Ecuador siempre benefician a los políticos.
Al final, luego de dos debates y del tratamiento del veto parcial del ejecutivo en el pleno, no solo que se dio vía libra a la subida del IVA hasta el 15%; sino que de yapa se sumaron impuestos temporales y el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas del 3,5% al 5%.
La forma cómo se trato la llamada ‘Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica’, según un análisis de Issac Román, miembro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, deja ver claramente el engaño de la falsa oposición de los políticos a la subida de impuestos.
Toda la clase política salió beneficiada; por un lado, la Asamblea Nacional, a pesar de conocer el desenlace previsible y de sus ocultas intenciones, mostró una postura contraria a las medidas del presidente y a favor de los sectores más desfavorecidos, lo que les otorgó una imagen pública favorable.
Por otro lado, explica Román, el presidente logró no solo la aprobación del aumento del IVA que inicialmente buscaba, sino también la aprobación de otras cuatro subidas de impuestos lo que, aparentemente, le permitirá financiar su plan de seguridad, aunque «en realidad sabemos que los problemas de falta de recursos no se solucionarán hasta que se ataquen las causas reales: un gasto público insosteniblemente elevado«.
El Instituto de Economía Política (IEEP), que es uno de los pocos espacios de pensamiento liberal en Ecuador, recuerda que no es la primera ocasión en que los políticos logran aparentar que se oponen al aumento de impuestos y, al final, los incrementan de todos modos.
En 2021, Guillermo Lasso presentó su proyecto de reforma tributaria ante la Asamblea Nacional. Al igual que en el caso de la ley del actual presidente Noboa, la Asamblea expresó su desacuerdo y aseguró que no permitiría la aprobación de la reforma, argumentando que afectaría a los más vulnerables, a quienes supuestamente estaban defendiendo.
Sin embargo, al momento de la votación, rechazaron la reforma sin archivarla, lo que permitió que la ley
se aprobara. Posteriormente, se excusaron alegando desconocimiento sobre las consecuencias de no archivar la ley, a pesar de que tanto la Constitución (Artículo 140) como la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Artículo 65) establecen claramente este procedimiento.
Esto, de acuerdo con Román, pone de manifiesto la falta de preparación de nuestros políticos, quienes parecen desconocer tanto la Constitución como las leyes que rigen el órgano que representan.
El IEEP asegura que nada ocurre por casualidad y nuestra clase política tradicional no está, ni estará nunca, en contra de aumentar los impuestos.
«Estos impuestos les sirven para financiarse, para mantener sus privilegios y para sostener el estilo de vida al que están acostumbrados. Por lo tanto, mientras más impuestos existan, mejor para ellos. Todo esto sucede mientras aquellos a quienes supuestamente defienden enfrentan mayores dificultades para acceder a
créditos, encontrar empleo y adquirir bienes básicos», puntualizó Román.
Las reformas estructurales nunca está en agenda
Según el IEEP, un claro ejemplo de que los políticos solo juega al gatopardismo, es decir a hacer ciertos «cambios» para que realmente nada cambie, es que se han ignorado sistemáticamente las cinco propuestas de reforma estructural realizadas por el Foro Libertad y Prosperidad.
Se han establecido barreras para evitar cambios reales porque esos cambios representarían «un golpe a los
privilegios políticos-estatales que el Estado ecuatoriano mantiene en la actualidad».
Por un lado, en el campo de la reforma comercial, mantener tasas arancelarias altas favorece a la clase política al proveerlos de mayores recursos para evitar recortar el gasto.
Asimismo, reformar el sistema de pensiones atentaría directamente contra el poder y control que el establishment político ecuatoriano puede ejercer sobre los ahorros de los ecuatorianos.
La reforma del Estado implicaría, en esencia, quitarle poder a los políticos vía reducción del tamaño del sector público y un consecuente fortalecimiento del sector privado ecuatoriano.
LA HORA ha analizado cuál sería la receta liberal para reducir el costo de la vida y cambiar radicalmente la economía del país.
El IEEP recalca que todos los puntos mencionados tienen como principal objetivo el fortalecimiento de la economía ecuatoriana, dándole el timón de mando a la sociedad civil y en perjuicio de la clase política ecuatoriana, ampliamente criticada por sus propias acciones.
«De esta manera, podemos concluir que, aunque ciertos partidos políticos parezcan oponerse a ciertas medidas, en realidad están tratando de mantener o aumentar su popularidad entre la población«, afirma Román.
Para lograr esto, pueden recurrir al engaño, esperando que su electorado crea sinceramente que están de su lado, cuando en realidad actúan por conveniencia.
La conclusión de fondo es que los políticos suelen priorizar sus propios intereses sobre los de la población a la que supuestamente representan, y la forma en que engañan a su electorado es un claro ejemplo de esto.
«Como ecuatorianos, es nuestro deber mantenernos críticos y alerta ante cada acción de los políticos a quienes elegimos con nuestro voto. Nunca debemos confiar ciegamente en ellos, ya que precisamente esta confianza les otorga carta blanca para actuar según sus propios intereses, manipular la verdad y mantener sus posiciones y privilegios», dice Román.
En una entrevista con este medio, Alberto Acosta, economista y editor de Análisis Semanal, concluyó que una de las grandes tragedias de este país es que «El negocio de los políticos es mantener un estado ineficiente y siempre se recurre a la salida fácil de subir impuestos»
Historia de un simulacro
La ley para hacer frente al conflicto armado interno, así como a la crisis social y económica, presentada por el ejecutivo el pasado 11 de enero y votada por el legislativo el 6 de febrero, pone de manifiesto los intereses perversos presentes en la clase política ecuatoriana y su habilidad para eludir la verdad frente a su electorado.
Durante la presentación del proyecto de Ley, las distintas bancadas de la Asamblea Nacional (AN) aparentaron oposición a la propuesta de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) planteada por el presidente de la República.
Argumentaron que esta medida afectaría a los sectores más vulnerables de la sociedad y aseguraron que defenderían sus intereses, mientras que dirigirían sus ataques hacia quienes consideraban responsables: los grandes capitales y los sectores de alta renta en Ecuador.
En este contexto, mostraron escaso interés en considerar las posibles repercusiones negativas sobre el ya frágil ahorro del sector privado, promoviendo la imposición de nuevos impuestos sobre la banca, las empresas, entre otros.
Cuando llegó el momento de la votación, las acciones de las diferentes bancadas se alinearon con sus promesas previas.
La propuesta de incrementar el IVA fue rechazada con 83 votos en contra, mientras que el resto de las iniciativas legislativas presentadas por la Asamblea Nacional fueron aprobadas con mayorías absolutas: impuestos sobre las utilidades de la banca y las cooperativas, 98 votos a favor; aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5%, 117 votos a favor; contribución especial a las empresas, 134 votos a favor; imposición del 5% de IVA a los materiales de construcción, 133 votos a favor.
De este modo, en una primera instancia, la AN parecía cumplir con su compromiso de «proteger a los desfavorecidos y golpear a los favorecidos», sin embargo, ignoraba o pasaba por alto el hecho de que el aumento en esos impuestos afectaría a todos los ecuatorianos, incluidos aquellos que supuestamente estaban siendo defendidos.
La verdad sobre el futuro de estas medidas llegaría menos de tres horas después de la votación del 6 de febrero, cuando el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un veto parcial a lo aprobado por la AN.
Este veto no sorprendió, ya se había advertido sobre la posibilidad de que el presidente buscara, por todos los medios, aprobar el incremento del IVA.
Al tratarse de un veto parcial, el presidente únicamente vetaba el rechazo al aumento del IVA, lo que, por ende, daba luz verde al resto de las medidas aprobadas por la Asamblea.
Sin embargo, esto obligaba a la Asamblea a ratificar su oposición al incremento del IVA en una votación programada para el 9 de febrero, momento en el cual se revelaría la verdadera posición de los legisladores.
Inicialmente el rechazo al aumento del IVA se registró con 83 votos en contra. Para revertir esta decisión en la siguiente votación, la Asamblea requeriría al menos 92 votos a favor, lo que parecía poco probable a simple vista.
Esta situación indicaba que la subida del IVA podría convertirse en una realidad de todas formas, un escenario que también se había anticipado y advertido.
Sin embargo, la principal preocupación de la Asamblea parecía ser proyectar una imagen favorable ante el público, en lugar de abordar eficazmente la situación.
Llegado el momento de la votación para rectificar la decisión, la Asamblea Nacional, que inicialmente había obtenido 83 votos en contra del aumento del IVA, sorprendentemente (o no), solo logró reunir 78 votos a favor, lo que resultó insuficiente para afirmar la decisión previa. Por consiguiente, el aumento del IVA acabó siendo aprobado.