Ecuador cerró 2021 con déficit fiscal más bajo en cinco años

El aumento de las ventas y el pago de impuestos dio más espacio fiscal a Lasso.

El presupuesto del año pasado fue elaborado por el Gobierno de Lenín Moreno; pero el Gobierno entrante de Guillermo Lasso ejecutó más del 58% del mismo.

Cuando Guillermo Lasso asumió el Gobierno, el 24 de mayo de 2021, las proyecciones de déficit fiscal (más gastos que ingresos) eran de casi $4.000 millones hasta finales de año.

El presupuesto fue heredado de la administración saliente de Lenín Moreno, pero más del 58% de la ejecución del mismo estuvo a cargo de las nuevas autoridades. Además de las poco auspiciosas perspectivas con un abultado hueco en la caja pública, Lasso y su ministro de Economía, Simón Cueva, tuvieron que gestionar de entrada una larga cuenta de atrasos.

Esos atrasos fueron mayores de los esperados y sumaban $2.700 millones, lo que generaba más presiones a la naciente gestión y un riesgo creciente de conflictividad si las deudas se seguían acumulando.

Siete meses después, 2021 cerró con $1.697 millones en obligaciones pendientes de pago (atrasos), es decir, 37% menos que lo heredado. Asimismo, el déficit fiscal sumó $2.916 millones, el nivel más bajo frente a los pasados cuatro años.

Roberto Arce, economista e investigador, comentó que al llegar a Carondelet, Lasso se enfrentó con un hueco mensual de $400 millones; pero al finalizar este año, ese hueco bajó a $243 millones.

«La situación sigue siendo difícil. El Estado sigue gastando más de lo que recibe; pero se logró pagar una parte de los pendientes y se terminó con mejores cifras fiscales porque la economía creció más de lo esperado», dijo.

De acuerdo con Arce, no se puede desmerecer el papel que jugó el exitoso plan de vacunación, que antes de la llegada de Lasso naufragaba entre la ineficiencia y la indignación ciudadana.

Ese plan impulsó un crecimiento económico de alrededor del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando las proyecciones más optimistas no daban más de 2,5%.

En este contexto, aunque el país todavía está a la saga en la recuperación económica dentro de América Latina, las ventas y la recaudación de impuestos aumentaron considerablemente durante el año pasado, luego de la abrupta caída de 2020.

Así, por ejemplo, el último mes de 2021 fue el segundo diciembre con mayor pago de tributos al fisco en los últimos 10 años.

Según Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, la recaudación total de los 12 meses sumó $13.017 millones. Ese monto representa $1.160 millones menos que los niveles pre pandemia.

Otro factor que ayudó a reducir el déficit fue el aumento de los precios del petróleo que permitieron que, antes de la paralización de los oleoductos, se hayan podido generar alrededor de $1.500 millones extra de ingresos fiscales.

Si se analiza como porcentaje del PIB, el déficit fiscal de 2021 es el menos pesado y costoso de los últimos 11 años.

Calidad del gasto es el principal reto en 2022

Durante el Gobierno de Lenín Moreno se estableció una política de reducción indiscriminada del gasto público, sin tomar en cuenta criterios de eficiencia y calidad de los servicios. Ese accionar, junto con la ineficiencia y la corrupción, provocó, por ejemplo, que se hicieran a medias procesos importantes como compra de medicinas y mantenimiento de escuelas.

Esos vacíos fueron parte de la herencia negra que asumió Lasso. Por eso, de acuerdo con Arce, este 2022 debe ser el año en que se haga una real evaluación del gasto público y se dirijan más recursos a donde realmente se necesitan y menos donde no son productivos.

En total, Lasso gastó $20.634 millones en los cuatros principales rubros del presupuesto estatal: sueldos, transferencias corrientes, intereses de deuda y gasto de capital e inversión. Ese monto es $494 millones más de los $20.140 millones desembolsados por los mismo rubros en 2020.

Sin embargo, se siguen acumulando deudas pendientes con instancias importantes como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un sistema educativo (primario y secundario) con la necesidad de más de $600 millones para rehabilitar infraestructura en mal estado, o una red vial que está llena de huecos en todo el país, entre otros elementos.

En otras palabras, todavía no se priorizan los destinos de los escasos recursos públicos, y el actual Gobierno se dedicó a apagar incendios durante sus primeros siete meses de gestión.

Por otro lado, de cara a una mayor reactivación económica en 2022, Ortiz consideró que las autoridades deben considerar dirigir parte de las crecientes reservas internacionales a inversión y crédito productivo. Eso también sería otra forma de gastar mejor y al mismo tiempo impulsar la producción y el empleo. (JS)

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Gobierno redujo el 48% de los atrasos que heredó

REALIDAD. El ministro Cueva ha tenido que enfrentar una pesada carga de cuentas pendientes

Sigue habiendo cuentas pendientes, sobre todo con sectores sociales como el IESS, pero las cuentas pendientes son menores

El 24 de mayo de 2021, el actual Gobierno se encontró con que el nivel de atrasos en el sector público era mayor de lo esperado. La administración de Moreno aseguraba que dejaba cuentas pendientes por casi $2.000 millones, pero la realidad era que estaban impagos $2.700 millones.

El ministro de Economía, Simón Cueva, enfrentó desde el día uno una pesada carga, la cual era equivalente a casi dos meses del gasto total de todo el Gobierno Central.

Sin embargo, en un poco más de dos meses, ese nivel de atrasos se ha reducido en un poco más del 48%, es decir, un poco más de $1.300 millones.

En otras palabras, la administración de Guillermo Lasso ha conseguido reducir de manera significativa los pagos no hechos a proveedores, gobiernos locales y otras instituciones públicas.

Así, por ejemplo, el atraso en sueldos y salarios llega a $11 millones. Eso representa menos del 2% de los desembolsos de más de $700 millones que deben hacerse cada mes por ese concepto.

En los peores meses de la pandemia, durante 2020, los impagos a la burocracia llegaron a superar los $300 millones. El año pasado se produjo un recorte del 7% en este rubro.

Uno de los sectores más afectados es el de la protección social. Existen denuncias, por ejemplo, de que no se han pagado las remuneraciones de las personas que trabajan en los centros de acogida vinculados al ministerio de Inclusión Económica y Social.

Esto a pesar de que esa cartera de Estado asegura que, hasta la fecha, ha recibido casi el 80% del presupuesto anual, es decir, más de $1.900 millones.

Andrea Domínguez, economista, comentó que la principal cuenta pendiente es una revisión integral de la calidad del gasto. Esto implica cómo y a qué se destinan los recursos públicos.

“El Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de aprobar la renegociación del acuerdo con Ecuador, aseguró que todavía hay falta de transparencia en varios sectores. Eso provoca que el dinero no siempre llegue donde más se lo necesita”, puntualizó.

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IESS y obra pública acumulan los mayores atrasos

Los atrasos en transferencias corrientes a diferentes instituciones públicas suman $912 millones. Un 60% de ese valor está relacionado a pagos pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Esta institución necesita al menos $1.000 millones anuales de aportes estatales para mantener a flote al fondo de pensiones. Ese monto irá creciendo en los próximos 24 años hasta convertirse en casi el 80% del gasto social del país.

Además de la deuda por las transferencias corrientes, el Gobierno debe enfrentar las cuentas históricas pendientes con el IESS. Esas cuentas superan los $6.000 millones, sobre todo con el fondo de salud; pero desde la administración de Moreno no se pudo llegar a un acuerdo sobre el monto total y el cronograma de pago.

A pesar de esto, el gasto en esas transferencias superó los $2.600 millones hasta el 30 de septiembre de 2021. Ese nivel es mayor a los $2.100 millones alcanzados en igual periodo de 2019.

Por otra parte, los atrasos en inversión y obra pública sumaron $322 millones. Esos valores están pendientes, aunque el Estado ha gastado más de $4.200 millones por ese concepto en lo que va de este año. Ese valor es mayor a lo que se tenía en 2019 y 2020; además, está muy cerca de  los $4.379 millones de 2018.

En otras palabras, el Gobierno está gastando más que en años anteriores para suplir las carencias heredadas.

La optimización del gasto es urgente

Según el exministro de Economía, Fausto Ortiz, el Gobierno ha podido reducir los atrasos gracias a los mejores precios del petróleo y a que la recaudación de impuestos ha mejorado. Por ejemplo, en septiembre se registraron ingresos tributarios por $1.130 millones.

Ese resultado es el mejor de un mes de septiembre durante los últimos seis años. Solo en 2014 y 2015 se generó mayor aporte de los contribuyentes con $1.184 millones y $1.153 millones, respectivamente.

Sin embargo, por el lado del financiamiento público, el país ha logrado levantar casi $1.600 millones de deuda interna; casi $1.500 millones de organismos multilaterales y casi $300 millones de otros Gobiernos.

Hasta finales de 2021, se necesitan por lo menos $4.500 millones adicionales para cubrir la mayoría de los gastos y quedar con atrasos de algo más de $1.000 millones.

En otras palabras, el estado de las cuentas públicas es complicado, con un déficit de $400 millones mensuales; por lo que se necesita urgentemente de optimización y recortes.

Desde el Ministerio de Economía se ha asegurado que los detalles de cómo se reducirá el tamaño del Estado, dentro del acuerdo renegociado con el FMI, se anunciarán esta semana.

El recorte hasta 2025 sería de entre $3.500 millones y $4.000 millones. Esa planificación debe quedar plasmada en el presupuesto 2022, que tiene que enviarse en la Asamblea durante este mes de octubre 2021. (JS)

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Deudas pendientes de Finanzas con Gobiernos de Zamora

DEUDA. El Ministerio de Finanzas debe al Gobierno Provincial, a los municipios, a los jubilados y las Ligas Deportivas de Zamora.

Al Gobierno Provincial se le adeuda alrededor de 485 mil dólares y a los municipios, 2.600.000 dólares.

ZAMORA. La reunión entre la asambleísta Isabel Enrríquez y el equipo del ministerio de Finanzas, encabezado por el subsecretario de Relaciones Fiscales, Marco Acosta y el asesor Javier Acuña, giró en torno a temas de trascendencia nacional como: el pago a las jubilaciones, deudas con los GAD, asignaciones presupuestarias a las universidades y, en el caso de Zamora Chinchipe, las deudas con las ligas cantonales.
Pese a que el Subsecretario Acosta informó que, de parte del ministerio de Finanzas se encuentran despachando el pago de los bonos por jubilación de acuerdo a la justificación documental, la legisladora volvió a insistir que se atienda el pedido de los maestros y los trabajadores de la Salud, tomando como referencia que algunos de ellos son mayores de 70 años y padecen enfermedades catastróficas.
Sobre las cuentas pendientes con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Javier Acuña, enfatizó que ya se han puesto al día con las transferencias mensuales, sin embargo, reconoció que existen deudas pendientes por la devolución del IVA. En el caso de Zamora Chinchipe, dijo que al Gobierno Provincial se le adeuda alrededor de 485 mil dólares y a los municipios, un monto aproximado de 2 millones seiscientos mil dólares. Estas cancelaciones, aclaró, serán solventadas una vez que el SRI presente la documentación pertinente.
Al referirse al presupuesto para las universidades del país, la asambleísta Enrríquez exteriorizó el pedido del cantón El Pangui, que anhela la ampliación de la oferta educativa en la sede de la Universidad Estatal Amazónica de esta localidad. Al respecto, Acuña explicó que mantienen conversaciones con los rectores de las universidades a nivel nacional para establecer mecanismos para cancelar las deudas pendientes, además de plantear otras alternativas de financiamiento, por ejemplo, la inclusión del sector privado, mediante convenios para la ejecución de proyectos.
Deudas con las Ligas Deportivas de Zamora Chinchipe
En este tema, la asambleísta planteó los casos de Yacuambi y Chinchipe. Marco Acosta indicó que van a solicitar información de las causas por las cuales no se ha podido cumplir con las asignaciones presupuestarias, para solventarlo de manera inmediata.

Los atrasos en el sector público son mayores a lo previsto

El cambio de Gobierno deja una situación económica complicada

La administración de Lenín Moreno aseguró que dejaba menos de $2.000 millones de pagos pendientes; pero la realidad es que la cifra llega a los $2.700 millones.

El actual ministro de Economía, Simón Cueva, reconoció que el nivel de atrasos en el sector público es mayor a lo que se esperaba cuando se hizo la transición de gobierno. Así, el régimen de Lenín Moreno aseguró que dejaba cuentas pendientes por casi $2.000 millones; pero la realidad apunta, por ahora, a que la cifra llega a los $2.700 millones.

Uno de los más perjudicados es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La deuda supera los $1.200 millones, debido a que no se ha pagado a tiempo ni en los montos requeridos el 40% de aporte estatal al fondo de pensiones.

El anterior ministro de Economía, Mauricio Pozo, esperaba cerrar un acuerdo de pago antes del 24 de mayo de 2021, pero no se pudo cumplir la meta.

El Gobierno de Guillermo Lasso debe sentarse nuevamente a negociar plazos y montos; sobre todo tomando en cuenta que, según un estudio del Banco Mundial (BM), ese aporte, junto a una reforma integral, son imprescindibles para evitar un colapso del sistema.

Otros sectores con importantes atrasos son los proveedores y la inversión pública. En total, el monto supera los $600 millones. Asimismo, las transferencias corrientes, que incluyen Gobiernos locales y salud, también suman más de $500 millones.

En el caso de los sueldos públicos, la situación está más controlada, por lo que los pendientes no superan los $28 millones.

¿ De dónde saldrá el dinero?

Hasta el 10 de junio 2021, el país logró levantar $1.672 millones de nuevo financiamiento; pero tuvo que pagar $1.405 millones de amortización de deudas anteriores. Es decir, solo quedaron alrededor de $267 millones para otros fines.

En este contexto, el ministro Cueva anunció que el sistema financiero nacional va a comprar $500 millones de Certificados de Tesorería para darle liquidez al Gobierno. Esto demuestra la alta necesidad de recursos.

El Gobierno no puede contar, al menos hasta el último trimestre de 2021, con los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La renegociación del acuerdo con ese multilateral demorará algunos meses

Según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, las necesidades de financiamiento, entre enero-mayo de 2021, alcanzaron unos $9.300 millones. Esas necesidades incluyen un déficit fiscal de más del $1.000 millones, el servicio de la deuda pública vigente y las deudas acumuladas de años anteriores.

En esa última categoría están los valores pendientes con los Gobiernos locales por devoluciones de IVA y asignaciones, indemnizaciones a jubilados pagos a Petroecuador e incluso la indemnización a Perenco.

Hasta fin de año, tomando en cuenta que a la caja fiscal le falta $400 millones cada mes, el total de nuevo financiamiento que necesitará el país puede llegar hasta los $15.000 millones.

De acuerdo a Cueva, se buscará ampliar las líneas de crédito con los multilaterales; y echar mano de más deuda a través del sistema financiero o instituciones públicas como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Frente económico evalúa concesiones

Desde la mañana de este lunes, 14 de mayo 2021, el frente económico del Gobierno de Guillermo Lasso está reunido en el palacio de Carondelet.

“La reunión es para afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía: hidrocarburos, electricidad, minería, obras públicas, telecomunicaciones,  Y de qué forma a través de estas inversiones podemos reactivar la economía y la generación de empleo”, dijo el presidente.

Las autoridades buscan concesionar tres refinerías, carreteras, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y otros recursos como los minerales. Además, está planificada la venta internacional del Banco del Pacífico.

Sin embargo, no hay una ruta clara ni plazos; pero esas operaciones podrían ser una fuente de recursos para el Estado. (JS)

La inversión y la Seguridad Social son los más afectados con los atrasos en el sector público

CARGO. Mauricio Pozo, ministro de Economía.

A menos de dos meses de cambio de Gobierno, los pagos pendientes en el sector público afectan, sobre todo, a la obra pública y a las transferencias a entidades, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

El inicio de abril de 2021, a menos de dos meses del cambio de Gobierno, registró $1.612 millones de atrasos en el sector público. Estos afectan principalmente a dos tipos de gasto:

1. Los pagos pendientes por inversión, sobre todo obra pública, sumaron $378 millones. Esa inversión ha sido uno de los rubros con más recortes en los últimos seis años y su caída tiene consecuencias directas en la difícil situación de la actividad privada de la construcción.

2. Las transferencias a gobierno locales y otras instituciones públicas sumaron atrasos de $1.200 millones. El 67% de ese monto, es decir, $799 millones, corresponde a transferencias no realizadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esas transferencias tienen que ver con el 40% de aporte estatal al sistema de pensiones.

Por otro lado, las cuentas pendientes en gastos de personal alcanzaron los $34 millones. El servicio de la deuda pública está al día, gracias a la renegociación hecha el año pasado de tramos importantes de las obligaciones en bonos y préstamos chinos.

Mejor caja fiscal

Mauricio Pozo, ministro de Economía, comentó que  hay una mejor gestión de la caja fiscal. Así, por ejemplo, los atrasos en octubre de 2020 superaban los $3.600 millones; y se ha venido pagando siempre los de mayor antigüedad.

“Los atrasos nunca van a quedar en cero porque hay cuentas que entran y salen. Es un tema dinámico. Sin embargo, vamos a entregar una economía financiada y atendida en el mayor nivel posible”, acotó.

El pago de obligaciones se complica porque no se sabe cuándo llegarán los $450 millones del desembolso del Fondo Monetario Internacional, el cual está atado a la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización en la Asamblea.

A pesar de eso, Pozo aseguró que se está trabajando en fuentes alternativas, y, además, se espera mayores ingresos tributarios en abril debido a que las empresas y personas naturales deben pagar el impuesto a la renta de 202 durante este mes. (JS)

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