Tanto la Universidad San Francisco como el Colegio de Economistas de Pichincha tienen propuestas de cómo reducir el gasto en medio de un fisco deficitario y moroso.
El Estado ecuatoriano está en medio de una profunda crisis, que incluso ya ha empezado a contagiar a la economía vía millonarios atrasos.
El año 2023 se cerró con $4.500 millones en cuentas por pagar a proveedores, seguridad social y gobiernos locales. Al cierre de enero de 2024 se añadieron $419 millones de atrasos adicionales,
Es urgente conseguir más ingresos permanentes; pero también reducir gastos improductivos o que no aportan nada.
‘Repensar al Estado’
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) acaba de publicar un análisis en el que identifica y cuantifica oportunidades concretas y focalizadas para la optimización del gasto. En total, la USFQ propone ocho medidas con un ahorro estimado de $2.878,48 millones.
Rodrigo López, economista y miembro del Colegio de Economía de la USFQ, explicó que “se debe repensar al Estado de una manera diferente para optimizar el gasto y externalizar servicios que se pueden proveer de mejor manera fuera del sector público”.
Así, se propone la reducción del 30% en nombramientos y contratos ocasionales. Esto significará un ahorro estimado de $442,7 millones.
Excluyendo a puestos en salud, educación y seguridad, quedan alrededor de 80.000 funcionarios públicos, con un costo anual de $1.300 millones, donde se puede optimizar.
Para evitar demandas o restituciones, desde la USFQ se propone un trabajo articulado del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Finanzas y la Función Judicial.
Por otro lado, también se propone una reorientación de los subsidios a los combustibles para asegurar que beneficien a los sectores más necesitados y vulnerables.
El ahorro potencial sería, según la USFQ, de entre $950 millones y $1.500 millones. Sin embargo, la ministra de Energía Andrea Arrobo, ya ha dicho que el Gobierno apunta más bien a un valor entre $450 millones y $550 millones, a través de un sistema de bandas, para la focalización de las gasolinas extra y eco país.
Al respecto, López puntualizó que en la focalización se deben tomar en cuenta todos los combustibles, incluyendo al diésel, aunque tenga un costo político.
“Si el Gobierno apunta a arrancar con una focalización que genere un ahorro de $400 millones, está bien. Lo importante es dar el primer paso. No es posible que una persona con un auto de alta gama reciba un subsidio de al menos $56 mensuales, cuando un beneficiario del bono recibe $55”, aseveró.
Desde la USFQ se propone utilizar tarjetas de débito o crédito, emitidas por la banca pública, para focalizar el subsidio.
Otra propuesta es cambiar los incentivos para el uso de los recursos que hacen los gobiernos locales.
La ley impide reducir las asignaciones de los gobiernos locales, pero lo que sí se puede hacer es que el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) amplíe el cupo de financiamiento para proyectos de inversión; pero condicionado a que optimicen su personal y su gasto en bienes y servicios.
Con esto se podría ahorrar $311,6 millones. Los Gobiernos locales concentran el 15% del presupuesto estatal.
Asimismo, desde la USFQ se propone eliminar a las seis empresas públicas que generaron pérdidas por $94,9 millones en 2023. Con esa eliminación, que incluye a empresas como CNT, se ahorrarían esas pérdidas.
A su vez, mediante la eliminación o fusión de 37 entidades de las 155 del Gobierno Central, también se podría ahorrar $63,7 millones.
Finalmente, en otras tres medidas, que incluyen la renegociación de los intereses de la deuda con organismos multilaterales, se podrían ahorrar otros $404,5 millones anuales.
‘Optimizar el gasto’
Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó que sí es posible optimizar y reducir el gasto público; pero se debe evitar cometer errores del pasado.
Salvador explicó que se puede partir con el cumplimiento del decreto de austeridad 457, emitido por el expresidente Guillermo Lasso, el cual está enfocado en optimizar y reducir gastos en viáticos, horas extras, materiales de oficina, entre otros temas administrativos.
Ese tipo de gastos se pueden al menos contener; pero entre 2022 y 2023, lo que pasó es que aumentaron en $100 millones.
Si se cumpliera con lo que dice el decreto, se considera que se podrían ahorrar alrededor de $95 millones.
En el tema de la nómina, desde el Colegio de Economistas se ha calculado que, sin tocar el sector social, se podrían reducir los contratos ocasionales para generar un ahorro de $266 millones anuales.
En el tema del cierre de entidades, Salvador recalcó que primero se debe evaluar qué tipo de Estado queremos y qué se necesita para atender las necesidades básicas.
“Hay que tener mucho cuidado porque en años pasados nos fuimos por las fusiones y las liquidaciones de ciertas instituciones, pero al final el ahorro fue nulo. Por ejemplo, se liquidó la empresa de medios públicos y después se creó Comunica EP; se liquidó Correos del Ecuador y después se creó la empresa pública de servicios postales”, recordó.
Se debe analizar cuánto representa desvincular a estas personas versus mantenerlas en el trabajo. La indemnización de personas que llevan años en el sector público puede ser superior a mantenerlos en su cargo.
“Esto le pasó a Richard Martínez que despidió gente, pero las que eran de carrera ganaron demandas judiciales y se les tuvo que restituir en el puesto. Al final, el ahorro fue nulo”, explicó Salvador.
En este sentido, podría resultar más eficiente, por ejemplo, evaluar la existencia de funcionarios con roles repetitivos.
Otro enfoque sería equiparar los sueldos en el sector público. Salvador contó que desde el Colegio de Economistas de Pichincha se está trabajando en un análisis sobre las diferencias salariales
Por ejemplo, los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, en promedio, ganan más que los funcionarios del Ministerio de Economía.
“Es muy complicado pasar machete como Javier Miley en el estado, pero sí hay espacio para recortar el gasto público”, concluyó Salvador. (JS)