El Gobierno Central debe gestionar el gasto de 155 entidades y 12 empresas públicas

Ministerios, juntas, secretarías, consejos y agencias suman una estructura estatal que cuesta más de $10.000 millones en sueldos, sin tomar en cuenta las empresas públicas.

Dentro del paraguas del Presupuesto General del Estado (PGE), que es gestionado por el Gobierno Central, se debe gastar en 155 entidades. Aparte, el Ejecutivo tiene a cargo 12 empresas.

Si se desglosa aún más las cifras, se encuentra que actualmente existen: 20 ministerios, 17 institutos, 14 consejos, 12 secretarías, 11 entidades catalogadas como servicio, 8 agencias, 4 direcciones, 2 entidades catalogadas como centro y 2 juntas.

A esto, se suman 27 universidades y 4 escuelas politécnicas; además de otras instancias entre las que se incluyen la Procuraduría, la Contraloría, la Policía, entre otros.

Según un análisis del Observatorio de la Política Fiscal, toda esta estructura, sin incluir a las empresas públicas, costó $9.739 millones en sueldos y $391 millones más catalogados como “egresos de personal para inversión”.

En otras palabras, dentro de la estructura del Presupuesto General del Estado (PGE), la nómina de esas 155 entidades suma $10.130 millones en 2023. Esto representó el 48,55% de todo el gasto corriente de $20.864 millones.

Ante esto, luego de tomar medidas impopulares de corto plazo como la subida del IVA y la eliminación del subsidio a los combustibles, el recorte y reestructuración del Estado es imprescindible para evitar un colapso económico.

 Menos personal, pero más gastos

El Observatorio de la Política Fiscal calculó que se tenía 512.080 funcionarios en el Gobierno Central durante 2018, con un gasto de $9.953,45 millones.

En 2019, el número de funcionarios bajó a 499.000, con un costo anual de $9.975,66 millones.

Hasta el cierre de 2023, sin embargo, la nómina sumó 492.615 funcionarios, es decir, 6.385 menos que en 2019 o 19.465 menos que en 2018.

A pesar de esto, el gasto total fue de $176,55 millones más que en 2018 o $154,34 millones más que en 2019.

Los $10.130 millones que se gastaron en 2023 se concentraron en un 80% en educación, salud, Policía, Fuerzas Armadas y universidades. Si se aumenta Justicia, el porcentaje sube al 90%.

¿Podrá el Gobierno concretar un recorte de $1.000 millones?

Tanto el presidente de la República, Daniel Noboa, como otros funcionarios del Gobierno, como el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, han repetido que están comprometidos en concretar un recorte de $1.000 millones en el gasto corriente durante 2024.

Sin embargo, no se ha explicado cómo se logrará y solo se han dado anuncios aislados. Así, se habla que está en la mira la absorción o fusión de 19 entidades.

Entre esas entidades están, por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control de Energía; Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa); Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y el Servicio Ecuatoriano de Normalización.

Pese a esto, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, ha dicho en varias entrevistas públicas que más bien desde su cartera de Estado se está analizando una propuesta para que la Agencia de Regulación y Control de Energía vuelva a la estructura de antes.

Es decir, que exista una agencia de control para hidrocarburos y otra para minería. Esto va completamente en contra de la fusión o absorción porque la misma funcionaria ha dicho que la decisión del Gobierno de Lenín Moreno de fusionar todo en una sola institución ha provocado problemas como la incapacidad para controlar la minería ilegal.

Esas 19 entidades, con 3.812 funcionarios, solo representan $68,9 millones anuales, es decir, el 0,68% de todo el gasto en nómina.

Asimismo, Noboa ha puesto en marcha la liquidación de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y hace dos días anunció la eliminación de la Secretaría Nacional de Seguridad. En el primer caso, EMCO tiene 58 funcionarios con un costo de $1,61 millones al año.

En el segundo caso, la Secretaría Nacional de Seguridad tiene un costo de $673.929,53 al año con 38 funcionarios.

Desde el Gobierno se ha asegurado que se hará un cambio drástico en las empresas públicas, comenzando por Petroecuador; pero como ya ha explicado LA HORA, hasta el momento no se explica cuál es el plan y cómo se recortará.

Lo mismo sucede con la supuesta existencia de funcionarios que cobran más que el presidente de la República. Este diario consultó sobre cuántos funcionarios estarían en estas condiciones y en qué entidades, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta del Ministerio de Trabajo.

En el Gobierno de Lenín Moreno se hizo el principal esfuerzo de recorte del gasto, con el cierre de 24 instituciones y el paso de 22 a 13 empresas públicas.

Ese esfuerzo no logró que sean más manejables las finanzas estatales. El exministro de Economía, Fausto Ortiz, ha explicado que, si comparamos el gasto de nómina frente a la suma de lo que se recibe por IVA y Renta, se muestra que casi con las completas “se alcanza a cubrir los sueldos y no necesariamente porque la nómina está descontrolada”.

Entre 2019 y 2023, el gasto en sueldos representó entre el 8,2% y el 9,7% del PIB; mientras que, en el mismo periodo, la recaudación de IVA y renta representaron el 9,2% y el 10,6% del PIB.

En los últimos años se ha tratado de estabilizar el gasto de sueldos; pero el fondo del problema es que, entre 2006 y 2013, ese gasto se disparó del 3,9% al 8,6% del PIB. (JS)