Se prevé gastar más de $1.500 millones nacionales en 2021. De ese monto, el 58% está relacionado con sueldos y salarios.
El Gobierno está presupuestando un gasto adicional de más de $1.500 millones para 2022. Ese gasto que sirve solo para mantener operativos los principales servicios del Estado (obligaciones permanentes) pasará de $16.006,74 millones en 2021, a $17.564,41 durante el próximo año.
Ese aumento representa el equivalente al 82% de la recaudación que se quiere conseguir con la nueva reforma tributaria enviada el pasado 28 de octubre de 2021 a la Asamblea.
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, cuestionó que el país haya tenido reformas tributarias año tras año y que el déficit fiscal (más gastos que ingresos) no desaparezca.
“¿A nadie se le ocurrió pensar que el problema no son los impuestos, sino el exceso de gasto de baja calidad?”, reflexiona Acosta.
Según Acosta Burneo, más tributos no sirven de nada si los recursos se van en generar bienestar a burócratas y contratistas; y a los pobres llega poco y de manera ineficiente.
Según el ministerio de Economía, $851 millones de los más de $1.500 millones de egresos adicionales están relacionados con el pago de sueldos de la burocracia estatal.
Un hueso duro de roer
En total, el Gobierno prevé gastar $9.094,69 millones en las remuneraciones de todos los servidores públicos. Ese monto se come el 68% de los $13.418,48 millones que se esperan conseguir de ciudadanos y empresas vía impuestos durante todo 2022.
El principal destino de ese gasto es el Ministerio de Educación. A través de esa dependencia se proyecta pagar $2.426,62 millones a 159.768 docentes amparados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y 14.275 servidores administrativos.
Además, 32.923 maestros bajo la modalidad de contratos ocasionales pasarán a considerarse egreso permanente del Estado, lo que representa, solo en ese caso, un aumento en la nómina de $411 millones.
En segundo lugar, el Ministerio de Salud Pública necesita al $1.525,93 millones para pagar a médicos, enfermeras y auxiliares; internos rotativos (estudiantes que cursan el último año de las carreras universitarias de medicina, enfermería, obstetricia y nutrición); beneficiarios de becas y contratos de servicio rural
Dentro de ese valor, se incluyen $64,3 millones para ocupar 3.176 puestos vacantes y $18,8 millones para la creación de 930 plazas más por la aplicación del artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.
En tercer lugar, los sueldos de militares y policías (incluyendo ascensos y otros beneficios) suman más de $2.540 millones.
Acosta Burneo aseguró que la optimización del gasto debería comenzar precisamente en esos sectores prioritarios. Según estudios de organismos multilaterales como el Banco Mundial, hay un exceso de al menos 15% en temas administrativos; pero el Gobierno no parece tener una estrategia clara para atacar ese problema. (JS)
¿Más gastos, pero menos déficit?
Si se comparan las proformas 2021 y 2022, aunque los gastos permanentes siguen aumentando, el Gobierno prevé obtener más de $1.106 millones de ingresos adicionales por los mayores precios del petróleo, venta de activos e impuestos.
Además, el mayor ajuste se dará en el plan nacional de inversiones y en la obra pública. El monto presupuestado se reduce de $4.011,88 millones a $1.870,68 millones. La apuesta de las autoridades es que lo dejará de hacer el Estado y sea asumido por la iniciativa privada; aunque todavía no hay un plan claro de cómo se va a conseguir.
La suma y resta de todos estos factores hará, según el ministerio de Economía, que el déficit fiscal se reduzca de $4.812,68 en 2021 a $3.783, 49 millones en 2022.
En otras palabras, se pasará de un hueco de alrededor de $400 millones cada mes para pagar todas las obligaciones y gastos a uno de $315 millones.
Subsidios cuestan más del 5% del PIB
El Gobierno espera gastar $5.123,17 millones en subsidios. De ese total, $1.328 millones se van en mantener baratas las gasolinas y el diésel; otros $2.254 millones en la seguridad social; y $1.471 millones en bonos y ayudas sociales.
Todas esas obligaciones representan el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) o más del 90% de lo que se recaudará por impuesto a la renta durante todo 2022.
En comparación del gasto de 2021, sin embargo, hay una reducción de un poco más de $342 millones. Esa reducción se debe a que, antes de la decisión del congelamiento, se logró hacer un último aumento en el precio de los combustibles.
