Por: Dra. Zoila E. Bustos Mesala
Las zonas de la Amazonía próximas a las fronteras del Perú, Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador estarían sistematizando el mercado ilícito de los commodities; negocio de la actividad extractiva de minería ilegal de metales como el oro, el cobre, la plata y el bronce; a través de la denominada ruta del oro sucio; debido a que grupos vinculados con el crimen organizado como el COMANDO VERMEHLO en Brasil, “LOS CHONEROS Y TIGUERONES” en el Perú, “LOS LOBOS” en el Ecuador; y, “EL TREN DE ARAGUA” en Venezuela; se han extendido especialmente en las dos últimas décadas a causa del incremento del precio de estos minerales.
Las redes narco criminales se han afianzado en América Latina a través del modelo neo extractivista de gobernanzas delictivas, debido a que la mayor parte de la extracción no controlada proviene de la selva por la gran pureza del mineral; lo que multiplica sus rentas ilegales; que mimetiza su procedencia dentro de la economía formal, por la interrelación horizontal entre actores legales e ilegales que aseguran la rentabilidad de este negocio
Zamora la clave
Entre enero y septiembre del año 2021, el 50% de los ingresos del país por la actividad minera legal, tuvo su origen en la provincia de Zamora Chinchipe, generando 5.702 empleos directos y 17.100 indirectos;
– En la última década se han exportado al menos 3.080 toneladas métricas de oro de origen desconocido; y,
– En el año 2023 la minería ilegal a lo largo de todo el territorio ecuatoriano ha logrado generar aproximadamente USD. 1.200 millones de dólares; lo que evidencia un drástico incremento de este negocio ilegal altamente lucrativo; ya que, es tres veces más rentable que el tráfico de cocaína; tal como lo menciona el estudio del año 2023 del Instituto Igarapé de Brasil; por causa de que el beneficio aumenta, al cabo de un tiempo y es más fácil blanquear el dinero vendiendo oro.
La denominada ruta del oro sucio, en el Ecuador se estaría asentando en las áreas del Alto Nangaritza, Palanda, Zamora, Yacuambi, Chinapinza, y Yanzatza, asegurándo enclaves productivos para nutrir y subvencionar sus economías ilegales, generando ganancias ilícitas; a través de cuatro enclaves ilegales productivos, que funcionan en nueve provincias; y, donde las organizaciones han implantado una gobernaza criminal que solo puede ser posible con la complicidad, participación e injerencia de las autoridades jurisdiccionales (Renato Rivera-Rohon y Carlos Bravo-Grijalva); y, de ciertas comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que se adjudican la propiedad de estos territorios; así como el derecho sobre los yacimientos mineros, aduciendo la propiedad comunitaria, reconocida en la Constitución de la República del Ecuador (2008); dando lugar a la distorsionada “tenencia consuetudinaria” en la que la presencia de los conflictos socio-ambientales han camuflado la desenfrenada minería ilegal por los beneficios económicos que se obtienen; impidiendo que los entes estatales ingresen en lo que ellos denominan sus “TERRENOS ANCESTRALES”; para ejercer como Estado la propiedad, el control y las acciones de seguridad, salud y educación a la que están ineludiblemente emplazadas; observando el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales.
Los enclaves productivos de la minería ilegal en la zona Sierra-Norte del Ecuador están centralizados en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura; en el Centro-Amazónico, en la provincia del Napo; en el Sur, las provincias de Zamora Chinchipe y Morona-Santiago; y, en el Suroeste en las provincias de Azuay, El Oro y Loja.
El enclave productivo ilegal del SUR-AMAZÓNICO localizado en la provincia de Morona Santiago está materializado en las parroquias Bomboiza, Gualaquiza, San Carlos de Limón, San Jacinto de Wakambeis y Santiago de Panantza; mismas que se dan a cielo abierto, por medio de retroexcavadoras, clasificadoras tipo Z, motores de succión y generadores eléctricos; cuyas maquinarias las compran los inversores que tienen capacidad económica, generalmente asociados con las autoridades políticas y dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas; quienes además cuentan con seguridad y garitas de control propias, ligadas a estas comunidades que cohabitan con ciudadanos de nacionalidad venezolana, peruana y colombiana que se interesan por el trabajo de minería ilegal; puesto que, la rentabilidad para un minero ilegal puede llegar a ser de hasta USD. 1.750,oo dólares diarios.
En Zamora Chinchipe, las actividades de minería ilegal se dan en Zurmi, Guayzimi, Nankais, Nuevo Quito, Los Encuentros y Yantzatza; en donde las clasificadoras, motobombas y retroexcavadoras, realizan minería a cielo abierto; coexistiendo además la minería de tipo subterránea que se ejecuta sin estudios o procedimientos técnicos; con el arbitrio del grupo terrorista “Los Lobos” desde el año 2021, quienes asesinan, extorsionan y secuestran para sostener el control de la explotación minera en la zona.
Si bien existen yacimientos de plata y cobre, el mineral principalmente extraído y procesado es el oro, que se envía para su procesamiento a la provincia de El Oro.
La minería ilegal en el enclave SUR-AMAZÓNICO se presenta en concesiones mineras, donde se han bloqueado carreteras, secuestrado a trabajadores de empresas mineras, quemado campamentos por grupos armados de las nacionalidades Shuar y Achuar quienes portan armas por sus “actividades ancestrales” de cacería; de las cuales, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de Control de Armas no tiene ningún registro o trazabilidad, como se dio en el año 2020, en las instalaciones de la empresa minera EXSA.
La debilidad institucional, por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE); así como por el (PRAS), Programa de Reparación Ambiental y Social y, la ARCERNNR (Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables) caracterizada no solo por la falta de recursos humanos; la inexistencia de cooperación; y, la contaminación de actores políticos, judiciales y funcionarios de la Fiscalía; ejercida además por el grupo terrorista “LOS LOBOS”; y, por familias que ejercen el control sobre este enclave productivo ilegal, estimulan la proliferación y diversificación de esta actividad.
La región amazónica, zona de grandes reservas de oro, cobre, plata y bronce, explorada desde el siglo XVI, guarda 8.21 millones de onzas de oro; 33.45 millones de onzas de plata en Los Encuentros, Yantzaza; así como reservas de 3.18 millones de toneladas de cobre; paradójicamente marcada en la actualidad por la minería ilegal con rasgos de pobreza, trabajo infantil, contaminación y enfermedades como la parasitosis intestinal por el mercurio vertido en el agua, un promedio de 24 kilos por kilómetro cuadrado; según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica de 2018.
La delincuencia organizada grave y transnacional, extorsión e incremento de microtráfico de drogas, precariedad laboral y embarazos adolescentes, han hecho de la otrora CENTINELA DEL CONDOR, simbólica por sus vertientes de las que fluyen los ríos Santiago y Cenepa, protagonistas de la última guerra contemporánea emplazada en América Latina; una ruta de vergüenza y descomposición, dejando clara la desventaja sobre otros delitos, ya que al ser su producto final los minerales metálicos, su ingreso es imperceptible en las economías legales.
El Estado ecuatoriano, al no contar con un cálculo de cifras certeras que den cuenta del número de personas que se dedican a esta actividad en el país; y, no registre en un catastro las concesiones mineras legales; así como las áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento que tienen presencia de minería ilegal en su interior; seguirá siendo el complaciente monigote de las bandas de narcotraficantes que perciben dinero originado del tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, esclavitud moderna o explotación sexual.
Definitivamente muchos o casi todos hablan y critican la minería ilegal, pero son tantos los comprometidos que sólo al estado o a un gobierno no comprometido le puede interesar un programas agresivo de legalización y control de esta minería , ya que los verdaderos mineros tendrían ingresos limpios, pagarían sus impuestos, podrían beneficiarse de de esa riqueza y no caer en las mafias de todo tipo en las que cada uno hace su negocio, incluido el sector público ,políticos y autoridades locales ya que por denuncia pública realizada por el Prefecto de Zamora, las autoridades llamadas a controlar estas operaciones son los principales vacunadores. Pero no pasó nada ni tuvo repercusiones, indagaciones o ajustes o cambios en las autoridades del sector.
Dra. Zoila E. Bustos Mesala