El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, planifica una reunión con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, para requerir un presupuesto estimado de $15 millones para gasto corriente.
La aplicación y puesta en marcha de la pregunta que se aprobó en la consulta popular del 21 de abril de 2024 para el funcionamiento de judicaturas especializadas en materia constitucional se proyecta para mediados de 2025.
En el Consejo de la Judicatura (CJ), brazo ejecutor de la iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa, todavía faltan certezas sobre la aplicabilidad inmediata y la disponibilidad de recursos para organizar la nueva justicia constitucional. También falta infraestructura para albergar a los 91 jueces que deberán elegirse.
Los actuales vocales de la Judicatura no alcanzarán a organizar el concurso para la designación de los jueces constitucionales que ocuparán las judicaturas especializadas.
La función de seis años para el que fueron electos los actuales vocales del CJ concluye en enero de 2025 y serían sus reemplazos -quienes serán designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)- los que nombrarán, por concurso, a los 91 nuevos jueces.
“Tendríamos que hacer la convocatoria a un nuevo concurso para jueces constitucionales, pero creo que para los jueces constitucionales, la Corte Constitucional debería asumir la competencia; pero veamos si en el diálogo llegamos a un acuerdo, caso contrario tendríamos que seguir como Consejo de la Judicatura enfrentando este nuevo reto”, señaló Álvaro Román, presidente de la Judicatura.
Solicitud de recursos al Ministerio de Finanzas
Este 9 de mayo de 2024, Román planifica reunirse con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, para requerir un presupuesto, estimado por la Dirección Nacional de Innovación del CJ, en $15 millones para gasto corriente.
Este rubro implica la instalación física de las judicaturas especializadas con mobiliario, equipos de computación, etc; y ubicar en los despachos a 230 nuevos funcionarios que deberán apoyar a los jueces constitucionales que sean designados.
Al problema presupuestario, se añade el de la infraestructura judicial. Álvaro Román admitió que en el Complejo Judicial Norte de Quito ya no hay espacio para ubicar a más jueces. “El edificio está lleno”, afirmó.
Tampoco existe infraestructura adecuada en las provincias de Azuay, Guayas, Manabí, Tungurahua y Pichincha para la ubicación de los nuevos jueces en unidades judiciales, como en cortes provinciales y salas de corte provincial.
Otra posibilidad es que se done, vía comodato, un edificio ubicado en el centro de Guayaquil y, aunque el inconveniente es que tiene fallas estructurales, la Judicatura podría generar una inversión económica para la recuperación de la infraestructura.
¿Cómo se estimó un presupuesto de $15 millones?
En su estudio, la Dirección de Innovación del CJ analizó la cantidad de causas que han ingresado. En 2024, por ejemplo, se calcula que existen 24.872 causas distribuidas en varias provincias. Esta cifra da una dimensión de 2 causas por día, 40 por mes, 480 al año. “Hay que ver si Finanzas aprueba la propuesta, porque también tendremos que esperar el cambio normativo en la Asamblea Nacional (en un plazo de 60 días)”, agregó el presidente del CJ.
La nueva justicia constitucional se organizará en las unidades judiciales, según el análisis de la carga procesal en los distritos Azuay (con 10 jueces), en Guayas (12), en Manabí (6), en Tungurahua (4) y Pichincha (11).
Mientras que los tribunales de salas de Corte Provincial estarán distribuidos así: En Azuay (12 jueces), Guayas (12), Manabí (6), Tungurahua (6) y Pichincha (12).
A esto debe sumarse el personal de apoyo indispensable para el funcionamiento de una judicatura como secretarios, ayudantes judiciales, y gestores de archivo.
“Teníamos que crear judicaturas en los distritos; no se podían crear en los 224 cantones con cada juez porque sería un desperdicio de recursos financieros para sueldos, porque habrá jueces que no tendrán mucha carga procesal”, aclaró Román. (SC)
La Judicatura calcula que habrá 43 jueces de unidad judicial y 48 jueces para tribunales de sala de corte provincial.