El organismo multilateral dará $4.500 millones adicionales a cambio de un mayor ajuste fiscal, pero no habrá aumento de impuestos como IVA y renta.
La renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sustenta en la premisa de que para la recuperación económica es menos perjudicial un mayor recorte del gasto público que un aumento de impuestos.
El ministro de Economía, Simón Cueva, aseguró que a mediano plazo, es decir hasta 2025, se espera conseguir un déficit cero, pero para lograrlo la fórmula es que el mayor esfuerzo se realice desde el Estado, y no se suban impuestos como el IVA u otros que afectan directamente al consumo de las familias.
Así, aunque Julien Reynaud, representante del FMI, recalcó que las condiciones y las metas del acuerdo se publicarán a finales de septiembre 2021, luego de que todo sea aprobado por el directorio del multilateral, se prevé que el ajuste en el sector público sea de $4.000 millones adicionales durante cuatro años. Como contrapartida se destraba el acceso a $4.500 millones de créditos no solo del FMI, sino de otros organismos.
El recorte lleva años
Durante los últimos tres años del Gobierno de Lenín Moreno, entre 2018 a 2020, ya se efectuó un recorte de más de $4.200 millones. El 79% se concentró en inversión y compras públicas, sobre todo como consecuencia del golpe de la pandemia de la Covid-19.
A pesar de ese esfuerzo, el déficit (más gastos que ingresos) ha crecido hasta casi los $6.000 millones. Cada mes, en promedio, faltan $400 millones para cubrir todos los compromisos.
Hasta finales de 2021, el actual Gobierno deberá concretar una disminución adicional de $430,85 millones en sueldos de burocracia; y $1.020 millones en inversión. En el caso de la adquisición de bienes y servicios se producirá un aumento de un poco más de $1.700 millones.
Así, este año cerrará en términos netos con $266,2 millones más de gasto; por lo que desde 2022 se tendrá que comenzar a cumplir con los compromisos revisados con el FMI.
El gasto administrativo es el mayor problema
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis semanal, dice que el recorte es inevitable porque es un Estado que creció demasiado durante la bonanza.
“El estado es un lastre para la economía porque consume el ahorro interno. El dinero que debería usarse para la inversión privada se va a cubrir el gasto público. Por ejemplo, los fondos de la seguridad social no se invirtieron en producción, sino en la ineficiencia estatal”, dijo
En este sentido, el desafío es corregir de manera decisiva la crisis fiscal, pero esta vez no recurrir a meterle otra vez la mano al bolsillo del ciudadano vía más impuestos. Esa fórmula la utilizó Correa que, durante su década en el poder, hizo un promedio de dos reformas tributarias al año.
De acuerdo con Acosta Burneo, el Gobierno no puede volver a caer en el error de ordenar una reducción general de todo el gasto, debido a que cada institución tiene realidades distintas.
“El punto de partida debe ser una auditoría internacional a los procesos del Estado para determinar qué agrega valor al ciudadano y qué no. No solamente se trata de que el bien público agregue valor, sino también que se produzca eficientemente”, añadió
La optimización debe comenzar en los sectores prioritarios de salud, educación y seguridad. “En el Ecuador se gasta mucho, pero se dan servicios de poca calidad” acotó.
Diego Olmedo, economista, puntualizó que el Presidente ya ha dado pista de cómo se desarrollará el recorte. “Lasso ha dicho que cuando llegó había más de 800 personas en la presidencia. Eso se va a bajar paulatinamente hasta llegar a 150. El mismo ejercicio se debe hacer en todas las dependencias del sector público”, agregó. (JS)
Recaudación tributaria se concentrará en los que más tienen
El Gobierno no buscará subir los impuestos de mayor recaudación como IVA y renta, pero sí reducir los que entorpecen la inversión y la producción, como el ISD y las herencias.
De acuerdo con el ministro de Economía, Simón Cueva, se apostará por crear una contribución especial, por una sola vez, para el 4% de la población que tiene mayores ingresos.
Esa contribución servirá para compensar los gastos adicionales que el Estado tuvo que hacer para afrontar la emergencia sanitaria. Así, esa contribución buscaría recaudar entre $500 millones y $900 millones.
Sin embargo, las autoridades no dan mayores detalles porque todos esos cambios se incluirán en la llamada Ley de Oportunidades, que en un inicio solo tendría temas laborales, pero que ahora se está pensando como una mega ley.
Esa mega ley, además de reformas de impuestos, abarcará cambios legales para fomentar la inversión.
Según Diego Olmedo, economista, el Gobierno se enfocará en conseguir más ingresos por la vía de mayor actividad económica, ampliación de la base de contribuyentes, formalización de más Pymes y reducir la evasión.
Cueva puntualizó que se está trabajando en reducir las exenciones y exoneraciones en el pago de impuestos, con el fin de que disminuir la pérdida de más de $5.000 millones al año que tiene el fisco.
