Casi 7 de cada 10 municipios en el país dependen 100% de las transferencias del Gobierno Central. Los gobiernos locales exigen cada vez más recursos en medio de la crisis fiscal.
A inicios de 2023, en medio de un ambiente optimista por un aumento en los precios del petróleo y las cifras positivas de recaudación de impuestos, el ministro de Economía, Pablo Arosemena, quien presentó su renuncia el 15 de noviembre de 2023 como parte del normal proceso de transición, ofreció el monto más alto de transferencias a los gobiernos locales en los últimos 12 años.
El monto ofrecido fue de $3.328 millones, el cual era incluso mayor a los $3.253 millones de 2014 (último año de la bonanza petrolera en el correísmo).
Sin embargo, la situación fiscal se ha deteriorado rápidamente en el transcurso de 2023, tanto los ingresos petroleros como tributarios han caído, y el mismo Ministerio de Economía ha tenido que salir a anunciar un ajuste a la baja de las transferencias anunciadas.
Eso ha desatado una ola de reclamos y medidas de hecho de municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
Se habla de millonarias deudas de años anteriores al actual Gobierno que no se terminan de pagar y atrasos en las asignaciones mensuales de 2023.
Pero, si se revisa el gasto real computado por el Observatorio de la Política Fiscal, entre enero y octubre de 2023, los gobiernos locales ya han recibido $2.640 millones, es decir, más del 79% de lo ofrecido desde el Ministerio de Economía.
“Esa enorme cantidad de dinero parece no alcanzarles y además exigen que, a pesar de la crisis fiscal, les transfieran todo lo presupuestado sin rendir cuentas de cómo lo gastan y por qué generan tan poco por sus propios medios. Incluso las grandes ciudades como
Quito y Guayaquil tienen deficiencias en la recaudación de sus propios recursos”, puntualizó Carlos Gutiérrez, economista e investigador en desarrollo local.
Asignaciones crecientes
En 2020, con la crisis generada por la pandemia, las transferencias a los gobiernos locales cayeron a $2.377 millones anuales.
Sin embargo, en 2021 y 2022, las asignaciones escalaron a $2.810 millones y $3.154 millones, respectivamente. Eso representó un aumento de 33% en dos años.
Con lo presupuestado para 2023, e incluso tomando en cuenta un ajuste a la baja del 5%, los gobiernos locales acaparan más del 15% del presupuesto estatal.
En otras palabras, reciben más del doble de lo que gasta el Gobierno Central en obra pública; pero la calidad de la infraestructura, incluso en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, tienen grandes deficiencias, de acuerdo con Gutiérrez.
En una reciente entrevista en Radio Centro de Guayaquil, el secretario de la administración pública, Sebastián Corral, rechazó que municipios como Manabí hayan hecho protestas callejeras bajo el argumento de que los atrasos en los pagos desde el Gobierno Central impiden pagar sueldos.
“Por ley, las transferencias desde el Estado deberían ir a inversión y no a gasto corriente”, dijo Corral.
El problema de fondo es que incluso los grandes municipios no generan suficientes recursos propios. Así, por ejemplo, Quito, Guayaquil y Cuenca se llevan más del 32% de todas las transferencias anuales desde el Estado.
A eso, se suma que el 69%, es decir 154 de 222 municipios, depende 100% de las asignaciones estatales.
Si no reciben dinero que sale de los impuestos generados por todo el país, la mayoría de los gobiernos locales no pueden hacer nada.
“Una mal entendida autonomía los ubica en un país irreal, que debe a cualquier costo entregarles con puntualidad los recursos asignados, mientras el Ecuador se ahoga en profundas carencias de todo género. Además, en alarde de irracionalidad, reclaman la no reducción de asignaciones, cuando por sentido común y obligación legal, éstas deben reducirse cuando los ingresos tributarios y petroleros disminuyen”, puntualizó Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal. (JS)
En 2022, según datos recabados por el Ministerio de Economía, los gobiernos locales utilizaron menos del 55% de sus presupuestos asignados a obra pública.
En 29 meses, el Gobierno de Lasso ha entregado a los gobiernos locales $7.688,1 millones por transferencias corrientes y $557,9 millones de deudas anteriores.
¿Es posible cambiar las reglas del juego?
En un reciente análisis, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, explicó que, según norma constitucional, los gastos permanentes en el Presupuesto General del Estado (PGE) deben cubrirse con ingresos permanentes.
En otras palabras, los gastos de siempre, como sueldos, intereses de deuda, asignaciones de gobiernos locales, deben cubrirse con ingresos de siempre como impuestos.
Eso lamentablemente no ocurre en Ecuador y se genera un gran hueco en las finanzas públicas.
Para encaminar una solución, Ortiz apunta a dos medidas impopulares. En primer lugar, que la Asamblea, con el aval del nuevo Gobierno, no ratifique la reforma tributaria emitida por Guillermo Lasso como decreto ley después de la muerte cruzada.
En segundo lugar, cambiar por ley la asignación a los gobiernos locales, del 21% al 15% de los ingresos permanentes (impuestos). Ese cambio sería de forma gradual, es decir, reduciendo 2 puntos porcentuales cada año. A la par, se debe exigir que, por ejemplo, los municipios mejoren sustancialmente la calidad del gasto y la recaudación por prediales.
Actualmente, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobado en pleno boom petrolero correísta a finales de 2010. Los gobiernos locales deben recibir el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes (petróleo).
El 67% de las asignaciones estatales deben ir a los municipios; el 27% a los consejos provinciales; y el 6% a las juntas parroquiales rurales.