En medio de las recientes denuncias de municipios y prefecturas sobre atrasos y deudas pendientes, el ministerio recalca que ha pagado de acuerdo con la disponibilidad de recursos en la caja fiscal. Si bajan los ingresos petroleros y tributarios, automáticamente se deben reajustar las transferencias.
En días pasados, desde las prefecturas se han denunciado que el Gobierno Central les adeuda $573 millones por deudas pendientes de temas como riego y asignaciones mensuales a atrasadas.
La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, aseguró que las transferencias por el llamado Modelo de Equidad Territorial están atrasadas dos meses y además exigió un mayor cupo de combustible subsidiado para los Gobiernos locales.
Asimismo, desde los municipios, se rechaza una reducción presupuestaria de $147,7 millones correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023. También aseguran que se les adeuda $511 millones por asignaciones pendientes de la Ley 047, Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico, Devolución del IVA, entre otros.
Ante este panorama de demandas de más dinero desde todos los frentes, el ministerio de Economía, a través de un comunicado hizo tres aclaraciones:
1.- El total de transferencias realizadas desde mayo 2021 a la fecha, asciende a $8.246 millones, superando las transferencias realizadas por otros gobiernos en periodos similares, conforme al siguiente detalle:
– Modelo de Equidad Territorial: $7.067,5 millones
– Devolución IVA (deudas pendientes desde 2015): $348,3 millones
– Riego y Drenaje (deudas pendientes desde 2020): $87,6 millones
– Patrimonio (deudas pendientes desde 2019): $32,5 millones
– Convenios FINGAD (deudas pendientes desde 2017): $89,5 millones
– Competencia de Tránsito: $283,2 millones
– Otras competencias: $337,4 millones
Esto representa más de $284 millones mensuales transferidos a Gobiernos locales en los últimos 29 meses.
2.- De los $8.246 millones pagados a los municipios y prefecturas durante el actual Gobierno, $690 millones corresponden a deudas históricas de gobiernos anteriores, que estaban pendientes desde el año 2015 en adelante, es decir, que correspondían al 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
3.- Con respecto al cálculo de asignaciones del Modelo de Equidad Territorial, el ministerio explicó que la distribución se realiza automáticamente conforme lo determina la ley en su artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
Ese artículo establece que los gobiernos locales participarán del 21% de los ingresos permanentes (impuestos) y del 10% de los ingresos no permanente (petróleo), los que se distribuirán de la siguiente manera: 27% para los prefecturas, 67% para los municipios, y 6% para las juntas parroquiales rurales.
Adicionalmente, el art. 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) establece el ajuste cada cuatro meses, en función de la variación de ingresos permanentes y no permanentes.
«No es discrecional, y no depende de las autoridades de turno. Si hay más petróleo se distribuye más, si hay menos petróleo, se distribuye menos. Como es de conocimiento público, el país ha enfrentado shocks externos, como la disminución de ingresos petroleros: 30% menos respecto al presupuesto inicial del 2023″, asegura el ministerio de Economía.
LA HORA hizo un análisis de la realidad fiscal actual y la que heredará el presidente electo Daniel Noboa en diciembre próximo. El déficit está al alcanza y los ingresos se contraen; además se incluyen gastos no previstos como los de la emergencia eléctrica.
El ministerio de Economía reconoce el recorte, pero afirma que está haciendo todo lo posible para que tenga el menor impacto, a pesar de la evidente crisis fiscal. (JS)