La ineficiencia legal por los procesos legales instaurados en el exterior le cuesta millones a Ecuador

EXPLORACIÓN. Los cambios obligados que se hicieron a los contratos petroleros durante el correísmo resultaron caros para el país. (imagen referencial-foto cortesía)

En la sentencia del caso se ordenó una indemnización al Estado de $14’745.297,16.  Cada procesado  debe $778.000 como reparación integral.

¿Cuál es el monto del perjuicio económico al Estado por los procesos legales instaurados en el exterior en contra del Ecuador? La cifra no se puede cuantificar, pero algunos montos están reflejados en una historia plagada de pérdidas de recursos públicos.   En la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), opinan que esto se ha producido por la ineficiencia estatal, que ha afectado al erario nacional.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la CNA, dijo que el Estado debería tomar precauciones para defender los intereses del país y no ser forzado por acciones que provienen de personas que han estado involucradas con hechos que han afectado a la economía desde hace varios años y que, además, han sido procesados.

Rodas señaló que “normalmente” el Ecuador ha sido víctima de procedimientos tardíos, inadecuados, inoportunos y carentes de acciones jurídicas pertinentes para la defensa de los intereses del país.

Arbitraje de Perenco

La CNA detalló los casos en los que el estado ha sufrido pérdidas económicas. Mencionó el arbitraje internacional planteado en 2008 por la petrolera Perenco contra Ecuador. Ahí se determinó que el Estado deberá pagar a la compañía $374’373.154 por haber violado el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Francia.

Sobre ese caso, el procurador general Íñigo Salvador, dijo que el tema está en manos del Ministerio  de Finanzas, para efecto del pago del monto ordenado en el laudo arbitral.

“Durante unos meses hubo discrepancias sobre conceptos y montos con los señores de Perenco, pero estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con un calendario de pagos que involucra un cruce de cuentas”.  Sin entrar en detalles, el Procurador, afirmó que esto permitirá que el monto a pagar será “algo menor” que lo que se dictó en el laudo.

La demanda de Perenco se dio tras una medida implementada por el expresidente, Rafael Correa, en un momento de alza de los precios del crudo. Un decreto firmado en 2007 aumentó hasta el 99% la participación del Estado en los excedentes petroleros.

En una declaración pública en el año 2021, el presidente, Guillermo Lasso, dijo que el Estado honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso.

Caso emblemático

Para Germán Rodas, otro caso emblemático de pérdida de recursos para el país, tiene relación con el ocurrido en septiembre de 2018 cuando el Tribunal Arbitral de La Haya emitió un fallo a favor de la petrolera Chevron-Texaco, que había sido condenada por la Justicia ecuatoriana a pagar $9.500 millones por daños ambientales en Lago Agrio. La confirmación del arbitraje echó abajo la sentencia de un tribunal de Ecuador.

Odebrecht

Luego de dos años de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la confesión de la constructora brasileña Odebrecht, de que había pagado $33,5 millones en sobornos para obtener contratos en Ecuador, en el país no se han establecido el monto ni la estrategia que garanticen una reparación o indemnización económica al Ecuador.

Rodas mencionó que ahora “nadie se acuerda” de esta trama de corrupción.  La obra pública, según el analista, ha sido un mecanismo “perverso” para lograr sobreprecios y ventajas para las empresas constructoras y para aquellos que, en actos colusorios, han favorecido a firmas extranjeras.

Sentencia “Sobornos”

 La vía de los sobornos también ha coadyuvado en la pérdida de recursos públicos.  En la sentencia de septiembre de 2020 del caso ‘Sobornos 2012-2016’ se dijo que se provocó un perjuicio al Estado por $7.372.648,58 y se dispuso una indemnización de $14.745.297,16.

Cada uno de los 18 procesados en esta trama de corrupción debían cancelar $778.000 como reparación integral, entre otros Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera y Vinicio Alvarado

El procurador Iñigo Salvador, al ser consultado sobre ¿cuánto dinero han cancelado hasta el momento, por ejemplo, Jorge Glas o Alexis Mera? comentó que “ninguno de ellos ha pagado”, pero aclaró  “estamos detrás de algunos bienes (de los procesados)”.

10 millones de dólares

 Otro caso de menoscabo a los recursos estatales se registró entre 2010 y 2016, cuando Carlos Pólit, excontralor general del Estado,  se habría beneficiado de más de USD 10 millones en sobornos de la constructora Odebrecht, para favorecer los negocios de la empresa en el país.  Actualmente, el exfuncionario está procesado en Estados Unidos por el presunto delito de lavado de activos. (SC)

Piden al Estado indemnización de $2 mil millones

Hace dos meses, la defensa de los hermanos Roberto y William Isaías Dasum, expropietarios del desaparecido Filanbanco, plantaron una demanda al Estado para que se les cancele una indemnización por $2 mil millones por daños y perjuicios cuando en 2009 se les confiscó bienes de la entidad bancaria.

Pedidos en extradición por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), tras ser condenados a ocho años de prisión, los hermanos Isaías están acusados en Ecuador de presuntos delitos financieros y de haber profundizado la crisis financiera de 1998.

El Banco Central,  la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y la Superintendencia de Bancos, apelaron, el 11 de mayo de 2022, el fallo emitido por un juez de Guayaquil, con el que se aceptó una acción de protección favorable a los intereses de los Isaías.

Con esta resolución se declaró la nulidad del proceso que determinó obligaciones económicas sobre los Isaías, y se dispuso la devolución de sus inmuebles y bienes incautados que no hayan sido vendidos, donados o cedidos. Desde el año 2.000, los hermanos residen en Estados Unidos.

Uno de los rubros más altos de perjuicio económico al Estado está cifrado en más de $374 millones.
73 casos de investigación de presuntos actos de corrupción presentados por la Comisión Nacional Anticorrupción están abiertos en la Fiscalía.
En 2021, el presidente, Guillermo Lasso, dijo que el Estado honrará sus compromisos internacionales a pesar de cualquier discrepancia jurídica.

Cuatro meses de 2022 acumulan casi el 50% de homicidios ocurridos el año pasado

El narcotráfico se considera como el delito de mayor riesgo para la seguridad pública.

El aumento de violencia en zonas de Guayas, Esmeraldas y Manabí en el año 2022, en comparación con 2021, es significativo; esto tomando en cuenta que 2022 apenas inició su quinto mes.

Del 1 de enero al 25 de abril de 2022 se han registrado 1.241 homicidios intencionales en el país, lo que equivale al 90% de la cifra total del año 2020 y el 49% de todo el año 2021.  La mayor incidencia en el aumento de este delito se ha registrado en  el Distrito Metropolitano de Guayaquil,  Manabí, Esmeraldas y el resto de la provincia del Guayas que en conjunto agrupan más del 60% de estas muertes.

Estas son las cifras oficiales del gobierno y sobre la cual, el presidente Guillermo Lasso sustentó su decisión de declarar el 29 de abril pasado el estado de excepción por 60 días en Guayas, Manabí y Esmeraldas con el objetivo de contrarrestar los índices  delincuenciales.

Solo en la parroquia Esmeradas, de la ciudad del mismo nombre, los niveles de violencia subieron en un 500%. En 2021 se contabilizaron 15 casos, pero hasta el 25 de abril de 2022, la cifra llegó a los 90.

En ese mismo periodo, en la parroquia Eloy Alfaro (Durán) el porcentaje de violencia se elevó en el 220%, y en Pedernales (Manabí) el porcentaje, según cifras oficiales,  es de 200% de aumento de niveles de delincuencia.

Hasta el 25 de abril de 2022, en el Distrito Guayaquil se registraron 433 homicidios intencionales;  en Esmeraldas, 142; en Guayas, 128; en Manabí, 115;   en Los Ríos,  95;   en El Oro,  77;  y en Quito,  43 casos.

Transición de delincuencia común hacia delincuencia organizada

El régimen considera que el aumento de la violencia se debe a una reconfiguración de los grupos delictivos que operan en el país, y que en los últimos años se encuentran en transición de delincuencia común hacia delincuencia organizada en esquemas empresariales que participan en los mercados internacionales de bienes y servicios ilícitos.

De estas actividades, el tráfico ilícito de drogas se considera como aquel que más riesgo presenta a la seguridad pública pues sustenta significativamente la economía criminal de las organizaciones delictivas, sin que se descarte la gravedad de la trata de personas, la ciberdelincuencia y otros delitos.

La reconfiguración de los grupos delictivos obedece también a factores externos, teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe son las regiones con más homicidios en el mundo, pues si bien tiene a solo el 8% de la población global representa el 33% de todos los homicidios del mundo, y que 17 de los 20 países con tasas de homicidio más altas están en esta región.  (SC)

Director del SNAI verifica estado de cárcel en Esmeraldas

En el recorrido por los pabellones del centro penitenciario de varones del cantón Esmeraldas, el SNAI retiró municiones, armas blancas y de fuego 
Como parte de una visita rutinaria a las cárceles del país, el director del Servicio Nacional de Atención Integral, la tarde del miércoles acudió al cantón para verificar los ejes de tratamiento, pabellones, alimentación y condiciones que reciben los PPL y que vayan acorde a la planificación que mantienen. Este jueves el funcionario acudirá a la provincia de Santo Domingo para ejecutar la misma actividad.

Armas entregadas

Mientras el SNAI ejecutaba la verificación de pabellones en la cárcel de Esmeraldas según Pablo Ramírez, director del SNAI, los PPL entregaron de manera voluntaria 19 armas blancas, 19 machetes, 1 arma de fuego tipo revólver de fabricación nacional y 12 municiones, indicios que fueron levantados por el grupo del departamento de criminalística de la policía nacional. “Se abrirá una investigación previa para verificar el modus operandi de los objetos”, expresó el representante del SNAI.
Además señala que se desarrolla un protocolo en colaboración con agentes penitenciarios, fuerzas armadas, policía nacional a fin de evitar el ingreso de más armamento a las cárceles.

Estrategias

El SNAI ha mantenido reuniones con el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia con el objetivo de resolver trámites para cambiar el régimen cerrado de algunos PPL a un régimen semiabierto, una vez que hayan cumplido 50% de la pena privativa de libertad.

Hacinamiento

Actualmente el régimen carcelario está con una reducción de población penitenciaria basándose en los indultos presidenciales, con el primer indulto 355 emitido, 515 personas a nivel nacional se beneficiaron de un total de 1800. Otra de las estrategias próximas a generar es el proyecto “Renacer” donde se prevé liberar de los centros a 5000 mil personas.

Recursos

En este año 2022 la autoridad reafirmó la inversión de 30 millones de dólares al reforzamiento de la parte tecnológica y equipamiento para impedir el ingreso de objetos prohibidos a los centros de rehabilitación a nivel nacional, entre esos centros la cárcel de Esmeraldas consta como una de las prioridades. La autoridad del SNAI acota que son lugares antiguos que no prestan las condiciones necesarias para el equipamiento tecnológico, sin embargo ya se han ejecutado planes a manera de fases para ejecutarse en cada centro penitenciario.

Recuadro
Armas entregadas

-30 armas blancas (machetes y cuchillos)
-12 municiones
-1 arma de fuego

EL DATO
1300 personas están en la cárcel de varones del cantón Esmeraldas
PARA SABER
30 millones son invertidos para el equipamiento tecnológico de cárceles a nivel del Ecuador

Seis entidades públicas atienden en el Centro Comercial Caracol

Aporte. La ciudadanía puede realizar los trámites de diferentes instituciones en este sitio.

Luego de alrededor de cinco años de que se ofreció la consolidación de una plataforma de atención ciudadana en Ambato, que albergue varias instituciones públicas en un solo lugar, esta se cristalizó al fin.

Así, seis entidades gubernamentales se encuentran ya brindando atención en el Centro Comercial Caracol, ubicado en Ficoa.

Estas son la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Agencia de Regulación de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

 

Antecedentes

En 2017 Juan Sebastián DeHowitt, el entonces gobernador de Tungurahua, anunció la reubicación de varias entidades públicas que arrendaban infraestructura para su funcionamiento, pues se identificó que estas instituciones generaban un gasto superior a los 19 mil dólares mensuales por concepto de arriendos.

Las autoridades aseguraron que hasta diciembre de 2018 se finiquitarían los comodatos que mantienen las entidades públicas a trasladarse y que a inicios de 2019 se empezaría con la atención a la ciudadanía en el centro comercial, lo cual no pasó.

En 2019 la Gobernación de Tungurahua, a cargo de José Antonio Romero, informó que durante 2018 se pagaron 373 mil 767 dólares por el arriendo de edificaciones donde funcionaban ocho instituciones públicas.

 

Tome nota
Aún quedan algunas oficinas vacías en este centro comercial.

 

En 2020 Gabriela Rodríguez, entonces Gobernadora, indicó que los trámites se estancaron debido a la pandemia.

Finalmente, para este año 2022 la plataforma gubernamental está operando en el Centro Comercial Caracol generando un ahorro al Estado de 14 mil 239 dólares cada mes, es decir 170 mil 870 dólares anuales.

Fernando Gavilanes, actual gobernador de Tungurahua, explicó que el edificio del Centro Comercial Caracol le corresponde el 60% al Estado desde hace más de 27 años y lamentablemente estaba subutilizado.

Por ello ahora se ha trasladado a las instituciones públicas a este sitio para que se optimicen los recursos.

“Estos gastos de arriendo eran altos, ahora este recurso no va a los arriendos y serán utilizados en otros beneficios para la ciudadanía”, dijo.

Cifra: 170.870 DÓLARES Al año será el ahorro para el estado.

 

Opiniones

Tanto los propietarios de locales comerciales, como los moradores y clientes del Centro Comercial Caracol aseguran que esta nueva oferta de servicios dinamizará el sector, dará vida a este espacio y sobre todo ven como un acierto el que se genere ahorro al Estado.

Mauricio Sánchez, habitante del sector, aseguró que ya se evidencia mayor movimiento con la reubicación de las instituciones, espera esto ayude a la tan anhelada reactivación económica.

Un criterio similar es el de Sebastián Galarza quien tenía que hacer un trámite en el MIES y le resulta mucho más cómodo llegar a Ficoa que a Huachi.

“En Ambato las cosas siempre han estado concentradas en el centro y el que seis instituciones estén tan cerca ayuda mucho», puntualizó.

Sin embargo y a pesar de ver con buenos ojos el funcionamiento de esta plataforma gubernamental, piden que haya mayor control vehicular, así como de seguridad para evitar complicaciones en la zona. (FCT)

Loja en emergencia y sin recursos económicos

INVIERNO. Las lluvias en Loja ocasionan que sea declarada en estado de emergencia.

La Alcaldesa declaró en emergencia al cantón por recomendación del COE. Ahora se buscan recursos.

No se tiene aún un monto exacto de cuántos recursos económicos necesita el cantón Loja para enfrentar los estragos de las actuales lluvias caídas en la ciudad en las últimas semanas. Por ahora, personal de la dirección de Riesgos está levantando información para cuantificar y definir necesidades en la ciudad y sus 13 parroquias. Los trabajos emergentes se hacen por administración directa con recursos ya existentes.

Daños en Loja

La declaratoria de estado de emergencia se dio por parte de la primera autoridad del cantón a finales del mes anterior, debido a problemas constantes en el sistema de agua potable, alcantarillado y vialidad en la ciudad y sus parroquias. Con esta declaratoria, la institución atenderá las emergencias de acuerdo a los recursos con los que se dispone y en función de las demandas ciudadanas elaborarán un cronograma de intervención en los distintos puntos del cantón.

Rómulo Chávez, coordinador General del Municipio de Loja, manifestó que las lluvias este año han dejado una serie de consecuencias que son cuantiosas. Hay destrozo por todo lado, “esta declaración de emergencia permitirá a la autoridad movilizar equipos como: maquinaria, materiales de construcción y otros recursos humanos que demandan la emergencia en los diferentes sectores. Por ahora estamos dando atención con los recursos internos de manera directa a los socavones, roturas de tuberías, deslaves, caída de puentes, hundimientos, crecidas de quebradas y más”, dijo.

Recursos

A la par, también están trabajando en una evaluación de los costos de este tipo de actividades a emprender. “No hay un monto real de cuánto se necesita de dinero, ya que, por ejemplo, en los deslaves, socavones y otras acciones no se necesita dinero, sino que se está trabajando mediante un trabajo técnico con los medios y personal existente. Lo que necesitamos es solo el material en ocasiones, porque el personal y maquinaria ya existe”, recalcó. Lo que harán cuenta es el costo de la remediación, como edificación de muros y otras obras que sí demandan altas cifras de dinero.

Estado

Para la autoridad, el aporte del Gobierno será fundamental, por lo que han hecho algunas coordinaciones con la Secretaría del Servicio de Gestión de Riesgos, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para las ayudas pertinentes. Como Municipio habilitaron un albergue en el sector de Nueva Granada para las personas damnificadas que perdieron sus viviendas y no tienen donde pernoctar.

Juan Andrés Santín, conductor de taxi, manifestó que las vías han sido las más afectadas a sectores como: Jipiro Alto, El Capulí, Sauces Norte, vía antigua a Cuenca, Motupe, Zalapa, Paso Lateral de Loja, entre otros. “El Municipio debe destinar recursos para solucionar el problema de la vialidad que es intransitable en los barrios. No sé cuánto se requiera, pero se debe realizar la limpieza de deslaves, bacheo y colocar el asfaltado”, agregó.

 

EL DATO

Loja en emergencia, espera recursos del Gobierno para intervenir de inmediato.

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Cómo saber el estado de las vías en tiempo real

La temporada invernal ha causado estragos en el sistema vial del país. Es buena idea estar atentos.

El ECU 911 emitió una guía para viajeros que transiten por carreteras en el feriado de Carnaval y conozcan las vías que están habilitadas.

¿Todo listo para el feriado? Pues, no. No es así si no sabes el estado de las vías del país.

Para eso, el sistema integrado de emergencias ECU 911 tiene un enlace donde se puede se puede conocer si hay cierres viales completos o parciales, deslaves u otros eventos; la información se entrega en tiempo real. Así puedes tomar vías alternas y no pasar horas de tu feriado en embotellamientos.

En https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/ se actualiza a lo largo del día cómo se encuentran las carreteras.

Además, el ECU 911 ha emitido una serie de consejos para quienes viajan este feriado.

Consejos para viajar en carretera

• Si es posible viaja durante el día; las condiciones climáticas y la oscuridad pueden complicar tu traslado.
• Evita conducir cuando haya fuertes lluvias; en caso de que en la vía existan deslizamientos u obstáculos detente y busca rutas alternas.
• En situaciones de emergencia, reporta inmediatamente la novedad a la línea 911.
• El país se reactiva con orden y responsabilidad. Recuerda utilizar correctamente la mascarilla en todo momento y lugar. Cumple las medidas de bioseguridad. (AVV)

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Correísmo bloquea norma para que funcionarios respondan por perjuicios al Estado

El proyecto de ley solo obtuvo 4 votos en la Comisión de Justicia.

El bloque de Unes no dio sus votos para aprobar el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Repetición, propuesto por la Procuraduría.

Este 17 de febrero de 2022, la Comisión de Justicia negó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que tiene como objetivo que los servidores públicos paguen con sus patrimonios personales los daños causados por acción u omisión en el ejercicio de sus cargos y, cuyas consecuencias, obliguen reparación material por parte del Estado.

Se aplica para funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles involucrados en actos o delitos que causen perjuicios económicos.

Con 5 votos en contra por parte de la bancada correísta (Unes), la abstención del asambleísta Ricardo Vanegas (PK) y 4 fotos a favor de la Izquierda Democrática, se negó la propuesta, que debía ir al Pleno de la Asamblea.

Para la asambleísta Johanna Moreira (ID) fue inconsecuente que la Comisión de Justicia no dé paso a debatir este proyecto presentado por la Procuraduría. Para José Chimbo (PK) esta era una oportunidad de trabajar una ley que “transparente los actos de corrupción y (permita) recuperar los recursos públicos”.

Por otro lado, Fausto Jarrín del movimiento Unión por la Esperanza (Unes) defendió su voto en contra acusando de inconstitucional al proyecto de ley. Idea que fue secundada por Vanegas (PK). (GVL)

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En Loja se desconoce del nuevo modelo de despacho de medicamentos

MEDICINA. Farmacias de la ciudad no han sido notificadas del nuevo sistema de medicinas.

Los propietarios y representantes de las farmacias en Loja aún no tienen directrices desde Ministerio de Salud Pública sobre el nuevo sistema de salud que permitirá a los pacientes retirar sus medicamentos en cualquier farmacia de su elección. Hasta ahora se conoce extraoficialmente que esta fase arrancaría el próximo mes, es decir, en marzo de 2022.

Funcionamiento

La externalización de las farmacias de consulta externa es un tema nuevo en Loja, se conoce que iniciaría el próximo mes, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud en la provincia evitaron hablar del tema. El retiro de medicamentos consistiría únicamente para las personas que reciban atención y diagnóstico médico; la receta será electrónica; el paciente deberá elegir en que farmacia retirar la medicina y el pago lo cubriría el Estado. Las farmacias en los hospitales públicos seguirán existiendo, no obstante, la distribución de la medicina será por medio de un sistema electrónico de seguimiento que vigilará quién recibe, cuánto recibe y cuánto debe cancelar el Estado.

Farmacias en Loja

En la provincia de Loja existen 384 farmacias según registros de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) de las cuales 208 están dentro del cantón Loja. Por ahora, se desconoce si todos estos establecimientos pasen a formar parte del nuevo sistema de salud que podría empezar a operar desde marzo próximo.

En contra

Para Amelia Torres, despachadora de farmacia en Loja, manifestó que el año anterior escuchó por los medios de comunicación de este proceso, pero a nivel local no han sido notificados ni tampoco comunicados de ninguna decisión del Ministerio de Salud. “En caso de darse el próximo mes y si rige para todos los establecimientos, ya nos comunicarán en los siguientes días cómo será el proceso, principalmente la compensación del Estado”, dijo.

En su caso, cuestionó la medida, porque trabajar con procesos con el Estado es engorroso y demorado, tal como ocurre con Solca y otros hospitales privados (clínicas), que llevan meses sin cobrar las compensaciones estatales. “Tocará enviarles el informe del número de medicamentos entregados y los valores, para luego esperar los desembolsos que sí será dilatado”, reveló.

 

EL DATO

Farmacias en Loja desconocen el nuevo sistema a implementarse para la entrega de medicina.

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Ricardo Rivera tenía pendiente compensar al Estado

Ricardo Rivera y Jorge Glas debían pagar $14 millones como reparación al Estado. API

Junto con su sobrino Jorge Glas debía cancelar $14,1 millones de indemnización al Estado tras ser declarados culpables en el caso Odebrecht.

Ricardo Rivera, fallecido este sábado 15 de enero de 2022, había sido detenido el 2 de junio de 2017 en Guayaquil. Los agentes que lo capturaron lo habían seguido por 14 días. El 13 de diciembre de ese mismo año, fue sentenciado en primera instancia por el caso de corrupción de Odebrecht. La justicia le impuso seis años de prisión. Pero ¿qué otras medidas debía cumplir Rivera? ¿Y qué pasará con las sanciones económicas?

1.- En 2017 se ordenó que Rivera, junto con su sobrino Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, y seis personas más paguen $ 33,4 millones al Estado como reparación del delito de asociación ilícita en el entramado de corrupción de Odebrecht. 

2.- Específicamente a Rivera y a Glas se les condenó a pagar $14,1 millones (7 millones cada uno). El 7 de enero pasado, los jueces Byron Guillén, Felipe Córdova y Javier de la Cadena, quienes conforman el tribunal de ejecución de la sentencia, emitieron un mandato para que la Procuraduría determine los activos y bienes que tenía cada uno. Este paso es necesario para una posterior incautación y venta de los objetos que permitan solventar la deuda.

3.- Rivera habría cumplido su condena de 2.160 días de cárcel el 2 de mayo de 2023. Estaba libre desde el 9 de diciembre de 2021 tras recibir el beneficio penitenciario de cambio de régimen a semiabierto (le permite dejar la cárcel). Preveía cumplir los 508 días que le faltaban lejos de la prisión.

4.- Debía usar un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) que lo monitoreaba las 24 horas. El servicio nacional de atención a privados de la libertad (Snai) confirmó tras la muerte que el grillete será retirado de su tobillo.

5.- El juez Luis Jiménez, quien le otorgó el cambio de régimen, también limitó su movilidad. Al inicio señaló que Rivera podía transitar únicamente en Guayas. Luego amplió ese espacio e incluyó a Quito ya que Rivera debía desplazarse a la capital para cumplir las diligencias como parte de una investigación por posible lavado de activos.

6.- El juez además impuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica, cada mes, ante la oficina Fiscalía más cercana a su domicilio.

El abogado penalista Paúl Ocaña Merino indicó que con la muerte de Ricardo Rivera, todos los procesos legales en su contra se extinguen. En el caso de la sanción económica por Odebrecht, indicó que la sentencia se vuelve un “título ejecutivo” que el Estado puede cobrar.

“Si yo tengo una deuda, tengo que cubrir con bienes”, señaló. Es la Procuraduría la que debe señalar el número y valor de todo lo que pertenecía a Rivera.

Tras el fallecimiento, todos los bienes irían a sus herederos. El Código Civil prevé que si un heredero observa que las deudas son mayores a los beneficios, puede repudiar la herencia y no aceptarla. (DPV)

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