El documento con la solicitud de interpelación que permanece en el despacho del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle tiene 100 páginas. En los próximos días podría pasar a conocimiento del CAL.
Al menos 12 causales por presunto incumplimiento de funciones plantea la asambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), Gisella Garzón, en su solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, con el respaldo de 51 firmas.
El pedido de interpelación que permanece en el despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, desde el 27 de noviembre de 2023, tiene 100 páginas, y en los próximos días podría pasar a conocimiento del Consejo de Administración de Legislatura (CAL), para el procedimiento de calificación previo a ser remitida a la Comisión de Fiscalización.
En el listado de presuntos incumplimientos que plantea el correísmo se estaría intentando configurar la estrategia de ‘lawfare’, una teoría común entre sus simpatizantes
1 ‘León de Troya’ encabeza la lista de causales para la interpelación. Se señala, por ejemplo, que habría una omisión en investigar a los miembros de la Policía Nacional, involucrados en el archivo de este caso dejando en impunidad a malos elementos de la institución; además de obviar una investigación, donde presumiblemente, los actos de corrupción fueron encaminados a “proteger” al expresidente Guillermo Lasso y a su círculo cercano, dice el correísmo.
2 En la indagación previa por el ‘Caso Encuentro’, donde uno de los principales sospechosos es Hernán Luque (exgerente de EMCO), la Fiscalía no solicitó al juzgador medidas que aseguren su comparecencia a la investigación, se omitió establecer prohibición de salida del país, utilización del grillete electrónico, presentación periódica, señala el escrito.
3 En el caso Inna Papers o Sinohydro, según los acusadores, la Fiscalía incumplió el artículo 442 del Código Penal que exige su intervención hasta la finalización del proceso; y no intervino por más de dos años tres meses de haberse presentado la denuncia.
4 En el documento también se menciona el caso “de lesa humanidad» (de las protestas) de octubre de 2019. Los interpelantes señalan que hubo omisión al haber permitido la impunidad, y supuestamente impidiendo el derecho de las víctimas a la reparación.
5 Se incluye el caso Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo. “La omisión de la Fiscal ha permitido el forjamiento de un caso, la privación de libertad de un inocente que a la actualidad no tiene sentencia ejecutoriada y está en prisión preventiva luego de haber rebasado los límites constitucionales”, se dice en el documento.
6 La investigación del presunto tráfico de influencias en vacunas vip (COVID-19) en que estuvo involucrado el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Según dice, se ha permitido la impunidad y el retardo injustificado en la administración de justicia, y se ha violado los derechos de las víctimas impidiendo su derecho a la verdad.
7 En el caso del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre el cual Santiago Guarderas interpuso una demanda contra Jorge Yunda, la Fiscalía no ha formulado cargos, no ha impulsado y sustentado la acusación penal ante los jueces.
8 También consta el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito en contra de Mauro Falconí, exministro de Salud, en cuyo domicilio, según denuncias de medios de comunicación, se encontraron $47 mil injustificados, dice el documento. El correísmo cuestiona que se haya omitido la práctica de diligencias investigativas pese a tener la competencia de dirigir las etapas preprocesal y procesal penal.
9 El correísmo también incorpora como causal del presunto incumplimiento de funciones el que denomina caso “consulta popular”. “Fue de conocimiento público en medios tradicionales y digitales, la utilización del presupuesto de las empresas públicas estatales para el financiamiento de la campaña por el SÍ en la consulta popular del año 2018, se agrega en el documento.
10 Se menciona el caso Petroecuador (Danubio). Entre el 28 de julio de 2022 hasta el 26 de noviembre de 2023 han transcurrido 1 año 3 meses y 26 días sin que se haya investigado el presunto delito de tráfico de influencias en la institución.
11 El correísmo cree que en el caso Sobornos, se “evidencia incumplimiento de funciones establecidas en el Código de la Función Judicial, en el artículo 282 numerales 1 y 3, más cuando existen claras evidencias de haberse fraguado un resultado para interferir en la democracia y las elecciones del año 2021”.
12 En el caso ‘Narcogenerales’ la Fiscal -dice el documento- incumplió su obligación de investigar y no ha abierto una investigación previa lo que la hace responsable políticamente. (SC)
Anuncio de prueba, testigos, y versiones
En el documento, la Revolución Ciudadana incluye en casi nueve páginas el anuncio de prueba, y en cada uno de los casos incorpora (de concretarse el juicio político) la solicitud de informes, comparecencias y testimonios.
Por ejemplo, para sustentar su argumentación en el caso ‘Sobornos’, se solicitará la comparecencia de Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Pamela Martínez, quien fue cooperadora eficaz de la Fiscalía General del Estado de Rafael Correa, expresidente de la República.
En el caso de las ‘Vacunas VIP’ se solicitará el testimonio de Juan Carlos Zevallos, Mauro Falconí, Freddy Carrión, Alejandra Muñoz, exvicepresidenta de la República.