“Este nuevo ataque a la máxima autoridad se da luego de que en varias ocasiones han intentado posicionar discursos emitidos por sentenciados, sus familiares o partidarios”, señaló la Fiscalía General del Estado.
Por un supuesto “extenso y amplio incumplimiento de funciones”, Gisella Garzón, asambleísta de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC), presentó este 27 de noviembre de 2023 una solicitud a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, para que se inicie el trámite de enjuiciamiento político en contra de Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Garzón inició la gestión con el respaldo de 51 de las 37 firmas que se requieren, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La legisladora, como proponente de la solicitud de juicio, mencionó la inseguridad que se vive en el país como una de las causales para la interpelación, y el “abandono” a los fiscales para que puedan ejercer su cargo.
“Todos los funcionarios debemos estar acorde a lo que se requiere y la Fiscalía no solo que es la gran ausente, sino que además no solo que no ha precautelado la seguridad de sus propios funcionarios, sino que en casos en los que ha tenido que ver el narcotráfico no ha tomado decisiones, ni correctivos”, señaló Garzón deRC.
A su criterio, el “escandaloso” caso de presunta corrupción conocido como ‘León de Troya’, así como los casos ‘Danubio’, ‘Inna Papers’, y una serie de investigaciones adicionales no tuvieron en la Fiscalía el seguimiento que correspondía
Garzón descartó que la decisión de interpelar a la fiscal tenga que ver con una “cacería de brujas”.
Ningún funcionario que está sujeto al control político puede sentir que está bajo la perspectiva de persecución, por ello, aseguró que Salazar debe estar segura que se respetará el debido proceso.
El siguiente paso que contempla la bancada correísta es iniciar los pedidos de información. En ese sentido, Garzón subrayó que también se debe tomar en cuenta que se han planteado otros juicios políticos a los exministros de Guillermo Lasso; Juan Zapata (del Interior), y Fernando Santos (Energía).
‘Se busca impunidad’
La Fiscalía reaccionó al anuncio del correísmo, y consideró que el proceso carece de los fundamentos requeridos para aplicar la figura de fiscalización, y que se lo plantea como un acto que busca la impunidad relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal.
“Este nuevo ataque a la máxima autoridad se da luego de que en varias ocasiones han intentado posicionar discursos emitidos por sentenciados, sus familiares o partidarios con el claro fin de ocultar las pruebas valoradas en los tribunales”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
No obstante, señaló la Fiscalía, todos estos intentos han sido oportunamente rebatidos, desmentidos y desestimados sobre la base de “pruebas contundentes”.
Desde la institución se agregó que, en el eventual desarrollo de un juicio político, la Fiscalía sabrá mostrar las pruebas para su defensa.
Diana Salazar fue designada Fiscal en abril de 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T) para un periodo de seis años (hasta abril de 2025).
Al concluir su periodo, la fiscal no podrá reelegirse y “sin importar las decisiones que se tomen en otras funciones del Estado, las sentencias judiciales solo pueden ser analizadas en el campo penal”, subrayó la Fiscalía en el comunicado.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) señala que la solicitud de juicio político debe estar debidamente fundamentada. Además, deberá contener la formulación de los cargos y el anuncio de la prueba. (SC)
Los votos en juego
La solicitud de enjuiciamiento no forma parte de las coincidencias por la gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Este fue el punto de vista que esgrimió el Partido Social Cristiano (PSC) al conocer el pedido de Garzón.
“Ratificamos que el PSC y sus aliados (18 curules) no apoyarán esta solicitud”, escribió el socialcristiano, Vicente Taiano, en sus redes sociales.
El correísmo ocupa 51 escaños en el Parlamento. Para que un funcionario sea censurado y destituido se requieren 70 votos, según la LOFL.
La alianza Avanza-Suma, que reúne a ocho legisladores declaró, a través de Lucía Pozo, que la posición ha sido que “jamás” se podía poner sobre la mesa como parte de una negociación el juicio político a una autoridad sujeta a fiscalización. Pero señaló que nadie puede limitar la capacidad de los legisladores de presentar el juicio que deberá estar sujeto a una votación con las pruebas pertinentes.
El movimiento Gente Buena, una facción de Construye, se sumó a las críticas de estos últimos que consideraron que el juicio a la Fiscal es el punto central de la agenda correísta. “Esto ya lo advertimos desde el primer día; la bancada de Construye se opondrá a ésta y todas las estrategias pro impunidad”.
María Teresa Pasquel (Gente Buena), aseguró que respaldarán la labor de Diana Salazar. Cuestionó que el correísmo está intentando desviar la atención; están enfocados en temas que no son prioridad para el país, como resolver el tema de inseguridad o la generación de empleo.
Ecknner Recalde (ADN), segundo vicepresidente de la Asamblea, aseguró que la bancada oficialista no apoyará la interpelación a la fiscal,
“En mi escala de valores no está contactar, amenazar, ni conversar con sentenciados ni prófugos de la justicia. Les aseguro que quien vaya supuestamente de mi parte los está engañando. Yo cumplo con mis funciones en el marco de la ley y eso les molesta”. Diana Salazar, fiscal general del Estado.
La Fiscal calificó de falso un pronunciamiento que realizó Rafael Correa en sus redes sociales donde señaló que Salazar “mandó a decir que si sale el juicio se van enseguida presos Paola Pabón (prefecta de Pichincha) y Jorge Glas (exvicepresidente de la República)”