La investigación sobre este presunto caso de corrupción se abrió en la Fiscalía el 28 de marzo de 2019.
Las Asistencias Penales Internacionales (API) solicitadas a Panamá, España y Suiza, son parte de los elementos de convicción (pruebas) que presentó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el 3 de marzo de 2023, durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro para sustentar el pedido de prisión preventiva en contra del expresidente de la República, Lenín Moreno.
Ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Adrián Rojas, la Fiscalía General del Estado (FGE) también formuló cargos en contra de otras 36 personas por su presunta participación en el delito de cohecho.
La supuesta trama de corrupción -investigada desde el 28 de marzo de 2019- inició con una denuncia por el cobro de $8 millones en coimas, pero se descubrió que alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair -en la provincia de Napo-, la empresa Sinohydro, que se adjudicó el contrato, habría cancelado cerca de $76 millones a través de transferencias, cheques y dádivas de manera irregular para viabilizar la concesión del contrato.
La teoría fiscal
Para sustentar las pruebas en contra de Moreno, la Fiscal argumentó que Panamá remitió información bancaria de Ina Investment Corporation, en la que se verifica el pago -por concepto de muebles- por $19.432 a la empresa suiza Moinat Antioquies, además de pagos al propietario de un departamento en Alicante (España) por más de $200.000.
De igual manera, la FGE presentó ante el juez de la CNJ la información solicitada a la Asistencia Penal de España, a través de la cual se remiten las escrituras de compra-venta a favor de la sociedad Ina Investment del departamento de Alicante; así como la Asistencia requerida a Suiza, de la que se desprende el pago de inmuebles por orden de Ina Investment y que fueron entregados en Ginebra (Suiza).
A estos elementos se suman informes técnicos periciales de audio, video, de informática forense, versiones de un exfuncionario público y de otras personas procesadas.
La empresa INA Investment Corporation habría manejado cuentas en el Balboa Bank de Panamá, desde las cuales se adquirieron costosos muebles, alfombras y otros objetos de lujo para el departamento de Lenín Moreno en Ginebra.
‘Perfiló la razón social’
Como gerente de la empresa ecuatoriana Comercial Recorsa S.A, Conto Patiño, cercano a Moreno, quien es otro de los procesados por la Fiscalía, perfiló la razón social de la compañía para que su actividad económica se alinee al contexto de la construcción de la obra pública y así poder recibir el dinero (las dádivas que se investigan).
La Asistencia Penal Internacional señala que en julio de 2010, Patiño habría abierto una cuenta corriente en el Banco Panamá (paraíso fiscal), en la que se recibiría los fondos que provendrían del 4% del contrato del proyecto de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Además, existen certificados bancarios -señala la Fiscalía- en los que se evidenciarían las transferencias realizadas por Sinohydro China a la empresa Recorsa, por aproximadamente $75.5 millones.
Reparto de dinero
Según la teoría fiscal, del total de los casi $76 millones, el grupo familiar de Lenín Moreno habría recibido $660.000.
De ese monto, Moreno y su esposa Rocío González habrían recibido $220.000 por un departamento y muebles de sala. Su hija, Irina, $50.000; Guillermo y Edwin Moreno (hermanos de Lenín Moreno) habrían recibido $10.000 y $350.000, respectivamente. Sus cuñadas Jacqueline V. y Martha G., también habrían recibido sumas por $10.000 y $15.000, respectivamente. Aida Graciela N., suegra del expresidente (ya fallecida) habría recibido $5.000.
Los recursos habrían sido entregados por su intervención para que el contrato para la construcción de la central hidroeléctrica se adjudicara a Sinohydro.
El resto del dinero habría sido repartido entre los otros investigados dentro del caso.
Para garantizar la comparecencia al proceso de las 37 personas, la Fiscal pidió prisión preventiva, pero 14 de ellos pertenecen a la tercera edad, por lo que eventualmente cumplirían arresto domiciliario. Entre ellos están Lenín Moreno, su esposa Rocío González, Conto Patiño (cercano a Moreno) y Cai Runguo, exembajador de China en Ecuador, entre otros.
Sin embargo, tras la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, este 5 de marzo de 2023, el juez Adrián Rojas no acogió el pedido de prisión preventiva y dispuso medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la presentación cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia para Lenín Moreno y dos personas más, mientras el resto de más de 30 procesados deberán presentarse cada ocho días en la misma institución. (SC)
‘Histórico para el sistema de justicia’
Con la formulación de cargos, se estima que la instrucción fiscal podría tomar 90 días, pues el proceso penal continuará con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, para, finalmente, tener la audiencia de juzgamiento.
En una entrevista a un medio televisivo, la fiscal general Diana Salazar afirmó que, en este caso, la institución a su cargo está en capacidad de obtener una sentencia.
Salazar calificó a este proceso como “histórico para el sistema de justicia en el país, porque son $76 millones identificados como presuntos sobornos en un solo proyecto, en el que están involucradas 37 personas”.
Recordó que el caso Sobornos 2012-2016 involucró al expresidente de la República, Rafael Correa, a su exvicepresidente Jorge Glas, así como a otras 18 personas, el cual implicó $13.5 millones en presuntos sobornos; y la trama de Odebrecht, en la que también estuvo envuelto Glas y otras siete personas, entre ellas su tío Ricardo Rivera, donde se involucró $33.4 millones.
Lenín Moreno reside actualmente en Paraguay, donde se desempeña como comisionado en temas de discapacidad para la Organización de Estados Americanos (OEA).