La investigación apunta a una presunta red de corrupción y al cobro de $76 millones a la empresa china Sinohydro durante la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Sobre la base de diez asistencias penales internacionales solicitadas a Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, pondrá, el próximo 2 de marzo de 2023, las cartas sobre la mesa en la audiencia de formulación de cargos para demostrar el cometimiento del presunto delito de cohecho en el caso (Ina Papers).
En esta causa están involucrados Lenín Moreno -mientras ejerció la vicepresidencia de la República en el régimen de Rafael Correa- y otras 36 personas. Por sus implicaciones, el caso es conocido judicialmente como Sinohydro.
Ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Adrián Rojas, la Fiscal también pondrá en conocimiento los 89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, 13 pericias, 13 audiencias privadas y 5 allanamientos ejecutados desde 2019.
Según la teoría fiscal, los 37 investigados habrían formado parte de una supuesta estructura delincuencial que, entre 2009 y 20218, cobró $76 millones en sobornos a la empresa china Sinohydro, que estuvo a cargo de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS).
Fuera del país
Poco después de que Moreno terminara su mandato presidencial, él y su familia salieron del país, por lo que hay una alta probabilidad de que no comparezca dentro del proceso para colaborar con la Justicia.
Sin embargo, una vez conocida la decisión fiscal, Lenín Moreno se pronunció en sus redes sociales y anunció que se defenderá con apego a la verdad.
El abogado Stalin Raza cree que la Fiscalía optó por imputar con el delito de cohecho (sobornos) porque le será más fácil comprobar la infracción. Además, se cuenta con las asistencias penales internacionales, que permiten establecer cómo se desvió el dinero y cómo parte de los sobornos terminaron en empresas ‘off shore’.
El cohecho es un delito por el cual los servidores públicos reciben o aceptan dinero, dádivas, favores y beneficios a cambio de mover influencias, favorecer contratos y negocios.
La investigación apunta a que las 37 personas indagadas habrían facilitado la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro a cambio de supuestos beneficios.
Perjuicio al patrimonio
Con el peculado, en cambio, la Fiscalía necesariamente tendría que demostrar que los entonces funcionarios le ocasionaron un perjuicio al patrimonio del Estado para favorecer a terceras personas, explicó Raza. El peculado es un delito que afecta la administración del Estado.
El cohecho y el peculado son delitos que no prescriben y pueden ser juzgados en ausencia.
En todo caso, una vez que la Fiscalía presente los elementos de convicción en la audiencia de este 2 de marzo, quedarán demostradas las razones por la que se escogió el cohecho para imputar a los procesados.
En la audiencia, la Fiscal también podría solicitar medidas cautelares. La abogada penalista, Cinara Zea, expuso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece medidas cautelares como la prisión preventiva, las cuales deben cumplir criterios de proporcionalidad y necesidad.
Para que se cumpla este parámetro, la Fiscalía tendrá que probar que las personas procesadas tienen un alto riesgo de fuga o van a entorpecer el proceso penal.
En lugar de la prisión preventiva, las alternativas son el uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad competente.
En el caso de los delitos contra de la administración del Estado, el Código Integral Penal (COIP) establece (si se llega a una eventual sentencia) que los involucrados ya no podrán acceder a beneficios penitenciarios en el régimen semiabierto con el cumplimiento del 60% de la pena.
Cinara Zea observa un riesgo de que, eventualmente, luego de finalizado el proceso, este pueda ser declarado nulo por no establecer “bien la tipología del delito”.
“Si no existe una acusación firme con elementos y pruebas que determinen fehacientemente que esa persona ha sido el perpetrador de esa conducta, no habrá un proceso sancionador en su contra”, añadió la abogada penalista.
El 10 de noviembre de 2022, un tribunal de la CNJ declaró nulo el caso Singue que se seguía en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. (SC)
Los 37 investigados
Lenín Moreno: expresidente y exvicepresidente de la República.
Rocío González: esposa de Moreno
Irina Moreno: hija de Moreno y González.
Guillermo y Edwin Moreno: hermanos de Lenín Moreno
Jackeline V: cuñada de Lenín Moreno
Martha G.: cuñada de Lenín Moreno
Xavier M.: yerno de Conto Patiño
Conto Patiño: amigo de Lenín Moreno
María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño: hijos de Conto Patiño
Victoria P., Juan D., Francisco Ch: familiares de Conto Patiño
Henry de Jesús G.: exgerente de Coca Coco Sinclair
Luciano C: exgerente de Coca Coco Sinclair
María Augusta del Rocío B.: esposa de uno de los exgerentes de Coca Codo.
Francisco C.: exasesor.
Cai Runguo: exembajador de China en Ecuador
Yang H.: representante legal de Sinohydro
Song D.: representante legal Sinohydro
Wu Y.: representante legal de Sinohydro
Alie A.: representante legal de Sinohydro
Exfuncionarios públicos y personal de confianza de la empresa comercial Recorsa S.A. (Sinohydro Corporation) incluido su asesor jurídico y representantes legales de varias personas jurídicas.
La Fiscalía presume que los $76 millones corresponde al 4% del valor contratado por la obra, que inicialmente fue de casi $1.979 millones, y que en la práctica llegó a costar más de $2.245 millones.