El Ejecutivo les transfiere, en promedio, más de $3.400 millones al año y tiene que cargar con el desgaste político y social de las medidas de austeridad.
Entre 2017 y 2020, el Gobierno central redujo en más del 15% los gastos corrientes; mientras los gobiernos locales aumentaron esos rubros un 7%, aproximadamente.
Incluso, en 2020, los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales subieron el gasto en sueldos y salarios en más de $118 millones.
Andrés Vinueza, economista e investigador en términos de desarrollo, comentó que los llamados GADs (Gobiernos Autónomos Descentralizados) son un universo aparte, al que nadie le pide cuentas sobre la calidad del gasto y el real manejo de sus presupuestos.
“Cuando llega la crisis todas las miradas se ponen sobre cuánto se va a recortar en el Gobierno central, pero mucho del peso del gasto público viene de los Gobiernos locales que reciben cuantiosas transferencias para seguir operando”, dijo.
Menos dinero para las obras
En promedio, los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales han recibido más de $3.400 millones en cada uno de los últimos 4 años. Ese aporte, que sale del Presupuesto General del Estado (PGE), representa más del 64% de sus ingresos.
Vinueza recalcó que no puede ser que los alcaldes y los prefectos salgan a la palestra para protestar por recortes de las transferencias desde el Ejecutivo, pero no responden por el real manejo de los recursos de los que disponen. “Por ejemplo, se gastaron más de $70 millones en promedio en el municipio de Esmeraldas durante cada uno de los últimos 4 años. Sin embargo, los niveles de provisión de servicios e infraestructura siguen siendo deficientes”, acotó.
En el caso del Municipio de Quito, el presupuesto promedio de los últimos años llega a más de $700 millones; pero se nota un notable deterioro en las calles y las avenidas. Además, se registra una nómina de casi 10.000 funcionarios, pero sin un análisis claro de cuál es su utilidad para la ciudad.
El 99% del recorte en el gasto de los Gobiernos locales ($846,54 millones en cuatro años) se ha concentrado en la obra e inversión pública, lo que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos.
Se deben revisar los impuestos locales
Desde 2017 a 2020, el peso de las transferencias estatales ha subido del 60% a más del 65% con respecto a los ingresos de los Gobiernos locales. Mientras, los recursos de autogestión, sobre todo los impuestos, se han reducido del 36% al 30%.
Por eso, Napoleón Santamaría, abogado tributario, aseguró que dentro de la reforma tributaria que quiere impulsar el ejecutivo de Guillermo Lasso también se debe incluir una revisión de las patentes, prediales, alcabalas y otros que cobran los GADs.
El objetivo es detectar ineficiencias y duplicidades, pero sobre todo volver más autosuficientes a esas instancias.
Por ejemplo, en el caso del impuesto al patrimonio, primero debería verse si no se cae en casos de doble tributación con lo que ya se paga localmente, a través de los prediales.
Ese tributo, en el caso de Quito, se cobra poco y mal. En este sentido, Santamaría consideró que se debe analizar a fondo cuál es el aporte de los municipios y las prefecturas en la recaudación a nivel nacional.
“El país cuenta con 221 municipios y 24 prefecturas. Sin embargo, los alcaldes y los prefectos no hacen ningún esfuerzo de gestión para financiar sus ingresos. Cuando llegan al cargo asumen las tasas e impuestos que ya están establecidos”, puntualizó.
De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los Gobiernos locales ecuatorianos están entre los 10 menos eficientes en el gasto y recaudación de ingresos propios. (JS)