El Estado ecuatoriano ha vivido con déficit permanente desde 2008. Esto es insostenible y ya se siente en la capacidad de pago de suelos, pero podría escalar hasta una crisis financiera.
El anunció de que el pago completo de la nómina estatal se retrasará al menos dos semanas hecho por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo deja en evidencia la crisis en la que se encuentra Ecuador.
“Estamos realmente apretados. Iremos priorizando. Primero son las Fuerzas Armadas y la Policía. También están los profesores y los médicos. Con eso ya llegamos a un porcentaje alto de los servidores públicos. Lo que le aseguro es que el último en cobrar será el ministro de Economía”, puntualizó el ministro.
Ese retraso en el pago de sueldos en pleno inicio de 2024, según Manuel González, economista y exmiembro del equipo asesor presidencial durante el Gobierno de Lenín Moreno, solo es la primera fase del contagio a la economía real (ciudadanos y empresas) de un Estado deficitario que ha vivido sistemáticamente por encima de sus posibilidades.
Si no hacemos nada, si no balanceamos las cuentas del Gobierno (con más ingresos y menos gastos), dicho contagio tendrá las siguientes fases:
1 Un primer nivel de contagio o de impacto directo en empleados públicos que no reciben sus salarios a tiempo. Esto ya está sucediendo y si se profundiza impactará en la capacidad de pago de las familias, atrasos en préstamos con bancos y cooperativas, menos consumo, entre otros.
En 2020, durante el golpe inicial de la pandemia, los $4.000 millones recibidos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en diciembre impidieron que se acumularan los sueldos de todo el sector público del final de ese año y se extendieran los atrasos a inicios de 2021.
2 El año 2023 se cerró con pagos pendientes o atrasos por $4.500 millones, tanto con el IESS como Gobiernos locales y con proveedores.
Si no se toman medidas de fondo, esos atrasos, que en el caso de proveedores (sobre todo Pymes) representan más de $500 millones, podría pasar de atrasos a impagos permanentes.
Vega Malo ha dicho que se debe a alrededor de 400.000 personas. Esto, en última instancia, puede llevar a un deterioro acelerado de la calidad de la cartera de bancos y golpear seriamente la liquidez interna hasta llegar a una posible crisis financiera.
Empresas y personas impagas no pueden cubrir a tiempo sus deudas y se aceleraría el proceso de aumento de la morosidad bancaria, el cual ya se inició desde hace meses atrás como alertó LA HORA.
3 El tercer nivel de contagio tiene que ver con la posibilidad de que el Gobierno caiga en default o cese de pagos de sus deudas con acreedores externos y para el Ecuador, no solo para el Estado sino también para bancos y empresas, se puede cerrar el acceso a nuevo financiamiento internacional.
Este año, de acuerdo con González, se necesitarán alrededor de $14.000 millones en préstamos para poder pagar las cuentas del Gobierno, incluidos los atrasos generados en 2023.
En este escenario, un acercamiento con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) es indispensable, pero estos no prestarán dinero sin un plan que estabilice las cuentas fiscales, es decir, sin una hoja de ruta cierta (más allá de declaraciones aisladas del presidente Noboa y sus funcionarios) sobre cómo subir los ingresos permanentes (impuestos) y se bajan los gastos (subsidios a los combustibles, nomina, entre otros).
El dilema del Ecuador no es si se toman o no medidas duras de ajuste, sino cuál es la vía que menos impacto tiene en la economía. Así, se debe discutir si conviene subir el IVA (con todo el impacto que puede tener) frente a la opción de no tomar medidas estructurales o ir por medidas ‘parche’ que tendrían un efecto incluso más nocivo.
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