El gasto en sueldos públicos supera en nueves veces al gasto en obras y alcanzó su nivel más alto en 14 años durante agosto de 2023

El gasto en burocracia se ha incrementado en más de $960 millones desde 2021 hasta llegar a los $6.174 millones. Cada vez se necesita un monto mayor de impuestos para cubrirlo.

Con corte a agosto de 2023, el gasto total en la burocracia del Gobierno Central sumó $6.174 millones.

Ese monto representó casi cuatro veces más que los $1.631 millones transferidos al IESS por el 40% del aporte estatal, o más de nueve veces el gasto de $677 millones hecho en el Plan Anual de Inversiones hasta agosto de este año.

En términos individuales, los sueldos públicos son los desembolsos más altos dentro del presupuesto estatal.

Además, durante los primeros ocho meses de 2023 se alcanzó el mayor nivel registrado de los últimos 14 años. Incluso se superó los $6.007 millones alcanzados en 2018.

Así, en el país se configura una gran paradoja, de acuerdo con Norma Ramírez, economista y exconsultora de organismos internacionales, por un lado, la burocracia estatal cuesta cada vez más; pero por otro lado se multiplican los reclamos por la mala calidad de los servicios e incluso por la falta de personal en ciertas áreas y sectores.

“El problema central es de eficiencia, sobre todo en inversión donde se llegó a menos del 50% de ejecución a agosto de 2023. De qué sirve tener una burocracia creciente si no está bien capacitada para cumplir sus labores”, puntualizó.

Gasto creciente

Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, el gasto en burocracia, con corte a agosto de 2021, fue de $5.210 millones y se necesitó el 59% de la recaudación de impuestos para cubrirlo.

Dos años después, en medio de una crisis económica y de seguridad, el gasto en burocracia, con corte a agosto de 2023, subió $964 millones hasta los $6.174 millones. Pero, lo más importante es que se necesitó más del 61% de los impuestos recaudados a personas y empresas para cubrirlo.

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), actualmente existen 636.847 personas afiliados dentro del sector público.

El promedio de ingresos en la burocracia estatal fluctúa entre $970 y $1.000 mensuales; mientras que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el promedio de ingresos de un trabajador privado se ubicó en $447 mensuales con corte al 31 de agosto de 2023.

Durante su discurso al asumir el poder, Lasso ofreció un sector público eficiente para “erradicar el hambre, la enfermedad, la falta de educación, el abandono”.

Para eso aseguró que haría una auditoría integral para identificar el mal gasto en nómina, entre otros destinos, y dar más financiamiento a la inversión. Esa auditoría no se concretó.

El único intento de depurar la nómina estatal, al menos de manera parcial, se dio mediante la aplicación del decreto 457, emitido en junio de 2022 en medio del último paro indígena.

Ese decreto, que era parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), estaba enfocado en reducir el gasto administrativo y cortar buena parte de los contratos ocasionales.

Sin embargo, el gasto en sueldos públicos no bajó porque por otro lado el Gobierno tuvo que pagar a los maestros (homologación salarial) y contratar más personal en áreas como seguridad y salud.

El primer ministro de Economía del actual Gobierno, Simón Cueva, en su momento anunció un plan con nueve acciones para reducir y optimizar el gasto público, pero ese intento quedó guardado en una carpeta.

El actual ministro de Economía, Pablo Arosemena, por su parte, prometió implementar el llamado presupuesto base cero; pero tampoco se han tenido resultados. (JS)

Más de siete de cada diez dólares va a cuatro sectores

El 74% del total de $6.174 millones gastados en burocracia estatal entre enero y agosto de 2023 se concentró en cuatro sectores.

En otras palabras, más de siete de cada diez dólares se fueron a pagar funcionarios en el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Policía Nacional y Ministerio de Defensa.

En concreto, $1.848 millones se distribuyeron entre los maestros y otro personal educativo; $1.108,7 millones fueron a personal del sector sanitario; $848,9 millones llegaron a los policías y $768 millones fueron para los militares.

En otros sectores con gran participación en los sueldos públicos se encontraron las universidades con $768 millones y la Justicia con $346,1 millones.

Como ha repetido varias veces Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, uno de los mayores problemas fiscales del país es que el gasto público es inflexible, creciente y sin mayor espacio para la optimización.