La ineficiencia en el sector petrolero pasa desapercibida cuando suben los precios del barril de crudo

PROBLEMA. La producción petrolera no ha podido despegar en el actual Gobierno.

A pesar de que el promedio de la producción diaria cayó en más del 11% durante el primer trimestre de 2022, los ingresos por exportaciones se incrementaron más del 92%.

Entre enero y marzo de 2020, los ingresos por exportaciones petroleras sumaron alrededor de $1.300 millones. En el mismo periodo de 2021, la cifra subió a $1.770 millones. Pero, en el primer trimestre de 2022, se disparó hasta más de $2.500 millones.

En otras palabras, esos ingresos se incrementaron más del 92% durante el inicio de este año. Pese a esto, Luis Calero, abogado especialista en el sector petrolero, puntualizó que esta mejoría se debe exclusivamente a los altos precios de exportación y de comercialización interna de combustibles, pero no por eficiencia en la producción nacional.

Hace dos años se produjeron 48,9 millones de barriles de crudo en el primer trimestre. Eso bajó a 45,4 millones de barriles en 2021 y a 42,8 millones en 2022. Es decir, se pasó de alrededor de 537.000 barriles diarios producidos a un promedio que no supera los 477.000 barriles.

Asimismo, solo en el último año, el volumen de barriles exportados se redujo de 32 millones a 28,3 millones.

Antonio Paredes, ingeniero en petróleos, puntualizó que, con 11% menos de producción y 12% menos de cantidad exportada, “lo que salva los muebles” son los precios promedio pagados por el crudo nacional. Esos valores pasaron de $34 a $88 en el primer trimestre de 2022; y generan más recursos para el Estado, a pesar de la ineficiencia.

“El Gobierno  no se ha puesto de acuerdo ni siquiera en sus declaraciones. El gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, ha asegurado que se va a producir lo máximo posible. Al inicio se hablaba de duplicar hasta el 1 millón de barriles diarios y luego se bajó a entre 700.000 y 800.000 hasta 2025. Pero, ni siquiera se ha cumplido con el ofrecimiento de superar los 500.000 barriles en los primeros meses de 2022”, puntualizó.

Por su parte, Calero apuntó que la llamada nueva política petrolera, que se emitió a través de decreto el 7 de julio de 2021, solo constituyó un listado de instrucciones administrativas, pero hasta la fecha no ha representado una verdadera repotenciación de Petroecuador ni del sector.

“Se necesitan decisiones más de fondo con respecto a los hidrocarburos y considerar que constituyen más del 80% de la energía que se consume en el país. No es cualquier commodity o producto. El sector petrolero no puede ser tratado como la caja chica del Presupuesto del Estado, con una visión fiscalista; sino con un enfoque económico más amplio”, recalcó.

Renta petrolera

A los ingresos de más de $2.500 millones durante el primer trimestre de 2022 se deben restar los crecientes costos de importación. En los últimos dos años, el volumen de barriles importados de derivados de crudo (incluidos combustibles) pasó de 12,7 millones a 13,9 millones (9% más); pero los pagos se han incrementado más del 95% desde $820 a más de $1.600 millones.

En este contexto, los ingresos netos llegan a más de $800 millones al inicio de este año. Sin embargo, el ministro de Economía, Simón Cueva, explicó el pasado 11 de abril de 2022 que más de $300 millones de ese total se gastaron casi inmediatamente para cubrir las pérdidas por la rotura de los oleoductos durante las últimas semanas de 2021.

Además, también se ha tenido que asumir, durante el primer año de Gobierno, más de $1.700 millones de deudas heredadas y gastos en el área social.

Según exministros de Economía como Fausto Ortiz y Mauricio Pozo, hasta finales de 2022, los ingresos extraordinarios por los altos precios del petróleo (por encima de los presentados 59,2$ por barril) llegarán a $1.500 millones. Es decir, se lograría una renta petrolera de $7.034 millones en lugar de los $5.534 millones proyectados inicialmente.

Dinero para inversión

Los millones adicionales y temporales se deben usar en gasto de inversión pública y a pagar parte de las deudas todavía pendientes con entidades como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Sin embargo, aunque todo el dinero se destinara a obras de vialidad, no se cubriría más de 11% del portafolio de $14.000 millones en proyectos determinados por el Gobierno; o menos del 18% de la deuda histórica con el IESS.

Por eso, el Gobierno de Lasso debe priorizar las obras más urgentes en carreteras. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha aprobado un gasto adicional de $162 millones solo para ese fin; y más de $200 millones para infraestructura educativa.

Asimismo, parte de los recursos petroleros extra se deben usar para cubrir el constante agujero en el fondo de salud del IESS, donde los aportes de los afiliados activos no superan los $900 millones, pero los gastos bordean los $2.000 millones anuales.

Roberto López, economista, recalcó que temas como el aumento salarial a los maestros, o más personal para seguridad, no se pueden pagar con la bonanza temporal de los precios del crudo.

“Se debe invertir de manera puntual y con inteligencia, porque los ingresos extraordinarios no van a solucionar los problemas del país. No solo en vialidad, salud y educación se necesita más dinero, también en mejorar los procesos del sector petrolero y Petroecuador”, aseveró.

Si la actual administración mantiene el manejo fiscal, hasta finales de 2022, se cerrará con un déficit fiscal de entre $2.000 millones a $2.500 millones. Esto significa que aún con mayores recursos  será insuficiente para cubrir todos los gastos básicos del Estado. Además, se necesitarán alrededor de $7.500 millones de nueva deuda para pagar los despilfarros de los últimos 14 años. (JS)

Los altos precios del petróleo aumentarán el peso del sector de los hidrocarburos del 10% al 12% del PIB
Con corte al 18 de mayo de 2021 (última actualización disponible), la producción diaria de crudo no superó los 496.000 barriles.

¿Es posible llegar a 580.000 barriles de crudo hasta finales de 2022?

El 24 de Mayo de 2022, durante el discurso sobre su primer año de mandato, Guillermo Lasso aseguró que, hasta finales de 2022, se incrementará la producción diaria de crudo hasta los 580.000 barriles.

Esto representaría un aumento del 22% con respecto a los niveles del primer trimestre de este año. Además, podría incrementar en por lo menos $500 millones adicionales los ingresos extraordinarios.

Petroecuador ha anunciado la rehabilitación de decenas de pozos cerrados y el impulso a la naciente producción en el campo Ishpingo, dentro del ITT, entre otras acciones para lograr este objetivo.

Sin embargo, Luis Calero, abogado especialista en temas petroleros, puntualizó que lo más importante es optimizar y renegociar los actuales contratos con las empresas privadas, darle autonomía financiera a Petroecuador y mejorar sus actuales procesos.

El Gobierno debe persistir en entregar la explotación de la zona Suroriente a la iniciativa privada. Además, impulsar inversiones en recuperación mejorada para evitar el declive de los campos ya en operación.

De acuerdo con Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, un aumento sustancial del 22% no es factible de conseguir, pero sobre todo mantenerse, en el corto plazo.

Ecuador pierde $1.500 millones al año en compras públicas

PROBLEMA. El Estado compra mal y se reducen los recursos para temas importantes.

De cada $100 gastados, $25 se pierden en procesos fraudulentos, al año. Las entidades públicas planifican mal sus contrataciones y los procesos engorrosos facilitan las irregularidades.

En los últimos cinco años, se ha gastado un promedio de $6.000 millones en compras públicas. Sin embargo, alrededor de $1.500 millones se pierden en procesos fraudulentos e ineficientes.

En otras palabras, de cada $100 contratados, al menos $25 terminan destinados a favorecer negociados, contratos sin beneficio para el Estado, y el despilfarro de recursos públicos en medio de un país en constante crisis económica.

Estos $1.500 millones malgastados representan cubrir más de dos veces lo que se necesita para rehabilitar la red de escuelas públicas en todo el país; o para financiar 24 veces los insumos y medicamentos que necesita un hospital grande como el Carlos Andrade Marín.

Durante el foro ‘Ecuador Open for Business’, el ministro de Producción, Julio José Prado reconoció que las compras públicas fraudulentas suman esos millonarios montos; pero aseguró que se están trabajando con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para solucionar el problema.

Sin embargo, Rocío Marín, economista e investigadora en temas de compras públicas, comentó que el actual Gobierno se ha llenado de discursos y buenas intenciones, aunque no se ve una ruta clara ni acciones concretas para ir frenado el despilfarro y que se adquiera lo que realmente se necesita.

“El sistema de contratación es engorroso, poco práctico y permite múltiples resquicios para la corrupción. La mala gestión en las compras no solo significa perder dinero, sino incluso también pérdidas de vidas, en el caso de la falta de provisión de medicamentos en los hospitales”, dijo.

Las promesas de mejora y más agilidad en el sistema se vienen dando desde el Gobierno de Rafael Correa, sin embargo, las pérdidas continúan.

LA HORA consultó al Sercop sobre los puntos críticos de corrupción y despilfarro que se han detectado; y cómo se está trabajando para revertir la situación; pero, hasta el cierre de esta edición no se obtuvieron respuestas.

Nadie se hace responsable

Durante una entrevista televisiva, el subdirector del Sercop, Luis Alberto Andrade, aseguró que la institución no es responsable de la creación de los procesos de compras; y solo se limita a cumplir lo que dicen las leyes vigentes.

De acuerdo con el funcionario, uno de los principales problemas es que la mayoría de las instituciones públicas planifica mal las contrataciones necesarias para cada año.

Esa mala planificación abre la puerta a la deficiente ejecución de los presupuestos y el despilfarro.

“Yo quiero creer que es impericia o ineptitud. No sabemos si hay otros temas adicionales a ello”, acotó

Por su parte, desde ministerios, hospitales, empresas y entidades públicas, se argumenta que los mecanismos de contratación, incluyendo las aprobaciones, son lentos y se mantienen figuras que facilitan la corrupción.

Así, por ejemplo, se apunta a que es excesiva la existencia de ocho etapas o pasos para las compras. Incluso, el gerente encargado del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Francisco Andino, ha puntualizado que detrás de modalidades como la llamada subasta inversa se encubren prácticas como que un mismo proveedor pueda participar a través de ocho empresas.

Marín recalcó que a todo esto se suma que, a pesar de los avances en el establecimiento de bases de datos abiertos para cierto tipo de contrataciones, la mayor parte del sistema todavía tiene vacíos que permiten la discrecionalidad y la poca transparencia. (JS)

El sector de la salud describe el caos en la contratación pública

Actualmente, el nivel de abastecimiento de medicinas ha caído del 69% al 52% en todo el sistema de salud pública.

Esta realidad es el resultado directo de un sistema sin controles efectivos y donde la ejecución de los presupuestos en algunos casos no llega ni al 20%.

Daniel Rodríguez, gerente general del hospital Carlos Andrade Marín, ha cuestionado que existan “muchas mañas” en todo ese sistema.

Por ejemplo, se han denunciado prácticas como la llamada entrega circular, donde el proveedor de medicinas o insumos supuestamente desembolsa la mitad del pedido en la tarde; sin embargo, en la noche del mismo día saca los productos y al día siguiente los vuelve a entregar, como si estuviera cumpliendo con la totalidad del contrato.

Estas irregularidades se magnifican también por la falta de tecnología que permita rastrear efectivamente el destino de los insumos que se compran.

Al inicio del actual Gobierno, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, anunció varias medidas correctivas; pero no hay información de que se las esté aplicando y cuáles son sus resultados.

La regularización completa del abastecimiento de medicinas se ofrece recién para marzo de 2022.

Los subsidios han eliminado todo incentivo para mejorar la calidad de los combustibles en el país

HECHO. Combustibles subsidiados son un mal negocio económico y ambiental.

El gasto acumulado para subsidiar gasolina suma, casi,  el monto actual de la deuda externa. Ecuador es el sexto emisor de CO2 en América Latina.

En los años setenta, en medio del primer boom petrolero y al mando de una dictadura militar, se decidió que Ecuador debía aplicar la política de precios de los combustibles de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La lógica detrás de esa política era que como productores de crudo no podían vender gasolinas a precios de mercado, sino que se debía subsidiar porque había suficiente dinero para hacerlo. En otras palabras, en ese momento primó la política y el establecimiento de beneficios indiscriminados sin criterios de eficiencia ni análisis económicos.

Según un cálculo del Observatorio de Energía y Minas de la Universidad de las Américas (UDLA), este subsidio estatal costó $49.467 millones entre 1989 y 2019. Pero si se toma en cuenta todo el tiempo en el que ha estado en vigencia, el monto llega a casi $60.000 millones.

Ese gasto, que equivale al 94% de toda la deuda pública actual, no ha cumplido con ninguno de los objetivos de cualquier subsidio eficiente: mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres; pero, sobre todo, ser temporal y focalizado.

Además, el mantenimiento de precios bajos, y el monopolio de Petroecuador para la importación, ha generado las condiciones para que no exista ningún tipo de incentivos para mejorar la calidad de los combustibles.

Más contaminación y sin solución a la pobreza

Andrés Rosero, ingeniero petrolero, explicó que, si un producto se debe vender al mismo precio siempre, tanto Estado como privados no tienen ningún incentivo para mejorar u ofrecer opciones más eficientes.

“El país tiene casi 20 años de retraso en la calidad de combustibles. A duras penas llegamos a estándares euro II, cuando a nivel mundial ya se tiene euro VI y se va camino a VII. Se comercializa unas gasolinas baratas y malas”, acotó Rosero.

El resultado es la afectación a los ciudadanos por partida doble. Por un lado, se contamina más y la salud de las personas se expone a enfermedades respiratorias crónicas.

Según un estudio del Banco Mundial, Ecuador es la sexta economía de América Latina con más emisiones de CO2.

Por otro lado, el país ha destinado miles de millones de dólares para mantener un esquema de subsidio que favorece más a los que más tiene y tiene casi nula incidencia en la reducción de la pobreza.

Cada año se ha gastado más en mantener gasolinas baratas, que en fortalecer el sistema de salud pública.

Rosero puntualizó que es mucho más rentable la liberalización del mercado de combustibles en el país y establecer ayudas directas a los sectores más pobres. Esa fórmula mejora los ingresos y la capacidad de consumo casi 90% más que el esquema vigente.

“El presidente Lasso decidió el congelamiento temporal de los precios, y la suspensión del esquema de bandas, bajo criterios políticos. Sin embargo, por cada centavo de subsidio, se pierden diez centavos para gasto social y aumenta casi cincuenta centavos en atención de enfermedades respiratorias crónicas”, acotó. (JS)

Fondos de Estabilización de precios ayudan a liberalizar precios

En Colombia, las autoridades establecen un techo y piso para el precio de venta de las gasolinas. Cada distribuidor y estación de servicio puede ofrecer el costo que mejor le convenga dentro de esa banda.

Sin embargo, si las condiciones internacionales son a la baja; es decir, si el barril de crudo se cotiza cada vez menos, el precio de las gasolinas solo puede caer hasta el piso establecido. La diferencia entre ese piso y el valor real de los combustibles se ahorra en el llamado Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Ese ahorro sirve cuando las condiciones internacionales están al alza y la cotización de las gasolinas sobrepasa el techo. En otras palabras, solo se cobra hasta el límite máximo y el resto se cubre con los recursos del (FEPC).

Esto ha permitido que, durante la mayor parte de 2021, el precio de los combustibles en Colombia no se haya incrementado de manera importante.

Actualmente, la gasolina extra (87 octanos) cuesta $2,31 por galón; mientras en Ecuador, con el último decreto del presidente Guillermo Lasso, el valor se congeló en $2,55 por galón (85 octanos)

En Perú, por su parte, ese mismo combustible se puede encontrar entre $2,4 y hasta más de $4, dependiendo del distribuidor.

Según la última actualización de Petroecuador, el subsidio por galón del diésel es de $0,4723 por galón; mientras que para la gasolina extra llega a $0,096 por galón.
En promedio, $0,60 de cada $1 en subsidios va a las familias con ingresos mensuales de $850 o más.

BIESS: ineficiencia y despilfarro

Shakespeare Abarca Córdova

Un informe de diciembre 2019 que analizó la trayectoria del BIESS desde 2009 daba cuenta que este “banco” que maneja los dineros de los afiliados al IESS,  carecía de una contabilidad completa, por lo que no puede actuar con transparencia, ni tomar decisiones financieras oportunas; explicaba que no cuenta con un sistema bancario integrado.

Pero este secreto a voces reventó, y se publicaron reportajes sobre la nunca superada ineficiencia, de una institución que difícilmente debería llamarse “banco” y que por década y media ha manejado con escalofriante irresponsabilidad el dinero que con sudor y sacrificio, mes a mes, año tras año, hemos aportado los afiliados.

Son 49 fideicomisos inmobiliarios por $ 137 millones; más aún un informe del representante de los afiliados en el Directorio del 2012, cuando era un delito ser crítico, hizo conocer a R. Gonzales la barbaridad de esas inversiones, se indicaba que  existen más de $ 677 millones en fideicomisos, de los cuales los 49 son fideicomisos inmobiliarios paralizados hace más de 4 años generando costos innecesarios al BIESS en riesgo de perderse o al menos seguirse desvalorizando.

El IESS fue por casi 80 años el mejor constructor del país, hasta que se les ocurrió crear el Banco del IESS. Se citan inversiones fallidas en: Guayas, Loja, Cuenca, Ibarra, Manta; revisemos 3 casos:  Quito complejo de edificios abandonado con más de 300 departamentos por $ 28 millones, sólo con eso se hubieran atendido en UCI´s 8000 enfermos. Otro proyecto en Same, Esmeraldas destruyéndose, el cual empezó en 2011,  administración de R. González, delegado de Correa en el Directorio, ambos prófugos; son 160 departamentos, cuya inversión asciende a $ 7.5 millones, hubieran servido para la pensión mensual de 9.000 jubilados.

En 2011, el BIESS y el Cabildo esmeraldeño firmaron un fideicomiso para regeneración urbana de Las Palmas, un proyecto de $ 5.4 millones incluía 89 departamentos, locales comerciales, parqueadero, quedaron en abandono pilotes y hierros retorcidos. En 2015 L. Lara ordenó rellenar la construcción, ocultando otra de las nefastas obras de la seguridad social ecuatoriana. Cinco millones bajo la arena, hubiesen servido para la pensión de 7.000 jubilados. Es solo una muestra de este indolente despilfarro.