El país está constantemente al borde de la crisis. Tiene necesidades ilimitadas, pero recursos escasos.
Entre 2018 y 2022, Ecuador alcanzará un crecimiento económico acumulado de -1,1%. Mientras vecinos como Colombia y Perú tendrán tasas del 12,2% y 6% de aumento en su Producto Interno Bruto (PIB).
En ese mismo periodo, el incremento total de la población ecuatoriana llegará a más del 6%. Esto quiere decir que el país no produce más riqueza y que cada nuevo habitante nace con menos posibilidades de encontrar oportunidades de desarrollo y empleo.
Esta situación también indica que el Estado ecuatoriano tiene un campo de acción muy limitado para financiar su creciente gasto público.
Así, en promedio, la economía nacional produce $500 millones mensuales, pero necesita alrededor de $1.600 millones para cubrir sus principales necesidades
Jaime Carrera, economista del Observatorio de Política Fiscal, explicó que no solo en los últimos años, sino desde la década de los setenta del siglo pasado, Ecuador “no ha crecido mucho más de lo que crece la población en promedio”.
Por eso, si se quiere que haya menos pobres y más trabajo, la meta debería ser crecer a tasas elevadas, invertir a tasas elevadas; y no desajustar el fisco y la economía.
Evaluación negativa
Según organismos internacionales y bancas de inversión, Ecuador es uno de los tres países latinoamericanos con más probabilidades de caer en cesación de pagos, o incumplimiento de obligaciones.
Esto se debe, además de que el país no tiene una economía productiva, a que el 90% del presupuesto estatal está comprometido en gastos obligatorios, según Norma Villavicencio, economista y docente.
De un total de $24.000 millones de gasto en el Presupuesto General del Estado (PGE), alrededor de $22.000 millones se van en temas en los que hay un escaso espacio de maniobra. Así, casi $5.000 millones se destinan a educación (incluyendo más de $1.000 millones de universidades); otros $3.200 millones a salud; alrededor de $1.500 millones en bonos y ayudas sociales; y $3.000 millones adicionales se gastan en seguridad y Fuerzas Armadas.
A esto hay que sumar alrededor de $9.300 millones por temas como pagos de intereses de deuda y transferencias a gobiernos locales y otras dependencias públicas.
Este enorme gasto, sin embargo, es insuficiente porque todos los días se registran noticias sobre falta de medicamentos e insumos en hospitales del IESS o baja inversión en infraestructura educativa.
Según el exministro de Economía, Fausto Ortiz, los desembolsos para salud y educación deberían llegar a un monto equivalente al 10% del PIB (según manda la Constitución de 2008), pero está en casi 7% del PIB.
‘Bonanza’ es insuficiente
Carrera además puntualizó que para sostener las crecientes necesidades de recursos no es suficiente el alto precio del petróleo, ni siquiera los impuestos al patrimonio y otros nuevos que se crearon. Hasta finales de 2022, se registrará un faltante o déficit fiscal de alrededor de $3.000 millones.
“¿Que le queda al Estado para dar más dinero a educación y salud? Eliminar o reducir los subsidios a los combustibles es en este momento la única vía para en algo atender a estas necesidades ilimitadas”, aseveró.
Las opciones de salir a endeudarse a una tasa de interés de más del 17% (debido al creciente riesgo país), o aumentar los impuestos, son totalmente inviables en la situación actual.
“Esto refleja un país que no ha alcanzado la madurez en su concepción de la prosperidad y el desarrollo. Cuarenta años de vivir desajustando las cuentas públicas, desajustando la economía. Seguimos hablando de los mismos problemas no resueltos. Tenemos más de 5 millones de pobres y 5 millones de desempleados y subempleados”, concluyó Carrera. (JS)
Entre enero y mayo de 2022, el gasto público pagado llegó a $8.267 millones. A eso se suman $2.700 millones en atrasos o pagos pendientes.
Focalización de subsidio a los combustibles podría ser por tres vías
En el contexto de que la reducción o eliminación del subsidio a los combustibles es una de las pocas opciones de optimización del gasto público, se hace cada vez más urgente concretar vías de focalización.
Sin embargo, el primer paso de esa focalización es que se entienda que se deben establecer precios internacionales para todos en general, para que el beneficio de los precios subsidiados solo llegue a sectores específicos.
Según estudios de la fundación FARO, las tres vías para llegar a esos sectores sería: un aumento mayor de Bono de Desarrollo Humano (esto incluye ampliar la base de beneficiarios en los sectores más pobres), compensaciones al transporte público y ayudas directas a los productores agrícolas.