El Estado no produce riqueza, sino que extrae riqueza producida por otros para repartirla. Se debe exigir que se gaste bien cada centavo para evitar caer en continuas crisis.
En el artículo 209 de la llamada Ley Ómnibus o Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, Javier Milei incluyó lo siguiente:
“En la publicidad de las prestaciones o servicios de cualquier tipo en los niveles nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sean de libre acceso o atención por parte de los ciudadanos no podrá utilizarse la palabra ‘gratuito’ o similares debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes”.
Esta disposición, que es parte de la normativa que se está tratando en el Congreso argentino, apunta a un cambio cultural y de la visión que tienen las sociedades latinoamericanas sobre el Estado.
Ese cambio va en la línea de que la gente entienda que los servicios públicos no son gratis; no son dádivas generosas del político de turno, ni se financian con dinero caído del cielo, que no afecta al bolsillo de nadie.
“El Estado no regala nada ni le hace favores a los ciudadanos. Todo lo que ofrece, tanto en bienes como servicios, se financia con los impuestos o el dinero que le saca coactivamente a unos para dar a otros (impuestos)”, explicó Carlos Rocha, economista y exconsultor de organismos internacionales.
Por eso, Milei, en aras de la transparencia y de crear conciencia en la ciudadanía, incluye un artículo como el 209 en su Ley Ómnibus.
La espiral del gasto
Si se pierde de vista que los servicios públicos siempre le cuestan a alguien, se puede caer en prácticas populistas de ofrecer, vía Constitución y leyes, todo tipo de derechos y beneficios sin financiamiento.
Además, Rocha acotó que, como ha ocurrido en Ecuador, los políticos se pueden embarcar en una espiral de gasto público y obras (muchas de ellas con corrupción e ineficiencia) “bajo el mantra de que todo gasto público es bueno y siempre se puede gastar más”.
En Ecuador, como ya ha analizado LA HORA, desde hace varios años el Estado vive en constante déficit fiscal (más gastos que ingresos).
En los últimos 13 años, los gastos en el Presupuesto General del Estado (PGE) han sido, en promedio, superiores a los ingresos en un monto equivalente al 5% del PIB.
Es decir, siempre están faltando entre $400 millones y $500 millones cada mes para cubrir todo el esquema de subsidios, las empresas públicas (muchas de ellas deficitarias), los servicios públicos (incluidos salud y educación), seguridad, entre otros.
Ese faltante solo se puede cubrir por dos vías: más endeudamiento o más atrasos; o lo que es lo mismo, cuentas impagas con proveedores (emprendedores y empresarios), Gobiernos locales, IESS, entre otros.
Esta situación desesperada, que se profundiza con exigencias diarias de más gasto, ayudas y beneficios que llegan de todos los sectores, dan como resultado un Estado endeudado y una economía en crisis permanente.
Propuesta de subida del IVA
Al final de la noche del 11 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea un proyecto de ley económico urgente para subir el IVA del 12% al 15%.
La razón de fondo es que el Estado está ahogado en deudas y atrasos millonarios; y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no le harán más préstamos a un país que sigue viviendo por encima de sus posibilidades.
El ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, reconoció que, para volver a ser sujeto de crédito, se debe ajustar el gasto, pero también incrementar los ingresos permanentes (impuestos).
Así, los ecuatorianos se ven en la circunstancia de chocar de frente con que todo lo que da el Estado se paga, de un modo u otro, y nada es gratis.
Por eso, Alberto Acosta, economista y editor de Análisis Semanal, ha recalcado en múltiples ocasiones que el país no puede seguir eludiendo un proceso real de priorización del gasto público.
“El Estado está plagado de instituciones inútiles que no agregan valor a los ciudadanos. Hay que eliminar todo lo que no agrega valor (incluido el ineficiente subsidio a los combustibles) y priorizar los recursos en lo importante: seguridad, salud y educación”, puntualizó. (JS)
Reformar o morir
A 24 años de la dolarización, en Ecuador están pendientes una serie de reformas estructurales para dimensionar el Estado a un tamaño que pueda ser pagado por el sector privado y que no represente una traba para la inversión y la generación de empleo.
Existen propuestas como la receta liberal, que publicó LA HORA, en una nota del pasado 14 de abril de 2023.
Si no se hace nada y se mantiene un Estado que debe sobre regular a los privados para financiarse, el resultado, de acuerdo con Matthew Carpenter-Arévalo, emprendedor ecuatoriano-canadiense, es un mercado laboral y una economía mayoritariamente informal.
“Por eso, cuando vemos lo que sucede en Argentina, más allá de lo que piensas de Milei como persona, es difícil no estar de acuerdo que la sobre regulación asfixia la creación de empleo y, por ende, profundiza la pobreza”, dijo a través de su cuenta de X.
Además, Carpenter-Arévalo añadió que, en una economía, la capacidad de un gobierno de extender beneficios sociales depende de la capacidad productiva del país. Cuando el gobierno sobre regula la actividad económica, lo empuja al sector informal.
Así, lo que supuestamente no se paga en los servicios públicos, realmente se paga con creces en la forma de informalidad, bajo crecimiento, ineficiencia y burocracia.