Afortunadamente para todo el país, el secuestro de más de 150 guardias carcelarios y miembros del personal administrativo en diferentes cárceles tuvo un final pacífico. Exitosas negociaciones, un ánimo de atenuar el conflicto y una paciente gestión gubernamental lograron poner fin a una crisis que amenazaba con tener un desenlace trágico.
Tras un prolongado cerco por parte de las fuerzas de seguridad, cada día cobraba más fuerza la sospecha de que podía producirse una incursión. Hubiese sido una iniciativa de altísimo riesgo. Las cárceles, por su propio diseño arquitectónico ideado para dificultar el ingreso, la salida y el movimiento en su interior, resultan escenarios sumamente difíciles para cualquier operación de rescate. Probablemente, se hubiese suscitado un baño de sangre que habría tenido un efecto inconmensurable en el ánimo de la ciudadanía; en un momento en lo que el país más necesita es retomar la calma, se habría producido una escalada del ánimo belicista y de la sensación de violenta anarquía.
Ahora resulta justo y oportuno preguntar qué compromisos, si es que los hubo, surgieron de las negociaciones que se llevaron a cabo. Si es que el gobierno hizo promesas o cedió en algún tema, la población tiene todo el derecho a saberlo.
Igualmente, en estas circunstancias, tanto logísticas como de opinión pública, se abre una gran oportunidad para retomar el control efectivo de las cárceles del país. Ahora, que la fuerza pública ha incursionado, es el mejor momento para poner fin a los privilegios de los cabecillas, acabar con la organización de pabellones por bandas y llevar a cabo requisas efectivas. Esto debe ser solo el primer paso.