Camilo Salinas, del Movimiento Construye, calificó de “falsa” y “distractora” la denuncia de ADN de un supuesto conflicto de intereses. El legislador sostiene que se busca ocultar la crisis de un país sin luz.
Una de las características del actual periodo legislativo, que inició el 17 de noviembre de 2023, ha sido la presentación de denuncias en contra de varios asambleístas y, por otro lado, el conocimiento de acusaciones en contra de exasambleístas. Algunas permanecen pendientes de ser tramitadas y otras no han pasado de acusaciones en medio de la efervescencia política ante la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero de 2025.
En marzo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), habló de la posibilidad de crear una comisión para investigar al exlegislador socialcristiano indagado por la Fiscalía General del Estado en el caso Metástasis, Pablo Muentes, aunque aclaró que esto también podría estar a cargo de la Comisión de Fiscalización, donde aún no se oficializa el tratamiento del tema.
Las disputas entre ADN y Construye
Casi un mes después, representantes de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y el bloque de Construye protagonizaron un cruce de acusaciones. Ana Galarza (Construye) respondió a una acusación de Jonathan Parra (ADN) respecto de que una empresa familiar de Galarza habría pasado de facturar $500.000 en 2019 a $5 millones en2020, año en el que trabajó en el Ministerio de Producción.
“Jonathan, la empresa de la que hablas (que no es mía) vende productos alimenticios empacados (consumo masivo) en el año 2020 fue la pandemia, y las cadenas (principales clientes) cuadriplicaron los pedidos, adicionalmente en el 2020 se fusionó la facturación de 2 RUC en uno solo de la empresa. No tenemos nada que ocultar”, escribió Galarza en sus redes sociales.
Turbulencia en el correísmo
La bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC) todavía enfrenta una turbulencia interna por la reciente separación de dos de sus miembros, Milton Aguas y Xavier Jurado. Estas bajas reducen la fuerza del bloque a 49 asambleístas (de los 51 con los que iniciaron la actual etapa legislativa).
Jurado y Aguas renunciaron al bloque correísta después de las críticas que recibieron por votar a favor de la Ley de Turismo, que impulsó el Gobierno.
Sobre aquel accionar, Viviana Veloz (RC) primera vicepresidenta de la Asamblea, argumentó que ambos traicionaron a los principios del partido, y habló de una «posible compra de conciencias de estos legisladores de alquiler a los que no les importa la realidad del país”. (SC)
Construye se defiende en el TCE y en la Asamblea
Construye presentó un recurso de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para revertir una sentencia del juez de este organismo, Ángel Torres, quien sancionó al movimiento con la extinción del Registro de Organizaciones Políticas por no presentar un informe económico de 2022. Una vez conocido el recurso de apelación, le corresponderá al pleno del TCE ratificar, modificar o revocar la decisión de Torres. De lo que resuelva el Pleno, no cabe otro recurso.
Mientras Construye busca dilucidar su permanencia en el mapa electoral, el Gobierno, a través de ADN en la Asamblea pidió a la Contraloría que inicie una investigación al Centro de Especialidades Nefrológicas Babahoyo (Cesneba), que está domiciliado en Babahoyo, provincia de Los Ríos, y que tendría contratos con el Estado.
Inés Alarcón (ADN), informó que en el directorio de esa compañía existen dos asambleístas de Construye y recordó que en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se señala que los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita.
La respuesta a la acusación de ADN llegó del asambleísta, Camilo Salinas, que la calificó de “falsa” y “distractora” que busca ocultar la crisis de un país sin luz, empleo, salud y seguridad.
Salinas aclaró que Cesneba es una empresa familiar privada, constituida en julio de 2016, dedicada a actividades médicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades renales, que paga impuestos y cumple con las obligaciones de la actividad empresarial. “No tengo conflicto de intereses respecto de ella, pues no contrata con la Asamblea”, aseguró. Salinas agregó que él, como representante legal firmó un convenio de cooperación interinstitucional como prestador privado del sistema de salud en 2022 cuando no era asambleístas. En todo caso, comentó que enviará la información pertinente a las instituciones de control “para no permitir ninguna duda”.