El reino del miedo: Miedo entre los funcionarios

Traslados también buscan proteger a funcionarios

‘Ariel’ es un reo de alto riesgo. Incluso, amenaza de muerte a las altas autoridades del país. LA HORA accedió a una alerta oficial, un día antes de su traslado a Cotopaxi, en la que se advierte que este detenido planificó atentar contra autoridades cuya identidad LA HORA se reserva por preservar su integridad.

El motivo es el seguimiento, muy cercano, de Inteligencia sobre las bandas dentro de los presidios, sus movimientos, contactos, divisiones y órdenes. Y también las órdenes de traslados.

El trabajo de Inteligencia ha avanzado al punto de que se conocen las conexiones delictivas entre los líderes de las cárceles, incluso los planes para asesinar a los cabecillas de algunas bandas, como la de los Lobos, pero que nacen desde sus mismas filas y en distintas cárceles.

‘Ariel’, el maleante que mueve cocaína

Ariel Quezada, quien recibió tratamiento por su adicción a las drogas en 2012, tiene tres juicios por tráfico de estupefacientes, según los registros de la Función Judicial. 

En el primero, de septiembre de 2017, fue declarado inocente. Su defensa fue muy hábil en presentarlo como un simple “adicto” a las drogas.  
En diciembre del mismo año fue capturado por segunda ocasión en Cuenca, cuando, según la Policía, tenía en su poder marihuana y más de un kilo de cocaína. Por este delito fue condenado a 20 meses de prisión, pero salió antes de lo previsto. En la Función Judicial no hay registros virtuales de esa excalcelación ni sus motivos, la boleta ni quién la firmó. 

El tercer proceso penal por tráfico de drogas inició en junio de 2019. En ese mes la Policía lo detuvo, nuevamente en Cuenca, pero con siete kilos de cocaína escondidos en un vehículo que fue cargado en Sucumbíos. El logotipo en los paquetes de la droga era un pavo real. En la audiencia de juzgamiento, en julio de 2020, Quezada se acogió al silencio. Fue sentenciado a cinco años de prisión. Pagaba su pena en la cárcel de Turi, antes de sus dos traslados.

Este último caso continúa en la Corte Nacional de Justicia por un pedido de casación. Su defensa quiere demostrar que hubo supuestas anomalías con el manejo de las pruebas en su contra. Y así, quizá, obtener la libertad definitiva.

MIEDO ENTRE LOS FUNCIONARIOS

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, es un General de la Policía (sp) que tiene una de las más sensibles tareas en el país: controlar el crimen. A pocos días de su nombramiento, el 30 de marzo, ya recibió amenazas contra su vida por sus acciones antidelincuenciales, los traslados de los líderes de los cárteles ecuatorianos a La Roca y el respaldo firme a las operaciones policiales.
 
Fuentes del Minsiterio de Gobierno aseguran que las amenazas son reales y hoy cuenta con un importante contingente de seguridad y proteción.
Por otro lado, fuentes de la SNAI relevaron que se han reforzado las seguridades en su edificio matriz, ubicado en el norte Quito. Funcionarios encargados de los asuntos judiciales reciben llamadas y mensajes amenazantes. La fuente asegura que se ejecutan permanentes vigilancias en los alrededores de la sede para identificar a personas sospechosas. Pero hay temor entre los funcionarios. No quieren que se repitan los tres atentados en Guayaquil de inicios de enero, uno de ellos a la directora de la Cárcel de Mujeres, Lorena Caldderón. O el caso de Daniel Cisneros, el agente penitenciario que recibió un disparo en la cabeza el 6 de abril, en Quito.

El reino del miedo: Tragedia carcelaria

El narcotráfico reina en la mente del gobierno y, desde las cárceles, ordena masacres, amenazas a altos funcionarios y cómo el hábeas corpus se convirtió en la herramienta facilitadora del crimen organizado. Todos los poderes puntan a la Justicia y ésta dice “no es conmigo”.

La tragedia carcelaria La figura legal para la protección a la integridad es usada por peligrosos presos. Consiguen salir de la cárcel y asegurar traslados entre presidios que han puesto contra las cuerdas a dos funciones del Estado.

Son 364 seres humanos masacrados sistemáticamente en seis revueltas carcelarias. Desde adentro, pero con claros vínculos en todas las esferas del Estado y la vida pública, los líderes de las bandas manejan estos feudos a su antojo. Viven con limitaciones aparentes pero reinando entre sus seguidores y aparentes pero reinando entre sus seguidores y, hoy, su poder avanza, relegando el control del uso de la fuerza que debería tener el Estado, manejando a operadores de justicia y generando pánico en la sociedad y el gobierno.

El habeas corpus es una herramienta judicial de primer nivel. Es la protectora de última instancia para la propia vida de un ser humano. En nuestra Constitución sirve, no solo para recuperar la libertad, sino para proteger la integridad física de cualquier persona.

La amplitud de esta figura judicial ha sido identificada por los presos más peligrosos del país, por personajes señalados por corrupción y sus abogados para poner de cabeza al sistema judicial; y, como se vio en los últimos días con la masacre de Santo Domingo de los Tsáchilas, al sistema penitenciario.

Las alertas han llegado a los más alto del poder estatal. El 24 de abril se reunieron el presidente Guillermo Lasso; la fiscal general, Diana Salazar; y los presidentes de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. En ese encuentro, que duró cinco horas, se discutió el uso y abuso de esta figura concebida para proteger los derechos humanos. Ellos saben que hay indicios de corrupción en la aplicación del habeas corpus.

De esa sesión de alto nivel salieron consultas a la Corte Constitucional, que fueron rechazadas y cuestionadas por especialistas, incluso por el mismo Tribunal. Estos pedidos reclamaban a la Corte que aclare y delimite la figura para evitar abusos, además que elimine la posibilidad de impedir que un juez sea procesado por prevaricato por sus decisiones y que la Judicatura pueda iniciar exámenes disciplinarios sin necesidad de denuncia.

Mientras en las altas esferas se debate sobre doctrinas, posturas jurídicas y la conveniencia del pedido, en territori ㄧen las cárcelesㄧ, la crisis no para.

Y, precisamente, el habeas corpus sirvió para sacar de la cárcel a Jorge Glas, sentenciado en última instancia por corrupción, junto a alias ‘El Holandés’, acusado de narcotráfico y con difusión roja de la Interpol, al peligroso Junior Roldán, alias ‘JR’, líder de la banda narcocriminal ‘Los Choneros’.

El habeas corpus también fue usado para trasladar a Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias ‘Anchundia’, líder de la banda ‘R7’, y también a Ariel Alexander Quezada Sanmartín, alias ‘Ariel’, líder de la banda ‘Los Lobos’. Los dos últimos son protagonistas de las últimas masacres en las cárceles de Turi y de Santo Domingo de los Tsáchilas, según la Policía.

LOS RESPONSABLES SE LAVAN LAS MANOS
Las críticas por dar paso a los habeas corpus han sido dirigidas al Ejecutivo, a la Función Judicial y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), que maneja las cárceles.
El presidente Guillermo Lasso ha pedido que los cuestionamientos vayan a la Función Judicial, escudándose en su discurso de “no meter la mano en la justicia”, aunque dice estar preocupado.

Desde la Función Judicial, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Fausto Murillo, aseguró en una comparecencia ante la Asamblea Nacional, que no puede interferir en las decisiones que emiten los juzgadores. “Son ellos los que tienen la responsabilidad y deben responder por sus decisiones”, aseveró. Y desde el SNAI, con el Departamento de Patrocinio, se esfuerzan ㄧde forma tardíaㄧ por intentar revertir las decisiones luego de otorgar beneficios para los reos peligrosos. Para la Corte Constitucional el tema está saldado…

ALIAS ‘ARIEL’: UNA JOVEN VIDA PLAGADA DE MUERTE Y AMENAZAS

Uno de los protagonistas de las masacres en Turi y Santo Domingo es Ariel Quezada Sanmartín, alias ‘Ariel’, de 25 años. El líder de ‘Los Lobos’ mostró su poder al ordenar los desmanes en esos presidios. Las autoridades lo responsabilizan de causar 63 muertes por el enfrentamiento entre las bandas, que pasaron de ser ‘delincuenciales’ a criminales carteles de narcotráfico.

De Turi, el 3 de abril, alias ‘Ariel’ pasó a La Roca. Y de esa cárcel, la más segura del país, gracias a un habeas corpus logró trasladarse a Cotopaxi el 26 de abril. Los argumentos de su defensa fueron que su vida corría peligro porque otros líderes anunciaron que atentarían en su contra.

Alfonso Ordeñana, el Juez del Tribunal Cuarto de la Sala Especializada Civil Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ordenó su último traslado.

La ONU pide a Ecuador cambios urgentes en su sistema carcelario

Entrega de dos de los reos fugados durante el motín carcelario del lunes en Santo Domingo.

El comunicado se emitió a propósito de la última masacre carcelaria ocurrida el 9 de mayo en la cárcel de Santo Domingo, que se saldó con 44 fallecidos.

BOGOTÁ. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este 10 de mayo de 2022 que la última de una serie de masacres en cárceles de Ecuador, ocurrida este lunes (9 de mayo), muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia penal y del penitenciario para resolver esta prolongada crisis carcelaria.

La víspera (8 de mayo) al menos 44 presos fueron asesinados en la prisión de Santo Domingo, con lo que el número de reclusos fallecidos en enfrentamientos entre bandas rivales en poco más de dos años superó los 400.

Si en 2020 fueron 46, la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas se desbordó en 2021, cuando se registraron 316 reos perecidos en distintas matanzas, y este 2022 va rumbo a repetir una cifra similar al acumular de momento 64 muertes.

Bachelet indicó que se presume que el Estado es responsable por estas muertes, que deben ser investigadas de forma transparente.

«Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes«, sostuvo mediante un comunicado leído por su portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.

El Gobierno ecuatoriano lanzó el pasado febrero una política pública para la rehabilitación social de prisioneros, desarrollada con apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el organismo que dirige Bachelet.

En ella hubo una considerable participación de la sociedad civil, de familiares de presos y de ellos mismo, y ahora la alta comisionada pidió a las autoridades que entreguen los recursos necesarios para implementar esa política y que se considere reducir «el excesivo uso del encarcelamiento».

«El Gobierno también debe considerar una hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción», precisó. EFE

Avioneta que trasladaba a un reo de alta peligrosidad se accidentó en Esmeraldas

Los 6 tripulantes fueron rescatados con vida y llevados a casas asistenciales. Foto: Twitter Policía Nacional.

Los ocupantes de la avioneta fueron rescatados por pescadores. La aeronave presentó fallas luego del despegue.

QUITO. Una avioneta de la Policía Nacional de Ecuador se accidentó este 4 de mayo de 2022 cerca de la costa. Sus seis tripulantes fueron rescatados con vida pero con lesiones leves, principalmente quemaduras de primer grado, según informó esta fuerza de seguridad.

La aeronave se precipitó cerca del balneario de Camarones, en la provincia de Esmeraldas, e inmediatamente pescadores de la zona rescataron a sus ocupantes, quienes fueron trasladados a centros de salud para recibir asistencia médica.

Entre los ocupantes de la avioneta se encontraba un detenido de alta peligrosidad, según detalló el jefe policial de la Subzona Esmeraldas, Javier Buitrón. El uniformado explicó que el reo sería uno de los líderes de las bandas delincuenciales que operan en Esmeraldas.

Este detenido era trasladado en la aeronave desde Esmeraldas hasta Manta, en la provincia de Manabí, para asistir a una audiencia judicial.

«Lamentablemente, al momento de despegar se apagó un motor y cayó precipitadamente al mar. Tuvimos la fortuna de que los pescadores del lugar vieron la avioneta caer y fueron a socorrer a los tripulantes», narró Buitrón.

El coronel de la Policía destacó que todos pudieron ser rescatados con vida, incluido el detenido, quien viajaba esposado.

«Todos están fuera de peligro, aunque están llegando al Hospital Naval para que se les realice un chequeo general», precisó el policía, que atribuyó las quemaduras de los ocupantes de la aeronave al combustible que se incendió tras estrellarse en el agua.

Este accidente se produjo en el quinto día del estado de excepción declarado por el Gobierno en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas para hacer frente a la creciente violencia e inseguridad perpetrada por organizaciones criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico.

En los últimos meses se ha vuelto frecuente la aparición de personas decapitadas y de asesinatos a manos de sicarios, principalmente en torno a Guayaquil, capital de Guayas, cuyo puerto es uno de los principales trampolines de la cocaína producida en Colombia, Perú y Ecuador para llegar a Estados Unidos y Europa. EFE

Organizaciones delictivas también estarían en la cárcel de Ambato

Realidad. Las armas que se encontraron en el operativo estaban junto a sus respectivas municiones.

Centenares de fallecidos se han registrado en las cárceles del Ecuador debido a los amotinamientos y la pugna de poder que se generan entre organizaciones delictivas que residen al interior de los centros penitenciarios.

Según las autoridades, se tienen plenamente identificadas las bandas delictivas que operan dentro de los centros de reclusión y cada una de ellas busca generar el control de las cárceles.

 

Localidad

En el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, no se han generado estas matanzas pues a través de operativos generados por la Policía Nacional se han decomisado una serie de objetos prohibidos, entre ellos cuchillos y drogas.

Sin embargo, en una de las últimas requisas, los uniformados decomisaron dos armas de fuego, con sus respectivas municiones.

Estas supuestamente iban a ser utilizadas para asesinar a miembros de organizaciones delictivas que existirían dentro de las celdas de la cárcel de Ambato.

 

EL Dato: 316 reos murieron en Ecuador en 2021.
 

 

Situación

“La información que teníamos era de que estas armas de fuego eran ocupadas por las organizaciones delictivas iban a ser utilizadas para atentar contra la vida de ciertos internos”, manifestó Erik Gonzales,  jefe de la Dirección General de Inteligencia (DGI).

Por ello se generó un operativo en conjunto con Policía Judicial (PJ), Antinarcóticos y más unidades quienes ingresaron de forma sorpresiva al centro penitenciario.

Los uniformados registraron uno a uno cada pabellón de la cárcel y, para sorpresa de ellos, a más de los objetos comunes como teléfonos celulares, accesorios, encendedores y hasta joyas, encontraron dos armas de fuego tipo revólver, así como también 10 municiones calibre 38 y 38 municiones calibre 22.

Gonzales, explicó que las armas se encontraban escondidas en las denominadas caletas. “En base a este operativo hemos evitado que se cristalicen las muertes violentas al interior de este centro”, dijo.

 

Autoridad

Fidel Viteri, director de la Cárcel de Ambato, explicó que este trabajo es coordinado directamente por la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional y que incluso el personal de la cárcel desconoce los detalles.

El funcionario indicó que, el centro carcelario de Ambato, es una de las pocas cárceles que mantienen la tranquilidad, esto a pesar de que cuando se desató la violencia carcelaria, varios internos fueron trasladados a la ciudad y de a poco ya han retornado a sus provincias.

“Siempre estamos dialogando y controlando a ciertos internos que se identifican como representantes de organizaciones, entre ellos Latin Kings y los Lobos, pero no hemos tenido inconvenientes”, dijo. (FCT)

Las bandas criminales se multiplican en las cárceles

Los Choneros se han visto debilitados desde 2020 con la rebelión de sus células.

Las subcélulas de las bandas que se disputan el control penitenciario tienen menos confianza en sus líderes.

Como reza el dicho: “nadie sabe para quién trabaja”. En las cárceles del Ecuador, la división y desconfianza entre miembros de organizaciones delictivas complica más el camino del Gobierno, hacia la disminución de violencia. Así lo detallan informes de la Comisión de Diálogo Penitenciario y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Para entender esto, es necesario retroceder al momento en que las cárceles se convirtieron en espacios de expansión de las pandillas que responden a cárteles de narcotráfico.

 Las subcélulas rebeldes 

Desde 2011, la banda de los Choneros fue ‘ama y señora’ de las cárceles. El control lo logró captando cerca de 12.000 miembros en todo el sistema penitenciario, por más de una década.

De los Choneros nacieron cuatro subcélulas: Los Chone Killers, Los Lobos, Los Pipos y Los Tiguerones. Pero, para finales de 2020, estas bandas que habían aprendido la dinámica de la cárcel por la instrucción que recibieron de los Choneros, se rebelaron– a raíz de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’–. El tiempo coincide con las matanzas carcelarias que, en 2021, dejaron 316 presos cruelmente asesinados.

A las subcélulas rebeldes, se suman bandas como los Lobos y los Lagartos, que también tiene un subgrupo ‘los Gángster Negros’. Todos ellos buscan controlar las cárceles y su rivalidad directa también es con los Choneros, así lo recoge en un informe InsightCrime.

El coronel Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del Ejército, dice que esta expansión de grupos es peligrosa, porque su identificación se complica y también el camino hacia una “tregua”. Además, las cárceles se vuelven más violentas, “porque hay más grupos que se enfrentan, primero, por el control de pabellones y luego de las cárceles”.

El mismo criterio lo tiene la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, creada en diciembre de 2021, con el fin de generar una política de ‘humanización carcelaria’. A problemas como el hacinamiento, la comisión le suma la imposibilidad de una tregua, ya que existe rechazo de los miembros de bandas y células hacia sus líderes. Esta es una de las razones por las que firmar un acuerdo de paz ha sido imposible, dice la presidenta de la Comisión, Nelsa Curbelo.

Pagos a funcionarios

En un informe, con el diagnóstico de diciembre de 2021 a marzo de 2022, la Comisión señaló que la corrupción de las cárceles está en todos los niveles. Al menos el 10% de funcionarios que trabaja en el sistema penitenciario recibiría algún tipo de pago de las bandas criminales.

En el informe se señala que “la corrupción, como violencia estructural, coexiste en diferentes instituciones del Estado relacionadas directamente con la problemática carcelaria: el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), la Policía y la Función Judicial”.

A esto se suman los tratos diferenciados a líderes de bandas, como identificó la CIDH, que entrevistó a Adolfo Macías alias ‘Fito’ y Junior Roldán ‘JR’, líderes de los Choneros, que han formado otras dos subestructuras: Los Fatales y los Águilas.

La CIDH reportó que por la vestimenta, variada y en mejor estado, hay “líderes que cuentan con un trato diferenciado y preferente por las autoridades”. Estos beneficios son conocidos por reos, que no se sabe si comen tres veces al día, como lo reconoció el SNAI. Estos, según Pazmiño, son factores que promueven la disidencia y, por ende, un camino truncado hacia cárceles sin violencia.

Una de las estrategias del Gobierno para sostener al sistema carcelario ha sido el traslado de cabecillas a la cárcel de la Roca, en Guayas. Tanto la Comisión, como Mario Pazmiño, han advertido que será necesario el refuerzo de la inteligencia penitenciaria para evitar represalias por los traslados. (AVV)

Se estima que un 1 de cada 10 funcionarios de las cárceles trabaja para las bandas delictivas, según la Comisión de Pacificación.

 “Por un lado (las cárceles) son centros de castigos. Por otro, son escuelas de tácticas delincuenciales”, Nelsa Curbelo, presidenta de la Comisión de Diálogo Penitenciario.

Se abrieron las convocatorias al SNAI

Hasta la media noche de hoy 20 de abril los ciudadanos interesados en formar partes de las filas del SNAI podrán postularse
Frente a las diferentes necesidades evidenciadas en los centros penitenciarios a nivel nacional el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) emprende acciones para reforzar la seguridad de los centros penitenciarios a escala nacional y garantizar así una convivencia pacífica entre la población penitenciaria.

Acción

Desde este 18, 19 y 20 de abril se abrieron las convocatorias para que las personas interesadas formen parte del nuevo proceso de reclutamiento de servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) en todo el territorio ecuatoriano.
Los jóvenes esmeraldeños deberán ingresar a la web oficial https://reclutamiento.policia.gob.ec para efectuar su postulación a agente de seguridad penitenciaria.
Formación
Las personas aspirantes que resulten escogidos contarán con una formación académica y de seguridad penitenciaria de cinco meses, bajo una modalidad de estudios de internado en los centros de formación, para luego obtener el grado jerárquico de agente de seguridad penitenciario.
Además, dentro del proceso de reclutamiento, selección e ingreso del aspirante al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria deben cancelar ciertos valores, los cuales constan en la página oficial de la policía nacional y son: Evaluaciones médicas odontológicas, evaluaciones toxicológicas, seguro de vida y alimentación para los que sean notificados oficialmente en el sistema de reclutamiento, esto según el decreto ejecutivo n 377 firmado por el presidente Lasso el pasado 22 de marzo del 2022, donde resuelve reformar el reglamento para el efectivo cumplimiento de la gratuitas, financiamiento y capacitación de las personas aspirantes al cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria del Ecuador, los aspirantes deberán solventar sus gastos con un aproximado de 815 dólares durante el tiempo de formación.

Recuadro
Requisitos para postulantes

-Ecuatoriano, mayor de 18 años hasta los 38 años de edad
-Cédula y certificado de votación
-Estatura mínima: 1,68 hombres y 1,57 mujeres, descalzos
-Registro titulo de bachiller o acta de grado
– No presentar impedimento para ejercer cargos públicos
-No presentar antecedentes penales o adeudar dos o más pensiones alimenticia

73 reos de la cárcel de Loja estudian desde sus celdas

ESTUDIOS. Personas privadas de libertad acceden a educación.

Las personas privadas de libertad en Loja que están retenidas en el Centro de Rehabilitación Social, aparte de estar dedicados a las actividades productivas y de emprendimiento como: carpintería, artesanías y más, también destinan parte de su tiempo para estudiar y superarse. Durante los últimos días no ha habido amotinamientos en esta provincia, el control continúa durante las 24 horas.

Programa de estudios

Actualmente, en este Centro, 16 personas estudian la universidad, 40 el colegio y 17 están concluyendo sus estudios de primaria. Últimamente, en la prueba Transformar tomada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), alrededor de 16 personas, 14 varones y 2 mujeres rindieron la evaluación.

Cuentan con el servicio de Internet y un Infocentro para la preparación y educación de los reos. Tienen convenio con el colegio Ángel Pastrana Corral para la enseñanza en primaria y secundaria, con presencia de maestros de manera presencial. En cambio, para la educación superior poseen becas al 100% en instituciones como: Espec, Universidad Técnica de Manabí y Universidad Estatal de Milagros, las clases son virtuales.

Pandemia paró los estudios

Hasta antes de la pandemia en el Centro estudiaban más de 180 personas privadas de su libertad, pero la pandemia hizo que las actividades se paralicen por algún tiempo, pero luego de unos meses se retomaron. Algunos dejaron de estudiar, otros salieron libres y unos pocos siguen preparándose para ser profesionales. La educación es uno de los cinco ejes fundamentales del Sistema de Atención Integral.

Preparación

Según las cifras, en junio de 2019 contaban con 21 alumnos y hasta marzo de 2020, antes de la pandemia, la cifra alcanzó los más de 200 estudiantes, tras el apoyo de las universidades: Técnica Particular y Nacional de Loja, y colegio Ángel Pastrana e Instituto Técnico La Castellana, en ese entonces. Estos centros entregaron becas y facilidades de estudio para que las personas puedan superarse académicamente, bajo la modalidad de estudio a distancia.

 

TOME NOTA

En septiembre de 2020 retomaron las actividades con 180 alumnos, después de la pandemia.

EL DATO

Alrededor de 43 agentes de seguridad penitenciaria resguardan la seguridad interna de los reclusos.

Agente penitenciario recibió disparos que eran contra un reo

Edificio del SNAI, en la avenida 12 de Octubre de Quito, donde ocurrió el ataque.

De cuatro disparos, unos impactó en la cabeza del guía cuyo estado de salud se desconoce.

El sonido de las balas irrumpió la tranquilidad de quienes transitaban, este 6 de abril de 2022, por la avenida 12 de Octubre, en el centro-norte de Quito.

A las 14:30, según relatan testigos, un hombre bajó de un auto rojo y disparó, desde la calle, hacia el primer piso del edificio del SNAI.

Ahí se encontraba firmando su prelibertad un reo, presuntamente miembro de una de las bandas que se disputan el control de las cárceles.

Junto al reo estaba Danilo Cisneros, agente penitenciario, quien cumplía labores administrativas y se encargaba del control del libro de firmas de las personas que tienen beneficios penitenciarios.

Uno de los cuatro disparos que hizo el atacante (que huyó de inmediato) impactó en la cabeza de Cisneros, de 40 años. Él fue trasladado al hospital Eugenio Espejo para ser atendido de urgencia. Su estado de salud es reservado. En redes sociales se ha difundido la noticia de su muerte, pero ninguna fuente del Gobierno o del Hospital lo ha confirmado.

Patricio Carrillo, ministro del Interior, señaló que se determinó que el atentado iba contra el reo que firmaba su prelibertad; pero que fue el agente quien resultó herido.

El funcionario agregó que todo está siendo investigado pero que no puede dar más detalles.

Una amenaza de bomba

Luego de los disparos. A las 14:45, ingresó una alerta de amenaza de bomba, en el mismo edifico de SNAI. El personal evacuó, al tiempo que llegaban los paramédicos y la Policía Nacional para auxiliar a Cisneros.

Personal táctico anti explosivos llegó al lugar y descartó la amenaza. (AVV)