El Gobierno de Noboa no pudo impedir que 2023 se cierre con cuentas sin pagar por más de $3.500 millones. Esas cuentas se transforman en deuda para un complicado 2024.
A pesar de medidas desesperadas, como pedir el pago anticipado de impuestos a grandes empresas como La Favorita, el Gobierno de Daniel Noboa no pudo evitar que el año 2023 cerrara con una abultada deuda por atrasos de $3.541 millones.
Así, este 2024 y el Presupuesto General del Estado (PGE) que se prepara contrarreloj, tiene como uno de sus puntos de partida millonarias cuentas por pagar que generan impactos directos tanto para las finanzas públicas como para la economía de personas y empresas.
Dentro de los atrasos que no se alcanzaron a cubrir están $497 millones por bienes y servicios recibidos por proveedores, $1.675 millones de transferencias corrientes (sobre todo con el IESS y con Gobiernos locales), $275 millones de gasto de inversión, $894 millones de transferencias de capital y $89 millones de la nómina pública.
Andrea Vinueza, economista, explicó que un Estado desfinanciado, y con más gastos que ingresos, provoca perjuicios directos en la generación de empleo, la inversión y el crecimiento.
“Los millones que no se pudieron pagar a proveedores representan empresas sin liquidez, con problemas para pagar sus deudas en los bancos y sin músculo para invertir y menos para contratar personal. El principal factor para que una economía crezca es que el Estado esté financiado, gaste solo hasta donde le alcancen las sábanas y no busque a la desesperada sacarle dinero al sector privado para cerrar las cuentas del presupuesto estatal”, dijo.
Lamentablemente, la realidad de Ecuador es que el año 2023 terminó con un déficit fiscal (más gastos que ingresos) de $5.373 millones.
Ante el escaso acceso a financiamiento externo, debido a un riesgo país de 2.064 puntos y a la incapacidad de hacer reformas estructurales, ese déficit se cubrió en su mayor parte con atrasos, o cuentas impagas a proveedores, otras instituciones estatales, contratistas de obras, municipios y prefecturas, entre otros.
Patear los problemas para después
Los atrasos no son más que una forma de aplazar la solución de los problemas fiscales. Se dejan cuentas por pagar para después, pero el 2024 se presenta igual o incluso más complicado que 2023.
Al final del año pasado, ante una caída en la recaudación de impuestos de $1.443 millones y de $1.332 millones en los ingresos petroleros, además de un aumento de $746 millones en el gasto de intereses de deuda, la estrategia del Gobierno de Noboa fue sacar liquidez de entidades como la Corporación Financiera Nacional (CFN), emitir papeles de deuda interna para que los compren bancos y el IESS, pedir pago de impuestos anticipados a grandes empresas.
Con eso se tapó algo del hueco fiscal, se lograron pagar algunas cuentas de gobiernos locales y cubrir el 99% de los sueldos públicos. A cambio se restó liquidez al sistema financiero para que dé más crédito y eso complicó la situación financiera del seguro social, entre otros efectos.
Así, por ejemplo, ante la falta de pago, el fondo de pensiones tuvo que comerse $1.100 millones de sus ahorros (20% menos) en 2023. Esto hace que inicie 2024 con un saldo de $5.500 millones, que, en el caso de que no recibieran ningún aporte estatal, solo alcanzaría para un año de jubilaciones.
Por eso, los millonarios atrasos en el sector público representan una mala noticia para la economía de afiliados y pensionistas, emprendedores en busca de financiamiento y empresas que deben aplazar planes de inversión e incluso contratación para pagar anticipadamente impuestos al Gobierno de turno.
Para inicios de 2024, todo apunta a que habrá más de lo mismo. Durante una entrevista con Bloomberg, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, dijo que se buscará financiar parte del gasto público con la venta de un porcentaje del oro en las reservas internacionales del Banco Central; la vuelta a las preventas de petróleo; además de seguir buscando sacar liquidez de otras instituciones del Estado. (JS)
¿Se viene el inevitable ajuste en la nómina estatal?
En el Estado falta dinero y el actual ministro de Economía, Juan Carlos Vega Malo, aseguró en días pasado que el Gobierno apunta a un recorte del gasto público de $1.000 millones en 2024.
En primera instancia se habló de un posible ajuste en las empresas públicas, iniciando con la liquidación del EMCO; también se abrió la posibilidad de avanzar en una focalización, aunque sea parcial, del subsidio a los combustibles.
El 2 de enero de 2024, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, añadió otro componente a la ecuación. Como reportó LA HORA, el funcionario dijo que se está revisando cómo recortar la nómina en todos los sectores de la Función Ejecutiva; pero sobre todo con respecto a los contratos ocasionales firmados en los últimos meses del anterior Gobierno.
Asimismo, el IESS, a través de un comunicado sin mayores detalles, también anunció que está en marcha “un proceso de mejora institucional a través de la optimización del talento humano”. Eso apunta a una posible reducción de una planta de trabajadores que en el caso del IESS llega a más de 34.000.
Hasta el momento, 124 personas con contratos ocasionales ya habrían sido desvinculados del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS.
Todo esto va de la mano con un Estado que no puede pagar sus cuentas y acumula millonarios atrasos.
Para el exministro de Economía, Fausto Ortiz, la mejor opción que se tiene para reducir en algo el gasto público actualmente es la focalización del subsidio a los combustibles.
En el caso del recorte del tamaño del Estado (reducción de la nómina), Ortiz considera que “hay abundante evidencia de que incluso a los que más fuerte lo gritaban se les complicó hacerlo. El camino argentino será interesante analizarlo para sacar algunas conclusiones”.
A la fecha, todo hace pensar que, sin cambios de fondo, en 2024 se repetirá un déficit fiscal de más de $5.000 millones; mientras el Gobierno de Noboa todavía no tiene un plan económico que le sirva para convencer a los organismos multilaterales que le presten más dinero a Ecuador.