Peor que un pacto

Ante el comportamiento de ciertos funcionarios públicos, totalmente reñido con los objetivos y principios que el gobierno profesa, muchos denuncian un supuesto pacto entre el régimen del presidente Guillermo Lasso y el correísmo. Esa es la única explicación verosímil que encuentran para tanta incoherencia, como las amnistías masivas o la salida de prisión del exvicepresidente Jorge Glas. No obstante, es posible que exista un peor escenario: que el Ejecutivo no tenga control efectivo del Estado y que gran parte de los servidores públicos tengan su lealtad puesta en otro lado; que lo que esté en curso no sea un pacto, sino una suerte de motín en el que ciertos funcionarios obedecen a quienes consideran sus verdaderos jefes, sin que el Gobierno pueda hacer nada para impedirlo.

Durante los más de diez años que estuvo al frente del Estado ecuatoriano, el expresidente Rafael Correa duplicó la cantidad de empleados públicos —más de trescientos mil nuevos puestos— y triplicó el gasto en salarios. Las instituciones que participaron más activamente en ese crecimiento son las que hoy más críticas despiertan. ¿Acaso olvidan que la gran mayoría de funcionarios en mandos medios y bajos en la Judicatura, Salud, Educación, Policía y Defensa llegaron allí durante los 14 años de correísmo? Aquellos trabajadores, y sus lealtades, continúan allí.

En contraste, sin un partido fuerte ni una cosecha propia de funcionarios, atado además a un discurso de reducción del Estado y de ‘respeto’ a las instituciones, el presidente Lasso no ha logrado hacer sentir su presencia en el sector público mientras otros ejercen control. No sorprende que la burocracia, por inercia, insista en servir a los que adeuda su existencia.

FRASES DEL DÌA

«Los hombres desaprueban, por lo común, lo que son incapaces de ejecutar.”

Kristina Vasa (1626-1689), reina de Suecia

«En las revoluciones la autoridad recae en los mayores sinvergüenzas.”

Georges Jacques Danton (1759-1794), activista francés

El Gobierno tiene 510.800 burócratas al cierre de 2021

REALIDAD. El sector de la salud es uno de los que más gasto representa

En 2018, el número ascendía a 541.388, lo que significa que se han perdido 30.588 puestos en cuatro años. El gasto mensual actualmente llega a casi $570 millones

En noviembre de 2021, la nómina en el Gobierno Central significó un gasto de $569,93 millones. Ese gasto se reparte en las remuneraciones de 510.800 burócratas, de acuerdo con la información disponible en el recientemente lanzado portal de datos abiertos.

Un análisis del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) estableció que la nómina estatal sumaba 541.388 funcionarios en 2018. En otras palabras, en los últimos cuatro años, la reducción neta de la burocracia (tomando en cuenta entradas y salidas) llega a 30.588 puestos de trabajos, es decir, el 5,6%.

Escaso análisis de nómina

El promedio de los sueldos en el sector público está en $1.115,75 mensuales al cierre de este año. Esto representa un 92% más que el promedio de $580 que recibe como remuneración un trabajador formal en el sector privado.

Sin embargo, todavía 83.067 burócratas tienen contratos ocasionales. De ese total, 50.189 (60,40%) corresponden a trabajadores, tanto operativos como administrativos, dentro de salud y educación.

Santiago Bolaños, economista, comentó que una de las aristas del mal manejo en el gasto público es que la mayoría de los contratos temporales están concentrados en los sectores que en teoría deberían ser prioritarios.

“En el Gobierno de Lenín Moreno se hicieron recortes sin criterios de eficiencia ni de prioridad. Nunca se presentaron los tan anunciados análisis de planta óptima en entidades como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El actual Gobierno de Guillermo Lasso debe generar ahorros, pero sin afectar servicios básicos”, dijo.

¿Se debe recortar la nómina pública?

Según Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, hay espacio de recorte, incluso en los sectores prioritarios, debido a que se estima que hay un exceso de alrededor del 15% en puestos administrativos.

A pesar de eso, esas estimaciones no se sustentan en ningún tipo de estudios oficiales, tanto desde los últimos tres Gobiernos, sociedad civil u organismos internacionales. En otras palabras, no hay sustentos técnicos de ningún tipo para saber qué tamaño de nómina sería el adecuado para un país con las necesidades del Ecuador.

Bolaños puntualizó que todos hablan de la ineficiencia en el gasto público, pero nadie ha podido concretar en donde están los puntos críticos y cómo se puede optimizar para que el dinero vaya a donde más se necesita.

Sin despidos hasta que mejore la economía

En su discurso del 24 de mayo de 2021, Guillermo Lasso ofreció un sector público eficiente para “erradicar el hambre, la enfermedad, la falta de educación, el abandono”. Para eso se haría una auditoría integral para identificar el mal gasto en nómina, entre otros destinos, y dar más financiamiento a la inversión.

Ese cambio de prioridades no se ve en el presupuesto para 2022, donde la inversión solo se lleva $0,05 de cada $100.

José Gabriel Castillo, viceministro de Economía, ha asegurado, sin dar mayores detalles, que está analizando cómo se optimizará el gasto; pero ha descartado que se vaya a impulsar despidos en el sector público mientras la reactivación económica no genere el suficiente empleo en el sector privado.

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Seis de cada diez burócratas están en salud, educación y defensa

Con corte a noviembre de 2021, el 65% de la nómina estatal está concentrada en cuatro áreas. Así, se registran 51.649 policías, los cuales generan un gasto mensual en sueldos de $66,36 millones. En el caso de los militares, el número de funcionarios llega a los 41.256, con un gasto mensual de $59,67 millones.

Por su parte, la nómina en el sector de educación suma 184.447 personas, lo que representa un desembolso al mes de $160,77 millones. Mientras, en salud, el número de colaboradores es de 56.138, con un gasto de $58,16 millones.

En este contexto, estas cuatro áreas suman un peso económico de $344,96 millones, es decir, el 60,53% de los $569,93 millones que se desembolsa mensualmente por gasto en sueldos dentro del Gobierno Central.

En promedio, la remuneración en los sectores prioritarios llega a $1.346 mensuales; pero los peor pagados son los docentes, con un sueldo de $872. (JS)

Desde 2018, el empleo formal en el sector privado se ha reducido en más del 40%; mientras que la caída en el sector público es de menos del 6%.

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Gobierno redujo el 48% de los atrasos que heredó

REALIDAD. El ministro Cueva ha tenido que enfrentar una pesada carga de cuentas pendientes

Sigue habiendo cuentas pendientes, sobre todo con sectores sociales como el IESS, pero las cuentas pendientes son menores

El 24 de mayo de 2021, el actual Gobierno se encontró con que el nivel de atrasos en el sector público era mayor de lo esperado. La administración de Moreno aseguraba que dejaba cuentas pendientes por casi $2.000 millones, pero la realidad era que estaban impagos $2.700 millones.

El ministro de Economía, Simón Cueva, enfrentó desde el día uno una pesada carga, la cual era equivalente a casi dos meses del gasto total de todo el Gobierno Central.

Sin embargo, en un poco más de dos meses, ese nivel de atrasos se ha reducido en un poco más del 48%, es decir, un poco más de $1.300 millones.

En otras palabras, la administración de Guillermo Lasso ha conseguido reducir de manera significativa los pagos no hechos a proveedores, gobiernos locales y otras instituciones públicas.

Así, por ejemplo, el atraso en sueldos y salarios llega a $11 millones. Eso representa menos del 2% de los desembolsos de más de $700 millones que deben hacerse cada mes por ese concepto.

En los peores meses de la pandemia, durante 2020, los impagos a la burocracia llegaron a superar los $300 millones. El año pasado se produjo un recorte del 7% en este rubro.

Uno de los sectores más afectados es el de la protección social. Existen denuncias, por ejemplo, de que no se han pagado las remuneraciones de las personas que trabajan en los centros de acogida vinculados al ministerio de Inclusión Económica y Social.

Esto a pesar de que esa cartera de Estado asegura que, hasta la fecha, ha recibido casi el 80% del presupuesto anual, es decir, más de $1.900 millones.

Andrea Domínguez, economista, comentó que la principal cuenta pendiente es una revisión integral de la calidad del gasto. Esto implica cómo y a qué se destinan los recursos públicos.

“El Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de aprobar la renegociación del acuerdo con Ecuador, aseguró que todavía hay falta de transparencia en varios sectores. Eso provoca que el dinero no siempre llegue donde más se lo necesita”, puntualizó.

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IESS y obra pública acumulan los mayores atrasos

Los atrasos en transferencias corrientes a diferentes instituciones públicas suman $912 millones. Un 60% de ese valor está relacionado a pagos pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Esta institución necesita al menos $1.000 millones anuales de aportes estatales para mantener a flote al fondo de pensiones. Ese monto irá creciendo en los próximos 24 años hasta convertirse en casi el 80% del gasto social del país.

Además de la deuda por las transferencias corrientes, el Gobierno debe enfrentar las cuentas históricas pendientes con el IESS. Esas cuentas superan los $6.000 millones, sobre todo con el fondo de salud; pero desde la administración de Moreno no se pudo llegar a un acuerdo sobre el monto total y el cronograma de pago.

A pesar de esto, el gasto en esas transferencias superó los $2.600 millones hasta el 30 de septiembre de 2021. Ese nivel es mayor a los $2.100 millones alcanzados en igual periodo de 2019.

Por otra parte, los atrasos en inversión y obra pública sumaron $322 millones. Esos valores están pendientes, aunque el Estado ha gastado más de $4.200 millones por ese concepto en lo que va de este año. Ese valor es mayor a lo que se tenía en 2019 y 2020; además, está muy cerca de  los $4.379 millones de 2018.

En otras palabras, el Gobierno está gastando más que en años anteriores para suplir las carencias heredadas.

La optimización del gasto es urgente

Según el exministro de Economía, Fausto Ortiz, el Gobierno ha podido reducir los atrasos gracias a los mejores precios del petróleo y a que la recaudación de impuestos ha mejorado. Por ejemplo, en septiembre se registraron ingresos tributarios por $1.130 millones.

Ese resultado es el mejor de un mes de septiembre durante los últimos seis años. Solo en 2014 y 2015 se generó mayor aporte de los contribuyentes con $1.184 millones y $1.153 millones, respectivamente.

Sin embargo, por el lado del financiamiento público, el país ha logrado levantar casi $1.600 millones de deuda interna; casi $1.500 millones de organismos multilaterales y casi $300 millones de otros Gobiernos.

Hasta finales de 2021, se necesitan por lo menos $4.500 millones adicionales para cubrir la mayoría de los gastos y quedar con atrasos de algo más de $1.000 millones.

En otras palabras, el estado de las cuentas públicas es complicado, con un déficit de $400 millones mensuales; por lo que se necesita urgentemente de optimización y recortes.

Desde el Ministerio de Economía se ha asegurado que los detalles de cómo se reducirá el tamaño del Estado, dentro del acuerdo renegociado con el FMI, se anunciarán esta semana.

El recorte hasta 2025 sería de entre $3.500 millones y $4.000 millones. Esa planificación debe quedar plasmada en el presupuesto 2022, que tiene que enviarse en la Asamblea durante este mes de octubre 2021. (JS)

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Monopolio de Seguros Sucre perjudicó en $480 millones al país

Los contratos con Petroecuador son de los más cuestionados

El presidente Lasso ordenó liquidar la empresa, pero el monopolio en la contratación pública causó un gran perjuicio. Se necesita una auditoría forense.

Hasta el año 2007, de un total de 40 compañías, Seguros Sucre tenía una participación de apenas el 1,82% en el mercado y ocupaba el puesto 22 en el ranking por prima neta pagada. Desde 2008, con Rafael Correa como presidente de la República, esa empresa se convirtió en un monopolio para el aseguramiento dentro de todo el sector público.

El primer paso fue entregarle las pólizas de todos los vehículos y los contratos de 170 dependencias estatales.

En 2009 se estableció, a través del oficio Circular No. T.4258-SGJ-09-943, la obligación de que las entidades públicas contrataran de forma directa con Seguros Sucre. Las contrataciones comenzaron a hacerse sin concurso, bajo la figura del llamado régimen especial.

Así, hasta mediados de 2019, esa compañía acumuló $1.141,6 millones en contratos, lo que equivalía al 77% del pastel del negocio de seguros.

Un estudio realizado entre el Servicio Nacional de Contratación (Sercop) y el Banco Mundial (BM) reveló que a nivel general se abusó de la contratación bajo la figura de régimen especial o contratación directa.

Como consecuencia, los precios obtenidos mediante este mecanismo fueron, en promedio, dos veces más caros. De la comparación entre precios contratados con régimen especial y régimen común, se concluyó que, si entraban a competencia, el país se habría evitado pagar $1.400 millones.

Según la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose), las contrataciones irregulares con Seguros Sucre costaron al país $40 millones al año; es decir, alrededor de $480 millones hasta 2019.

Sin embargo, en esa cifra no se incluyen pérdidas por sobornos y otros actos de corrupción que vinieron de la mano de los contratos a dedo.

Según el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, la decisión de liquidar Seguros Sucre, decretada el 15 de junio 2021 por Guillermo Lasso, debe ir acompañada de una auditoría forense a todos los contratos y procesos.

El objetivo sería determinar el monto total del perjuicio al país, el cual podría estar entre $800 millones y $1.000 millones.

Los que más contrataron

En el último año y medio del Gobierno de Lenín Moreno, el peso de Seguros Sucre se redujo en más de la mitad. Sin embargo, siguió manteniendo, a pesar de las irregularidades y cuestionamientos, pólizas con instituciones públicas grandes como Petroecuador.

La lista de los mayores contratantes con esa empresa lo encabeza el ministerio de Defensa, con un monto de más de $163 millones; seguido por Petroecuador con más de $130 millones; y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con más de $123 millones.

Hasta 2019, Seguros Sucre mantenía pólizas con otras dependencias públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), Tame, IESS, Emmaps Quito, Empresa Eléctrica Quito, entre otras. (JS)

DATO.- Actualmente, el régimen especial representa el 24% de la contratación pública; mientras el régimen común llega al 70%.

 

 

 

Los atrasos en el sector público son mayores a lo previsto

El cambio de Gobierno deja una situación económica complicada

La administración de Lenín Moreno aseguró que dejaba menos de $2.000 millones de pagos pendientes; pero la realidad es que la cifra llega a los $2.700 millones.

El actual ministro de Economía, Simón Cueva, reconoció que el nivel de atrasos en el sector público es mayor a lo que se esperaba cuando se hizo la transición de gobierno. Así, el régimen de Lenín Moreno aseguró que dejaba cuentas pendientes por casi $2.000 millones; pero la realidad apunta, por ahora, a que la cifra llega a los $2.700 millones.

Uno de los más perjudicados es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La deuda supera los $1.200 millones, debido a que no se ha pagado a tiempo ni en los montos requeridos el 40% de aporte estatal al fondo de pensiones.

El anterior ministro de Economía, Mauricio Pozo, esperaba cerrar un acuerdo de pago antes del 24 de mayo de 2021, pero no se pudo cumplir la meta.

El Gobierno de Guillermo Lasso debe sentarse nuevamente a negociar plazos y montos; sobre todo tomando en cuenta que, según un estudio del Banco Mundial (BM), ese aporte, junto a una reforma integral, son imprescindibles para evitar un colapso del sistema.

Otros sectores con importantes atrasos son los proveedores y la inversión pública. En total, el monto supera los $600 millones. Asimismo, las transferencias corrientes, que incluyen Gobiernos locales y salud, también suman más de $500 millones.

En el caso de los sueldos públicos, la situación está más controlada, por lo que los pendientes no superan los $28 millones.

¿ De dónde saldrá el dinero?

Hasta el 10 de junio 2021, el país logró levantar $1.672 millones de nuevo financiamiento; pero tuvo que pagar $1.405 millones de amortización de deudas anteriores. Es decir, solo quedaron alrededor de $267 millones para otros fines.

En este contexto, el ministro Cueva anunció que el sistema financiero nacional va a comprar $500 millones de Certificados de Tesorería para darle liquidez al Gobierno. Esto demuestra la alta necesidad de recursos.

El Gobierno no puede contar, al menos hasta el último trimestre de 2021, con los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI). La renegociación del acuerdo con ese multilateral demorará algunos meses

Según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, las necesidades de financiamiento, entre enero-mayo de 2021, alcanzaron unos $9.300 millones. Esas necesidades incluyen un déficit fiscal de más del $1.000 millones, el servicio de la deuda pública vigente y las deudas acumuladas de años anteriores.

En esa última categoría están los valores pendientes con los Gobiernos locales por devoluciones de IVA y asignaciones, indemnizaciones a jubilados pagos a Petroecuador e incluso la indemnización a Perenco.

Hasta fin de año, tomando en cuenta que a la caja fiscal le falta $400 millones cada mes, el total de nuevo financiamiento que necesitará el país puede llegar hasta los $15.000 millones.

De acuerdo a Cueva, se buscará ampliar las líneas de crédito con los multilaterales; y echar mano de más deuda a través del sistema financiero o instituciones públicas como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Frente económico evalúa concesiones

Desde la mañana de este lunes, 14 de mayo 2021, el frente económico del Gobierno de Guillermo Lasso está reunido en el palacio de Carondelet.

“La reunión es para afinar un poco más la visión de cuáles son especialmente los proyectos de inversión que podemos impulsar en las distintas áreas de la economía: hidrocarburos, electricidad, minería, obras públicas, telecomunicaciones,  Y de qué forma a través de estas inversiones podemos reactivar la economía y la generación de empleo”, dijo el presidente.

Las autoridades buscan concesionar tres refinerías, carreteras, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y otros recursos como los minerales. Además, está planificada la venta internacional del Banco del Pacífico.

Sin embargo, no hay una ruta clara ni plazos; pero esas operaciones podrían ser una fuente de recursos para el Estado. (JS)

La inversión y la Seguridad Social son los más afectados con los atrasos en el sector público

CARGO. Mauricio Pozo, ministro de Economía.

A menos de dos meses de cambio de Gobierno, los pagos pendientes en el sector público afectan, sobre todo, a la obra pública y a las transferencias a entidades, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

El inicio de abril de 2021, a menos de dos meses del cambio de Gobierno, registró $1.612 millones de atrasos en el sector público. Estos afectan principalmente a dos tipos de gasto:

1. Los pagos pendientes por inversión, sobre todo obra pública, sumaron $378 millones. Esa inversión ha sido uno de los rubros con más recortes en los últimos seis años y su caída tiene consecuencias directas en la difícil situación de la actividad privada de la construcción.

2. Las transferencias a gobierno locales y otras instituciones públicas sumaron atrasos de $1.200 millones. El 67% de ese monto, es decir, $799 millones, corresponde a transferencias no realizadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Esas transferencias tienen que ver con el 40% de aporte estatal al sistema de pensiones.

Por otro lado, las cuentas pendientes en gastos de personal alcanzaron los $34 millones. El servicio de la deuda pública está al día, gracias a la renegociación hecha el año pasado de tramos importantes de las obligaciones en bonos y préstamos chinos.

Mejor caja fiscal

Mauricio Pozo, ministro de Economía, comentó que  hay una mejor gestión de la caja fiscal. Así, por ejemplo, los atrasos en octubre de 2020 superaban los $3.600 millones; y se ha venido pagando siempre los de mayor antigüedad.

“Los atrasos nunca van a quedar en cero porque hay cuentas que entran y salen. Es un tema dinámico. Sin embargo, vamos a entregar una economía financiada y atendida en el mayor nivel posible”, acotó.

El pago de obligaciones se complica porque no se sabe cuándo llegarán los $450 millones del desembolso del Fondo Monetario Internacional, el cual está atado a la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización en la Asamblea.

A pesar de eso, Pozo aseguró que se está trabajando en fuentes alternativas, y, además, se espera mayores ingresos tributarios en abril debido a que las empresas y personas naturales deben pagar el impuesto a la renta de 202 durante este mes. (JS)

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