Otra de las caras de la escasez de recursos en la caja fiscal son los atrasos, es decir, las obligaciones pendientes por bienes y servicios recibidos, pero no pagados en el sector público.
Entre enero y junio de 2023, según el último análisis del Observatorio de la Política Fiscal, los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE) sumaron $10.215 millones. Ese monto es $1.052 millones por debajo que lo generado entre enero y junio de 2023.
La mayor caída se concentra en los ingresos petroleros que pasaron de $2.086 millones en los primeros seis meses de 2022 a $888 millones en los primeros seis meses de 2023.
Esta menor cantidad de recursos, frente a un gasto que los $11.660 millones, pone en apuros al Gobierno Central.
Hace ya más de un mes, el exministro de Economía, Mauricio Pozo, alertó, durante una entrevista en Radio Democracia, que la situación fiscal, entre sus consecuencias negativas, ha provocado que se acumulen pagos pendientes o atrasos en el sector público.
Sin suficientes recursos, una de las salidas es dejar para después pagos por bienes y servicios ya recibidos.
Según Fausto Ortiz, hasta el cierre de junio de 2023, el total de atrasos sumaba $1. 429 millones. El menor nivel de pagos pendientes, por un valor de $48 millones, se relacionaba al gasto de intereses por el servicio de deuda pública; mientras que los mayores atrasos estaban en las transferencias corrientes, por valor de $837 millones; y gastos de capital e inversión, por valor de $408 millones.
La consecuencia directa de los atrasos son proveedores del sector público preocupados porque no reciben la liquidez que necesitan para pagar sus obligaciones y compromisos.
El Gobierno de Lasso ha intentado pagar parte de las deudas atrasadas que recibió, pero y en un principio bajó sustancialmente los $2.700 millones de cuentas pendientes que heredó al llegar al poder.
En 2022, se bajó sustancialmente el déficit fiscal (más gastos que ingresos) a menos de 2% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, este 2023 se presenta más complejo. No solo existen menos ingresos petroleros, que son una de las principales fuentes para financiar obra pública además de la deuda, sino que también se han reducido los ingresos tributarios que efectivamente llegan al PGE.
En múltiples ocasiones, el economista Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, ha asegurado que uno de los problemas estructurales de las finanzas públicas ecuatorianas, como consecuencias de los recursos escasos y la rigidez del gasto, es que para cerrar el año se tiende a acumular atrasos o cuentas pendientes por al menos $1.500 millones.
El ministro de Economía, Pablo Arosemena, por su parte, también ha dicho que los atrasos son un monto en constante movimiento porque conforme ingresan recursos se va pagando de acuerdo a la prioridad.
Además, Arosemena en los últimos días ha reforzado su defensa del manejo fiscal del Gobierno de Lasso e incluso a asegurado que las proyecciones de un déficit fiscal de $5.000 millones hasta finales de 2023 están erradas. El ministro Economía repite que el hueco entre ingresos y gastos no serán tan grande y se ubicará en el 2% del PIB. (JS)
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