Hasta finales de 2022, los pagos pendientes sumaban más de $3.600 millones. El engorroso sistema de contratación pública, sus vacíos y falencias perjudican al país.
“El sistema de contratación pública no solo está hecho para favorecer prácticas corruptas, sino también para no pagar al contratista: el Estado recibe el bien o el servicio (requeridos con suma urgencia) y no paga, cosa que se repite con mucha frecuencia”, explicó el constitucionalista Rafael Oyarte, quien por su ejercicio profesional conoce casos relacionados con cobros al sector público.
Hasta el cierre de 2022, el monto de pagos pendientes o atrasos, tanto del ejercicio corriente como de años anteriores, sumaba $3.635 millones.
Este valor, que refleja claramente la ineficiencia del actual sistema de contratación pública, se registra como parte de la abultada deuda pública que pesa sobre todo los ecuatorianos.
Pero, sobre todo apunta, de acuerdo con Carlos Rosales, economista e investigador sobre procesos de compras públicas, a una realidad perjudicial e incómoda.
“Desde 2008, a la luz de los decretos de emergencia para acelerar las obras públicas durante el inicio del correísmo, se fue configurando un esquema corrupto en la contratación pública, donde el atraso en los pagos no solo tiene que ver con la disponibilidad de recursos; sino con exigir coimas o sobornos para agilizar procesos”, puntualizó.
Con el agotamiento del modelo de creciente gasto público, desde 2015, pero con más fuerza desde la pandemia, se ha vuelto más visible lo engorroso y poco eficiente que es el sistema de contratación pública
Esa ineficiencia, en muchos casos provocada, es el principal justificativo para luego pedir dinero a cambio para que se “muevan los engranajes”.
El expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Cepeda, en su momento denunció que esta misma lógica estaba detrás, por ejemplo, de los atrasos en los pagos de los proveedores externos de la institución.
Todos lo saben
A pesar de avances puntuales como actualizar e incrementar el catálogo electrónico, el sistema de contratación pública, e incluso el soporte tecnológico en el que se suben procesos y contratos, es anticuado y genera pérdidas para el país.
En noviembre de 2021, el actual ministro de Producción, Julio José Prado, durante el primer ‘Ecuador Open for Business’ del Gobierno de Lasso, llegó a decir que Ecuador perdía $1.500 millones al año en compras públicas.
En 2017, estudios de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimaban las pérdidas entre 2% y 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de $2.500 millones.
Ricardo N. (nombre protegido), quien ha sido proveedor estatal por más de cinco años, explicó que en muchos casos se vuelve una tortura cumplir con todos los requisitos y las exigencias del sector público para luego tener que estar “casi rogando” para que paguen a tiempo o al menos no se demoren tanto.
“Este no es solo un problema del Gobierno central, sino que es incluso peor en gran parte de los municipios y prefecturas. Todos perdemos si pagan mal y tarde. Hay menos dinero en la economía; se fomenta la corrupción y gran parte de los buenos proveedores huyen, dejando el campo libre para los mafiosos”, contó.
En las últimas elecciones, se pudo verificar que el gasto se disparó en los gobiernos locales y, en muchos casos, no queda claro cómo se contrató y con qué sustentos.
Por su parte, el abogado corporativo, Juan Francisco Román, recalcó que “el peor pagador es el Estado. Si hacen una auditoría real de la contratación pública del 100% el 20% se va en corrupción”.
Soluciones tardan
Como en su momento analizó La HORA, a la tramitología pesada y demasiado burocrática, se suman la poca capacitación de los administradores de contratos, la falta de real carrera en el servicio público y la falta de planificación.
Esas falencias son aprovechadas, según Rosales, por las mafias que durante años han ido creciendo y viviendo a expensas del Estado.
En 2022, durante la rendición anual de cuentas, la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), María Sara Gijón, reconoció los problemas del sistema; pero anunció un paquete de al menos siete medidas para cambiar la situación.
Esas medidas incluían, por ejemplo, la subasta inversa de medicamentos y la actualización del catálogo electrónico, donde sí ha habido avances. Sin embargo, 2023 inició con una provisión de medicinas que promedió el 75% en todo el sector público.
Por otro lado, no se sabe nada sobre la simplificación de procedimientos y pliegos; la mayor capacitación y formación de los administradores de los contratos; las reformas, incluso recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para establecer mecanismos efectivos de identificación de los beneficiarios finales de los contratos
Ider Salgado, presidente de SD abogados y docente universitario, apuntó que el sistema nacional de contratación pública no cuenta con un mecanismo de análisis y comparación de precios de mercado.
Todas las falencias e ineficiencias abren las puertas para que se justifiquen “cobros adicionales” para agilizar procesos y pagos.
LA HORA está pendiente de la respuesta sobre el requerimiento de una entrevista con un vocero de Sercop para analizar en qué realmente se ha avanzado y cuáles son los principales temas pendientes para mejorar sustancialmente la contratación pública ecuatoriana. (JS)
Durante los últimos tres años se registró un gasto en compras públicas de más de $6.000 millones. Esto incluye Gobierno central y gobiernos locales.