Los llamados ‘sueldos dorados’ —aquellos mayores al del presidente, que reciben algunos funcionarios públicos— no constituyen un problema financiero, sino uno de principios. Por más que el Gobierno intente posicionar su recorte como fuente de ahorro, el peso de estos en el presupuesto es menor y existen alternativas mucho más eficientes. Sin embargo, apelando al decoro y la coherencia, aquellos sueldos en el sector público, ¿son sostenibles?
Siguiendo una lógica jerárquica, casi militarista, se intenta establecer como techo el sueldo del presidente de la República. Sin embargo, el cargo de presidente es temporal y conlleva además una pensión vitalicia, así como diversas fuentes de ingresos posteriores propias de la inevitable ‘puerta giratoria’. Además, es uno de los sueldos más bajos de la región y suele ser ejercido, con mucha frecuencia, por ciudadanos que ya tienen su situación económica resuelta. Establecerlo como techo para la función pública es arbitrario.
Por otro lado, los beneficiarios de los ‘sueldos dorados’ suelen defenderlos apelando al mercado, en nombre de una supuesta meritocracia. Eso tampoco es procedente, en tanto las condiciones de trabajo, estabilidad y exigencia en el sector público son completamente diferentes a las del privado. Los puestos medios y bajos en la burocracia ganan sustancialmente más que sus pares en el sector privado. Si se quisiera aplicar el mercado como vara, debería empleárselo sobre todo el sector público, tanto en sueldos como en responsabilidades.
Mientras estas inconsistencias no se resuelvan, los sueldos seguirán dejando un mal sabor de boca a todos.