El próximo presidente tendrá una situación fiscal compleja y pocas opciones de financiamiento para cubrir el creciente gasto público y el posible impacto del fenómeno de El Niño.
“No hay dinero para el presupuesto, no hay dinero para seguridad, no hay dinero para el fenómeno de El Niño. Entonces hay que ver cómo el nuevo Gobierno entra a trabajar el 16 de octubre para buscar cómo financiarse”.
De esta manera, el exministro de Economía, Fausto Ortiz, explica la compleja situación fiscal que tendrá el presidente que asumirá el poder entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
Este 2023 se cerrará con el nivel más bajo de ingresos públicos de los últimos 10 años. Se llegará a un monto equivalente a menos del 19% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la caída en la producción petrolera y a $800 millones menos de recaudación de impuestos.
En este escenario, los dos candidatos finalistas, Luisa González por el correísmo y Daniel Noboa por la coalición ADN se han embarcado en una guerra de ofrecimientos que incluyen tomar una parte de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador (BCE) para el gasto público.
González ha recalcado que usará $2.500 millones de esas reservas para gastos en varias áreas como salud, educación y seguridad.
Por su parte, en una reciente entrevista en KCH FM Radio, Noboa dijo que, si bien buscará más ingresos a través de más empleo e inversión, inevitablemente “vamos a tener que usar $1.500 millones de las reservas del Banco Central para enfrentar el fenómeno de El Niño”.
Ofertas e impedimentos
Una de las posibilidades es que los ofrecimientos de gastar las reservas del Banco Central estén en clave electoral, es decir, que sean una especie de mensaje tranquilizador a la gente para convencerla de que hay dinero y se van a solucionar los problemas.
Al llegar al poder, tanto Noboa como González tendrán impedimentos legales y operativos para echar mano a las reservas.
Por un lado, existe un blindaje establecido en la Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada en los últimos meses del Gobierno de Lenín Moreno.
El actual ministro de Economía, Pablo Arosemena, ha recalcado en varias ocasiones que se debería hacer una reforma, con la aprobación de la próxima Asamblea, para poder viabilizar el gasto de las reservas.
Además, como ha recordado recientemente el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, el dinero depositado en la institución que dirige es de propiedad de los depositantes de bancos públicos y privados; y de otras instituciones estatales como el IESS y los gobiernos locales.
Si persisten en el intento de financiar parte del gasto público con las reservas internacionales, los ciudadanos se decidirán por la opción con menores daños colaterales.
Tanto empresas como ciudadanos darán su voto a la alternativa con la que crean que les irá mejor.
“La percepción mayoritaria es que lo que se hizo en el pasado de meterle la mano a las reservas puede perjudicar a la economía ecuatoriana”, puntualizó Ortiz.
Ecuadólares o más financiamiento
Las reservas internacionales son vitales para el sistema de dolarización y deberían estar fuera de los intentos de los políticos de aumentar el gasto público.
Pero, existen opciones menos traumáticas de usar parte de las reservas internacionales. Así, el próximo presidente podría aprovechar la resolución aprobada el pasado 30 de junio de 2023 por la Junta de Política y Regulación Financiera.
En esa resolución se estableció que los bancos y cooperativas privadas pueden tener hasta el 20% de su encaje en bonos del Estado.
Se trata de una inversión voluntaria y que, según instituciones como el Colegio de Economistas de Pichincha, sirve para financiar al Gobierno Central para que pueda invertir más en obra pública o enfrente el impacto del fenómeno de El Niño.
En este sentido, una mayor parte del encaje (que son depósitos del sistema financiero) se va a financiar al Estado.
La opción más dañina, según un análisis de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), es la que ya se utilizó durante la década de Rafael Correa en el poder.
En ese Gobierno, no solo se sacó dinero de las reservas del Banco Central, sino que se creó dinero ficticio. Cordes explica que el mecanismo fue darle papeles al Banco Central y registrar contablemente dinero ficticio en la cuenta del Tesoro para hacer pagos electrónicos y así mantener el ritmo de gasto creciente.
“En otras palabras, el Central financiaba una parte del gasto del Gobierno entregándole ecuadólares que luego ingresaban a la economía. Cabe recordar que el “modelo” económico del correísmo se basó principalmente en una expansión del gasto público, para lo cual no tuvo reparos en contratar deuda onerosa o, como se ve, en poner en riesgo la dolarización”, recalcó Cordes.
Este tipo de operaciones, en última instancia y si los ecuatorianos están alertas de sus implicaciones, pueden provocar corridas de depósitos.
El candidato vicepresidencial Andrés Arauz, en una entrevista con un medio argentino, apuntó a que la ecuadolarización podría ser nuevamente una opción para el correísmo si llega al poder. (JS)
Renuencia a acudir al FMI
Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, ha rechazado que sea una opción ir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de financiamiento.
Daniel Noboa, candidato de la coalición ADN, recientemente ha declarado que los multilaterales imponen recetas que reducen la inversión en salud y educación; y frenan el crecimiento económico.
Sin embargo, las opciones reales de financiamiento, como ya ha publicado LA HORA, pasando por los multilaterales, y como segunda opción está el aumento de la deuda interna de fuentes como el IESS y los bancos privados.
El riesgo país ha bajado de 2.033 puntos en el 8 de agosto de 2023, cuando todo apuntaba a que González ganaba en primera vuelta, a 1.709 puntos al 11 de septiembre de 2023.
Si Noboa gana la Presidencia, el riesgo país podría bajar hasta los 1.200 puntos; pero no sería suficiente para conseguir dinero en el exterior porque representaría una tasa de interés todavía muy alta del 15%
Para que sea factible conseguir financiamiento vía emisión de bonos de deuda externa, el riesgo país debería estar entre 400 y 700 puntos.