González y Pérez apuntan a la auditoría, renegociación y al pago a conveniencia. Sonnenholzner y Villavicencio no buscan renegociar y apuntan al crecimiento y la transparencia.
Entre 2024 y 2027 se tendrá que pagar un total de $22.998 millones por vencimientos de capital de la deuda pública, tanto interna como externa. Eso representa más de $5.700 millones al año o casi $480 millones al mes.
Así, el peso del servicio de la deuda representará, sin tomar en cuenta el pago de intereses, más de cuatro veces lo que se gasta anualmente en bonos sociales.
Fausto Ortiz, exministro de Economía, explica que mientras para este 2023 se presupuestaron más de $7.000 millones de nueva deuda para pagar los vencimientos de deuda anterior y cubrir el déficit fiscal (más gastos que ingresos en el presupuesto estatal); en los próximos años, con un punto máximo en 2026, se necesitarán $7.500 millones de nueva deuda solo para cubrir los vencimientos de deuda anterior. Además, se deberá buscar financiamiento para un déficit fiscal de alrededor de $4.000 millones.
En otras palabras, en poco tiempo, se pasará de unas necesidades de financiamiento de un poco más de $7.000 millones a tener que buscar quien le presta a Ecuador más de $11.000 millones al año.
Como ya ha analizado LA HORA, los miles de millones que se recaudan en impuestos solo alcanzan a cubrir solo una parte del gasto público (sueldos, intereses de deuda, bonos sociales y transferencias al IESS).
El resto se debe financiar, por un lado, con los ingresos petroleros (que están a la baja) y, por otro lado, con más deuda pública.
Roberto Rosero, economista, explicó que el endeudamiento público no es malo, pero al igual que el gasto, el límite está dado por la capacidad de la economía para pagar sus deudas y generar riqueza.
“Entre 2002 y 2006, Ecuador había logrado un crecimiento económico promedio del 4%; pero luego del despilfarro del segundo boom petrolero, la gestión de Correa dejó un crecimiento estructural de apenas 1%. Con ese crecimiento, que apenas mejoró un par de años con el rebote pospandemia, es imposible pagar una creciente deuda pública. La pregunta es si los presidenciables tienen un plan para enfrentar el problema”, dijo.
Auditoría
Los candidatos presidenciales Luisa González y Yaku Pérez creen en el intervencionismo estatal y parten de la premisa de desconfiar de la deuda pública contratada en los últimos años.
Su solución para enfrentar los crecientes pagos pasa por la fórmula ya aplicada por Correa en 2009 y 2010, es decir, la auditoría integral de los préstamos entregados al país
Supuestamente, según Pérez, el fin es “determinar la licitud de los procesos de contratación, la legitimidad en la fijación de intereses, los mecanismos de pago, entre otros factores”.
González apunta a investigar supuestas irregularidades en la “deuda pública prepagada durante la pandemia”.
Según Rosero, esto abre la puerta a que se puedan declarar ilegales, y no pagarse, tramos de la deuda, bajo el argumento de poner por encima los intereses del pueblo ecuatoriano.
“Esto podría cerrarnos las ya pocas fuentes de financiamiento que tenemos disponibles, tanto en el FMI como con otros multilaterales. Volver a buscar la chequera china ya no será tan fácil como hace más de 10 años”, añadió.
Hace apenas tres años, en medio del primer golpe de la pandemia, ya se renegoció los más de $17.000 millones de deuda externa en bonos. Por eso, para volver a renegociar, Ecuador necesitaría una clara estrategia para bajar el riesgo país, reducir el déficit fiscal y facilitar la inversión.
En el caso de González y Pérez, esa estrategia no existe y más bien se promete más gasto público, utilización de las reservas del Banco Central, política productiva controlada desde el Estado, entre otros.
Pérez cree que se puede plantear ante los organismos multilaterales acreedores la reconversión de la deuda por agua y oxígeno; pero no explica cómo sería el mecanismo.
Además, tanto González como Pérez no descartan auditar todo tipo de contratos y concesiones en el país, desde petróleo y minería hasta telecomunicaciones, con el fin de sacar la mayor cantidad de dinero posible. Eso genera incertidumbre e inseguridad jurídica.
Crecimiento y transparencia
Aunque la situación fiscal es compleja, solo dos candidatos presidenciales reconocen esta realidad en su plan de Gobierno (Sonnenholzner y Villavicencio) y buscan enfrentarla transparentando el gasto, reformando la contratación pública, cobrando a los evasores e incentivando la inversión.
Los dos apuntan a que la solución estructural es la creación de condiciones para que el país crezca a un promedio de 5% anual. Para Sonnenholzner, la clave está en seguir impulsando la apertura comercial, buscar la cooperación internacional, impulsar la competitividad de las Pymes, entre otros.
Por su parte, Villavicencio apunta a incentivar un llamado capitalismo popular en el que, mediante incentivos, se abra el capital y la inversión de las empresas a más gente.
En ambos casos, no se habla de auditoría ni renegociación de la deuda pública, pero sí de transparentar el gasto, reformar la legislación de contratación y de empresas públicas para liberar más recursos públicos, bajar el riesgo país y tener más opciones de financiamiento.
Sonnenholzner asegura que se pueden Impulsar los canjes de deuda por desarrollo en salud, educación y conservación; pero no explica cómo funcionarían esos canjes.
Aunque todos los candidatos presidenciales están dispuestos a raspar la olla con más impuestos para equilibrar las cifras fiscales y reducir la necesidad de más deuda, Sonnenholzner y Villavicencio presentan opciones más de mercado, menos estatistas, e incluso se refieren abiertamente a que se debe defender la dolarización. (JS)
En todo el sector público se registra un total de $48.027 millones de deuda externa; $27.340 millones de deuda interna; y $4.759 millones de otros pasivos.