Boletín de deuda pública se difundirá luego de cinco meses

El ministro Simón Cueva tiene un gran reto este año en el manejo del endeudamiento estatal.

Desde agosto de 2021, el Ministerio de Economía dejó de colgar el reporte mensual. Se ha estado trabajando en un cambio de metodología de cálculo.

Con corte al 31 de julio de 2021, la deuda pública ecuatoriana totalizaba $62.321,90 millones. Todo el resto del año pasado, y hasta la fecha, el reporte oficial sobre el endeudamiento dejó de ser publicado por el Ministerio de Economía.

Según un comunicado oficial, esa falta de información sensible será subsanada desde el próximo 7 de enero de 2022. A partir de esa fecha, el Ministerio retomará las publicaciones de los boletines no emitido en los últimos cinco meses.

Así, en dos días, se divulgarán las cifras con corte a agosto 2021; el 14 de enero se publicará el boletín correspondiente a septiembre de 2021; el 21 de enero le tocará el turno a la información de octubre de 2021; el 28 de enero se divulgará el reporte de noviembre de 2021; y, finalmente, el 11 de febrero se sabrán los datos hasta el 31 de diciembre de 2021.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, durante todo el tiempo que no se reportaron los boletines, se estuvo trabajando en plasmar la nueva norma técnica emitida a través de los acuerdos ministeriales 96 y 99.

En esos acuerdos se establece un «cambio sustancial en la elaboración y composición de los
boletines de la deuda pública y otras obligaciones» que contendrán la siguiente información: Saldo Inicial, desembolsos, amortizaciones, intereses, comisiones, atrasos, ajustes cambiarios (otros flujos económicos) y saldo final.

La nueva norma también determina los componentes requeridos para el cálculo del indicador de la regla de deuda (saldo como porcentaje del PIB) y otras obligaciones del Sector público no financiero y seguridad social, con información adicional que tuvo que ser recopilada desde diferentes fuentes internas y externas.

«Todos estos aspectos están establecidos en la normativa legal vigente y no estaban incluidos en los boletines anteriores. El trabajo realizado para cumplir con la nueva metodología ha exigido un esfuerzo muy significativo y un compromiso total por parte de esta cartera de Estado», aseguró el comunicado.

El Ministerio de Economía recalcó que los nuevos formatos, que se publicarán desde el 7 de enero 2022, están alineados con los estándares de difusión internacional que fomentan organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo un esquema actualizado que permite visualizar el nivel de deuda del sector público.

En concreto, los boletines de deuda tendrán la siguiente estructura:

1.- Presentación

2.- Publicación del indicador de deuda y otras obligaciones del Sector público no financiero (incluyendo la seguridad social) respecto al PIB, de acuerdo con la definición del Acuerdo Ministerial 77 del 14 de agosto de 2021 y su norma técnica de implementación.

3.- Información de la deuda agregada y consolidada del Presupuesto General del Estado, del Sector público no financiero (incluyendo la seguridad social) y del Sector público total.

4.- Tablas de deuda consolidada y agregada y sus diferentes componentes.

5.- Tablas con el movimiento de la deuda y sus diferentes componentes.

6.- Tablas de la deuda consolidada del Sector Público Total.

7.- Tablas de los plazos contractuales ponderados del saldo de la deuda externa e interna por tipo de acreedores.

8.- Tablas de los plazos por vencer ponderados del saldo de la deuda externa e interna por tipo de acreedor.

9.- Tablas de las tasas de interés contractuales ponderadas del saldo de la deuda externa e interna por tipo de acreedor.

10.- Anexo estadístico.

Este 2022 será difícil en temas de endeudamiento para el Gobierno de Guillermo Lasso. La fuente de los multilaterales ya no se podrá utilizar como en los últimos dos años; y se prevé que el país vuelva a emitir bonos en los mercados internacionales para obtener el financiamiento que necesita. (JS)

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El COE emite medidas para el sector público debido al covid

Las PCR de laboratorios y hospitales son analizados para descubrir posibles nuevas variantes.

La Ministra de Salud señaló que quienes fallecen son aquellos con esquemas de vacunación incompleto o sin ninguna dosis. El exceso de mortalidad aumentó. 

El aumento de enfermos de COVID-19 en Ecuador continúa. Ximena Garzón, ministra de Salud, detalló que las últimas cifras registran un aumento semanal de 9.676 casos, sobre todo en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Pastaza y Tungurahua.

Garzón señaló que los registros hospitalarios muestran que son las personas sin vacunas o con esquemas incompletos son las que se complican o fallecen. Además, detalló que Ecuador aún no cuenta con una cobertura de vacunación «lo suficientemente amplia como para poder evitar enfermedad grave y mortalidad».

El exceso de mortalidad pasó de 9,2 (en noviembre) a 13,8%, entre diciembre y enero.

Las vacunados con una dosis corresponden el 85,41% de la población desde los cinco años. Mientras que el 79% cuenta con dos dosis y más de un millón de personas se han colocado el refuerzo (tercera dosis). Desde este 3 de enero, las personas, desde 50 años, ya pueden colocarse la dosis de refuerzo si han cumplido cinco meses desde la última dosis.

Nueva medidas

Ante esta situación, desde el 4 de enero de 2022, toda la función pública laborará al 50% de aforo.

Garzón detalló que se debe reforzar las medidas de bioseguridad. «Mantener áreas ventiladas» y que se dé prioridad de teletrabajo a quienes pueden complicarse (personas con enfermedades agravantes).

Además, Garzón pidió que haya autoaislamiento en caso de presentar síntomas de gripe y que, al cuatro día, se haga una prueba de diagnóstico; alternar los horarios de almuerzo en los trabajos para evitar contagios al quitarse la mascarilla.

Juan Zapata, presidente del COE nacional, dijo que hasta el 23 de enero regirán las medidas y luego serán evaluadas. Además, el Ministerio de Educación hará un anuncio a las 15:00, de este 3 de enero de 2021. (AVV)

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Cuarta postulación para la universidad, 8 y 9 de noviembre

Los estudiantes accedieron a un cupo mediante el nuevo examen ‘Transformar’.

Existen 13.006 cupos no utilizados por los jóvenes en su proceso de matriculación y por los no aceptados en la etapa anterior.

Entre el 8 y 9 de de noviembre de 2021, las personas que aún no han obtenido un cupo en alguna universidad pública del país podrán postular por uno de los 13.006 cupos disponibles para la cuarta etapa de postulación, ingresando a la página de Senescyt 

Los cupos disponibles son los que no fueron utilizados por los jóvenes en su proceso de matriculación y por los no aceptados en la etapa anterior; la oferta académica vigente se puede descargar.

Hasta tres opciones

Esta vez, los postulantes podrán escoger de una a tres opciones de carrera y la aceptación será automática; es decir, si el sistema, en función de la elección de la persona, le otorga un cupo, este se entenderá como aceptado y el aspirante deberá iniciar los trámites correspondientes a su matriculación.

El viernes 12 de noviembre de 2021, las personas que participan de esta cuarta fase, deberán ingresar a sus cuentas y consultar si la carrera elegida, de manera libre y voluntaria, les fue asignada.

«Para este periodo, la Senescyt y las instituciones de educación superior del país incrementaron un 30% la oferta académica, alcanzando los 119.046 cupos», detalla la institución. (AVV)

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Estudiantes tienen un nuevo chance para entrar a la universidad

La Universidad Central fue uno de los puntos en donde se rindió el examen de modo presencial.

Los estudiantes que no lograron obtener uno de los 118.633 cupos tendrán una segunda oportunidad el 9 y el 10 de octubre de 2021.

La primera fase de aceptación de cupos para las universidades públicas terminó el 6 de octubre de 2021.

Aquellos estudiantes que no lograron obtener una de los 118.633 cupos disponibles tendrán una segunda oportunidad el 9 y el 10 de octubre de 2021.

Los cupos disponibles son de aquellos que fueron asignados a otros postulantes y que, por alguna razón, no los aceptaron a pesar de haber obtenido el puntaje necesario en el examen Transformar. Así lo indicó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Para esto, los estudiantes que rindieron el examen de ingreso a la universidad pueden ingresar a la página web de la Senescyt y verificar si consiguieron un cupo. Si lo consiguieron podrán aceptar el cupo y ponerse en contacto con la institución elegida para iniciar el proceso de matriculación.

La Senescyt recordó que si el postulante obtuvo un cupo en su primera opción de carrera y lo rechazó o no se pronunció, no podrá seguir participando en el proceso de admisión. Mientras que si le asignaron un cupo en su segunda opción de carrera y lo descartó o no se pronunció, tampoco podrá postular por la misma carrera en las siguientes etapas.

Si no obtuviste el cupo pueden reasignarlo

La Senescyt explicó que los cupos que no son aceptados vuelven al sistema y se asignan de forma automática en función de tres factores: puntaje del aspirante, cupos disponibles en las carrera y de la elección en orden de prioridad de una de las cinco a las que postularon. Por eso es importante que entre el 9 y el 10 de octubre, aquellos que no lograron ingresar, revisen la página pues existe la posibilidad de que se les haya asignado un cupo. (AVV)

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Más del 48% del gasto anual en salud lo paga cada ecuatoriano

El sistema público de salud tiene una serie de deficiencias crónicas.

La mala calidad del gasto público causa que $48 de cada $100 los paguen las personas en medicinas o acceso a la atención que no obtienen en el sistema estatal.

En promedio, cada año un ecuatoriano pone de su bolsillo el 48,43% del gasto para cubrir sus necesidades básicas de atención en salud.

A pesar de que el Estado destina entre el 8% y 10% del presupuesto a la salud pública, los servicios son deficientes y escasean los medicamentos, entre otros problemas, lo que provoca que los ciudadanos tengan que restar recursos de sus ingresos para suplir las falencias del manejo político.

Según un estudio del Observatorio del Gasto Público de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador es cuarto país de la región donde las personas tiene que sacar más dinero de su bolsillo para conseguir una atención de salud medianamente adecuada.

Venezuela y Guatemala encabezan la lista con un gasto directo de los ciudadanos de entre 64,33% y 52,22% para compensar las deficiencias de los servicios públicos.

«El gasto que sale de los decrecientes presupuestos familiares se va a la adquisición de medicamentos, copagos, consultas en el sistema privado, compra de insumos, tasas de seguros privados, deducibles, entre otros», dice el estudio.

El problema se agrava porque al no tener el dinero suficiente para atenderse en el sector privado, más del 60% de las familias posponen las citas médicas, los exámenes y las atenciones. Esta realidad da como resultado que cada vez más personas acuden al médico cuando sus enfermedades están muy avanzadas y tienen complicaciones graves.

Así, los costos que tienen que asumir se disparan a mediano y largo plazo, y, al mismo tiempo, se profundiza la baja capacidad de respuesta y la eficiencia del sistema público de salud.

Mejor gasto para mejores vidas

En el presupuesto revisado para 2021, el Gobierno de Guillermo Lasso proyecta aumentar un 24% la inversión en salud pública. Eso significa llegar, hasta diciembre 2021, a $3.213 millones.

Ese incremento busca compensar los recortes hechos entre 2018 y 2020, y en ese sentido, son un paso positivo. Sin embargo, si no se controla la cómo se ejecuta ese presupuesto, se seguirá perdiendo entre el 25% y 35% en ineficiencia y corrupción.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las principales fuentes de esa ineficiencia son: desperdicio de insumos, duplicación de exámenes, estadías hospitalarias innecesarias, regulación de precios de los medicamentos y la escasez de los mismos, falta de especialistas, equipos sub o mal utilizados, entre otros.

«La ineficiencia del gasto sanitario también se expresa en la subutilización de medicamentos genéricos y la compra de medicamentos de marca, 40% más caros y cuya carestía deben terminar subsidiando el gobierno», asegura el organismo multilateral.

Los países más afectados en términos de pobreza también son los que mayor probabilidad tienen de dejar sin atención médica a las familias. Los primeros lugares en la lista está ocupados por Venezuela, Argentina, Perú  Brasil, Ecuador y México.

«Venezuela es donde se destina el  un mayor porcentaje del dinero de bolsillo de los ciudadanos para financiar el gasto en salud. Esto resulta paradójico tratándose de un país donde se ha impuesto un modelo socialista, donde se supone que se hace énfasis en lo público. En la práctica, no solo lo financia directamente el ciudadano, sino que, además, funcionan mejor los servicios de salud y educación financiados por los privados», dice puntualiza el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice). (JS)

DATO:_ El promedio del gasto en salud pública en América Latina se ubica en el 4% del PIB. Ese porcentaje es más del doble en los países más desarrollado.

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El país, sin política pública para afrontar crisis carcelaria

En el Ecuador existen 37 centros de rehabilitación social.

Ministerio de Gobierno y sociedad coinciden en falta de marco normativo para enfrentar el problema. Se proponen reformas legales y creación de política pública.

El presidente Guillermo Lasso dictó cuatro medidas la tarde de este jueves 22 de julio de 2021 para enfrentar la crisis en  las cárceles del país. Pero ninguna de estas incluye la designación del titular para el Directorio de Organismo Técnico, ente encargado de la regulación y planificación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

La ausencia de ese funcionario genera que, hasta el momento, las ocho instituciones que conforman el Directorio no puedan definir y evaluar la política pública del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Actualmente, el marco jurídico que cobija al sistema de rehabilitación social es la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el reglamento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Sin embargo, a criterio de Vianca Gavilánez, abogada  de la Fundación Dignidad, es fundamental la creación de una política pública integral que dé respuesta a la grave situación que se vive en las cárceles.

La jurista señala que a raíz de la masacre de febrero de 2021, que causó la muerte de 83 personas privadas de la libertad, los jueces constitucionales emitieron dos sentencias que obligan al Estado ecuatoriano a conformar mesas de trabajo para la construcción de una política pública. Sin embargo, cinco meses después, dichas mesas entre Estado y sociedad civil no se han conformado, explica la abogada.

Esta preocupación sobre la falta de una normativa también la tiene el mismo Estado. El Ministerio de Gobierno presentó ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional cuatro propuesta de normativa para fortalecer la institucionalidad.

  • Crear una Ley Orgánica de Régimen Penitenciario
  • Valorar los procesos abreviados en casos de reincidencia
  • Establecer un régimen especial penitenciario a través de reformas al COIP
  • Reformas al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y a la Ley Orgánica de Servicio Público para institucionalizar el cuerpo de vigilancia.

Vianca Gavilánez dice que estas reformas continúan el  carácter punitivo del sistema carcelario, que mira a las personas privadas de la libertad como personas que pierden todos los derechos. La jurista precisa que un interno solo pierde el derecho a la libertad, mientras que los otros derechos los sigue conservando como el derecho a la vida, a la dignidad, al trabajo, a la alimentación, entre otros.

Plantea que la política pública deba incluir:

  • Los estándares internacionales de derechos humanos y las Reglas Mandela, de Bangkok y de Tokio para procurar el buen funcionamiento de la estructura carcelaria
  • Mecanismos para la prevención de la tortura
  • Cambiar la visión del sistema penitenciario como un centro de castigo, por uno de un espacio de rehabilitación y resocialización
  • Asignación adecuada de presupuesto para el sistema penitenciario
  • Depurar la corrupción al interior de las cárceles. (MC)

Dato:

En los últimos 13 años se ha triplicado la población carcelaria. De 13 mil personas privadas de la libertad que se registraba en 2008, se incrementó a 40 mil recluidos en 2021, en  37 cárceles a nivel nacional.

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