Un fuerte contingente militar y policial se despliega por los 13 cantones de la provincia de Los Ríos.
La lucha territorial por el control de la venta de drogas se ha convertido en uno de los principales objetivos de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), generando constante inquietud entre la población. Entre los 21 grupos delictivos recientemente designados como terroristas por el Gobierno Nacional, tres se han destacado al sembrar caos y terror en la provincia de Los Ríos.
Los Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros han establecido células altamente organizadas en el territorio fluminense, ejerciendo una seria influencia en Quevedo, el cantón más poblado y considerado la ‘Capital Económica de la Provincia’.
Según las investigaciones del Sistema de Inteligencia la Policía Nacional, el tráfico de armas ha contribuido al crecimiento de estas organizaciones criminales, incluyendo el reclutamiento de nuevos miembros, incluso menores de edad, para financiar sus actos.
Las actividades delictivas en Los Ríos también incluyen extorsiones, cobro de ‘vacunas’ y secuestros, siendo este último dirigido principalmente hacia empresarios y comerciantes que operan en esta localidad.
A pesar de los esfuerzos emprendidos para combatir la delincuencia, el narcotráfico y los crímenes en la provincia, lamentablemente, las muertes violentas siguen en aumento. Este preocupante panorama se puso de manifiesto con los dos trágicos sucesos ocurridos la noche del último jueves en la parroquia Venus del Río de Quevedo. Este preocupante escenario persiste a pesar de la declaración de un Conflicto Armado Interno por parte del Presidente de la República, Daniel Noboa, con el objetivo de capturar a los líderes y miembros de las bandas que operan en Ecuador.
De los cuatro actos terroristas perpetrados por grupos delictivos en Quevedo, uno estuvo relacionado con el secuestro de tres agentes policiales que prestaban servicios en el distrito Quevedo – Mocache. Afortunadamente, los uniformados fueron liberados la noche del último miércoles, a escasos pasos de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) ubicada en el sector San Agustín, cantón Valencia.
En relación con este caso, la Fiscalía General del Estado ha iniciado procesos legales contra seis individuos vinculados al secuestro de los uniformados.
Invasión
Con la búsqueda y vigilancia constantes en las calles por parte de las Fuerzas Armadas, los integrantes de las organizaciones delictivas han decidido internarse entre las zonas rurales de la provincia, según han denunciado varios trabajadores y propietarios de estas áreas.
Uno de ellos es Franklin A., quien reside en una zona rural del cantón Valencia.
El agricultor manifestó que la noche del martes fue sorprendido junto a su familia por un grupo de delincuentes, que con armas de fuego ingresaron a su propiedad privada con el fin de esconderse, ya que eran buscados por la Policía, acusados de formar parte de una organización delictiva que tenía en zozobra la zona urbana de Valencia.
El hombre indicó que estos ocho hombres primero les quitaron los teléfonos celulares y posteriormente les pidieron las llaves de sus dos vehículos, así como de tres motocicletas que eran propiedad de unos empleados de su finca.
Relató que permanecieron cerca de cinco horas en el sitio y que luego huyeron; fue en ese momento cuando alertaron a la Policía del hecho, por lo que la zona fue resguardada por personal policial y militar. “Parece que han empezado a ir a las zonas rurales para evitar ser capturados; ahora somos nosotros los que vivimos con temor al no saber a qué hora nos caen y Dios no quiera que nos causen daño a nuestra integridad. Otros dueños de tierra ya han denunciado el robo de sus productos y asaltos en la vía, por lo que también pedimos que los patrullajes se hagan en el campo, caso contrario empezarán a organizarse nuevamente y amedrentar a los agricultores”, expresó el morador.
Efectivamente, hasta el viernes pasado, los patrullajes y operativos se llevaban a cabo de manera intensa en este cantón fluminense, donde se han registrado muertes violentas en los últimos meses de 2023 y el panorama no ha cambiado en lo que va de este nuevo año.
En Valencia, las extorsiones y secuestros a comerciantes ocurrían casi a diario, y sus habitantes indicaban que uno de los sectores considerados conflictivos, ubicado en la zona urbana, servía desde hace una década como refugio tanto para los vendedores como para los consumidores de drogas. Estos últimos, con el objetivo de obtener sustancias, se veían involucrados en robos y asaltos. Con el paso de los años, estas personas se organizaron y comenzaron a reclutar a jóvenes para que formaran parte de organizaciones delictivas. (LL)