Desempleo y migración

Kléber Mantilla Cisneros

Un país, complicado por una crisis energética y de seguridad, disminuye la calidad de vida de sus ciudadanos. El gobierno transitorio de Daniel Noboa tiene la obligación de generar propuestas de cambio y soluciones en sus políticas públicas.

La corrupción no se resuelve con nepotismo y referencias pasajeras. El anticorreísmo tiene una versión de desmantelamiento de las instituciones y entidades afectadas por el crimen organizado. Falta un líder conductor.

Es sorpresivo que pese a ser un pronunciamiento popular en consulta detener la inseguridad callejera, en las prisiones persistan mafias a cargo de la administración de las cárceles. El desempleo latente disparó el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias y la población carcelaria subió por la cantidad de órdenes de apremio.

Hay un grupo numeroso de ciudadanos sin capacidad de pago afectados por los estados de excepción que insertan recursos humanos baratos a la economía nacional. Es violento e innecesaria toda la infraestructura del Estado para la captura de gente en el desempleo. Algo que luego, por desesperación, acarrea a la migración masiva por la frontera norte.

Sin duda, los actores políticos y candidatos para 2025 tendrán que incorporar reformas a la prisión por deudas de alimentos a infantes. En la región solo Ecuador mantiene este retroceso legal que degrada la calidad de vida de las familias: el negocio de acumular capitales ociosos para cobrar en los juzgados.

Esto se solucionaría con servicio comunitario u ofreciendo mano de obra a los gobiernos seccionales y empresas privadas. Las obligaciones son un tema de pareja.

La economía local depende de las remesas de migrantes, pero ya es urgente cambiar la legislación del facilismo, de subsidios y bonos.  La microempresa tiene que ser reactivada fuera del discurso de los políticos y la demagogia.

El cambio es un derecho de todos para alcanzar una vida de en democracia: hoy y siempre.

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