Ocho economista ecuatorianos realizaron un crudo diagnóstico de la situación de las finanzas públicas . Este 2024 se necesitaría pedir préstamos por $11.000 millones para pagar todos los gastos del Estado y evitar caer en impago con acreedores internos y externos. La situación requiere medidas urgentes.
Las finanzas públicas del país están en estado crítico, situación sólo comparable con los peores momentos de la pandemia. Este es uno de las principales conclusiones de análisis de ocho economistas ecuatorianos: José Castillo Burbano, Ph.D; Julián P. Díaz, Ph.D; Manuel González Astudillo, Ph.D; Daniel Lemus Sares, M.Sc; José Lima Reyna,Ph.D; Francisco Rumbea Pavisic, Ph.D; Leonardo Sánchez Aragón, Ph.D; Xavier Villavicencio Córdova, Ph.D.
En el 2023, los gastos excedieron en $5.400 millones a los ingresos, producto principalmente de la caída de los ingresos petroleros, aumento en los desembolsos relacionados a seguridad y decisiones de la Corte Constitucional (aumento en más de $450 millones en los sueldos de los maestros públicos, entre otas decisiones).
Para este año, según el análisis de los ocho economistas, sino hay reducción de gastos y/o aumento de ingresos fiscales, se prevé que los gastos excedan a los ingresos en $5.800 millones y que el gobierno tenga que desembolsar $5.000 millones adicionales para repagarlas deudas que contrajo en el pasado.
«Eso significa que el gobierno tendrá que pedir préstamos por $11.000 millones aproximadamente para poder hacer frente al pago de sueldos públicos, proveedores y subsidios, entre otros rubros, además de no caer en moratoria con los acreedores internos y externos«, puntualizaron los economistas.
La situación se complica porque Ecuador no es sujeto de crédito
Si el gobierno pudiera encontrar financiamiento (mayor deuda pública) con los multilaterales y otros prestamistas, la situación no sería tan extrema.
Sin embargo, el país tiene dos problemas. En primer lugar, el financiamiento externo al que se pudiera acceder en los mercados sería a tasas cercanas al 25% anual, tremendamente altas si las comparamos con las tasas que pagarían nuestros vecinos. Esto está directamente relacionado con el alto riesgo país.
En segundo lugar, es difícil que se pueda acceder a créditos más allá de los cupos establecidos por los organismos multilaterales, dado que la probabilidad de impago por parte del gobierno ecuatoriana es alta. Además, no existe certeza de cómo se logrará pagar los vencimientos de deuda de nuevos y antiguos créditos, en los años venideros.
Como ha reportado LA HORA, el pago de la deuda pública sumará más de $32.200 millones entre 2024 y 2027 mientras las presiones por más gasto crecen.
Por tanto, si el gobierno no encuentra financiamiento en condiciones razonables, lo más probable es que este año se tenga que dejar de pagar salarios a servidores públicos (militares, policías, médicos y profesores), retrasarse más con proveedores, dejar de pagar subsidios, o entrar en moratoria de deuda con acreedores internos (banca privada e IESS, entre otros) y externos (acreedores externos y organismos internacionales).
«Si eso llegara a suceder, ocurrirá una crisis financiera de magnitudes incuantificables que puede poner en riesgo el sistema de dolarización. Este escenario es todavía más complejo con el recrudecimiento de los problemas de seguridad interna que nos aquejan. La guerra al crimen organizado necesita recursos que sabemos que no tenemos», aseguran los ocho economistas
El problema de fondo es la falta de ingresos permanentes
El principal problema del Estado es que no genera suficientes ingresos permanentes (impuestos) para cubrir sus gastos permanentes (sueldos, proveedores, bonos sociales, transferencias a GADs, subsidios).
LA HORA ya ha analizado que realmente se logra pagar con la recaudación de impuesto de cada año.
Este problema se agrava aún más cuando por mandato de la Constitución, los presupuestos de salud y educación deben subir en 0,5% del PIB cada año ($1.200 millones en la actualidad).
En ese sentido, los ocho economistas, considerando las alternativas más eficientes y menos sacrificadas desde el punto de vista social, además del contexto de guerra contra las bandas organizadas, proponen las siguientes medidas para enfrentar el problema fiscal:
1.- Sobre los ingresos tributarios: estamos de acuerdo con el incremento de la tasa del IVA a 15%, que puede generar ingresos adicionales por $1.300 millones por año.
2.- Sobre los ingresos petroleros: Consideramos que es pertinente avanzar en los esfuerzos por transparentar las gestiones de la compra de hidrocarburos y la venta del crudo, así como impulsar un seguro para protegernos de las fluctuaciones del precio de petróleo.
El gobierno debe profundizar en la focalización del subsidio a los combustibles (extra y diésel), compartiendo parte del riesgo de precios con el sector privado.
Esta medida puede generar aproximadamente $1.200 millones de ingresos adicionales al año a través de Petroecuador. De estos ingresos adicionales,$500 millones podrían venir rápidamente de una eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís.
3.- Sobre el control del gasto: Los incrementos anuales al presupuesto de salud y educación deben realizarse con respecto a la real capacidad que tienen de ejecutar los ministerios (devengado), no con base a una asignación sin financiamiento claro (codificado).
Congelamiento por al menos 5 años de cualquier incremento automático de sueldos a personal que trabaje para el Estado bajo leyes de escalafón.
El combate a la crítica situación de inseguridad que vivimos y los cambios que se necesitan para evitar peores crisis a futuro, sólo se podrán conseguir si hay un consenso social que las legitime.
«El descontento social por estas medidas será inevitable. Sin embargo, el sacrificio necesario para abordar el problema será insignificante en comparación con la intensidad del sufrimiento que generaría la crisis que se podría desencadenar. Medidas como la focalización de los subsidios ayudan a apuntalar los ingresos fiscales, y quitan una fuente de ingreso vinculada a grupos de delincuencia, que justamente estamos queriendo combatir», puntualizaron los economistas. (JS)