Los actos delictivos, entre ellos, los secuestros, no cesan pese al estado de excepción.
Es así que una familia de Valencia pagó $5.800 a quienes habían retenido de manera involuntaria a uno de sus parientes.
El hecho se dio hace aproximadamente 15 días, pero decidieron no presentar una denuncia oficial en la Fiscalía debido a su desconfianza en el sistema judicial.
La suegra de la víctima explicó que su yerno fue interceptado durante un viaje de Valencia a Quevedo, y que los captores se comunicaron por teléfono exigiendo el dinero para garantizar su seguridad.
Ante el peligro, accedieron a negociar y lograron que liberaran al hombre en pocas horas.
Para evitar que les ocurra lo mismo, la víctima y su familia optaron por mudarse a otra provincia.
Hace un par de meses, el concejal de Quevedo, Leonardo Jiménez, también vivió una situación similar al sufrir un secuestro extorsivo mientras se dirigía en su vehículo desde su domicilio hacia una farmacia de la ciudad.
El funcionario señaló que no sufrió maltratos por parte de sus captores, prefirió omitir los detalles.
También se informó sobre la recuperación de dos ciudadanos y un vehículo que habían sido secuestrados y retenidos por delincuentes. Los captores huyeron, pero las víctimas quedaron a salvo, se suscitó en Ventanas.
Así mismo, la vivienda de Connie Jiménez, gobernadora, fue atacada por desconocidos.
Cifras
Estos casos reflejan la triste realidad por la que atraviesa la provincia, así lo indicaron representantes de la Cámara de Comercio de Quevedo y de la Cámara de Turismo de Los Ríos. Solo en Quevedo cerca de 300 negocios cerraron sus puertas por extorsiones.
En alza
De acuerdo a datos de la Policía Nacional, las provincias con mayor porcentaje de secuestros son Pichincha y Guayas. Los Ríos también experimenta cifras alarmantes de extorsiones y secuestros, posicionándose como la tercera más peligrosa del país, gracias a los delitos comunes y crímenes.
Según la Fiscalía provincial, hasta el momento se han denunciado un número limitado de casos (cifra baja en comparación con lo que se conoce extraoficialmente por parte de las víctimas o sus familiares). Esto, debido a que la mayoría de las víctimas evita presentar denuncias por temor a represalias. (LL)