Amor de Patria

El día 2 de agosto es de luctuosa recordación para los ecuatorianos. En 1810, según informe del Procurador Síndico: “Concluido el destrozo sangriento de los presos destinados a la muerte, salieron los mismos soldados por las calles matando a cuantos se encontraban de todos los estados, sexos y edades… En estas operaciones de robos y muertes alevosas permanecieron hasta el día 4 según consta de los expedientes obrados sobre tan enorme desolación…”. Trescientos quiteños cayeron asesinados por las bayonetas virreinales de Arredondo.

En 1941, Perú invadió territorio ecuatoriano. El 2 de agosto atacó al destacamento ubicado en el río Santiago, defendido por el subteniente Hugo Ortiz y diez soldados, dotados de apenas una ametralladora, 14 fusiles y 2.000 cartuchos. El día anterior, en informe a su comandante sobre la situación, el joven oficial afirmaba: “… su Comandante y todo el personal del Destacamento de Santiago, resistirán hasta el último instante, sean cuales fueren las circunstancias, cualquier acción del enemigo, así fuera con la vida…”.  Y lo hicieron. Ortiz y seis de sus compañeros cayeron en combate.  El comandante de Batallón lo destacó en su informe: “Debo consignar la valerosa actitud del señor Subteniente Ortiz, quien en medio del fragor del ataque, alcanzó a mandar a este comando el parte respectivo… para luego caer heroicamente acribillado por las balas invasoras”.

Toda esa sangre derramada por amor a la Patria, para verla lucir orgullosa entre las naciones del mundo; para dejar a las generaciones venideras ejemplos de cumplimiento del deber, sin medir el sacrificio necesario. Todo para ver ahora como la vilipendian, humillan y avergüenzan,  apetitos insaciables y  una corrupción desaforada.

¡Insólito!

El accionar político es (debe ser) guiado por ideologías que orientan a los partidos en sus procesos para alcanzar y ejercer el poder; en tal virtud, la lucha política implica una confrontación democrática de tesis sobre la naturaleza de la sociedad, el papel del Estado, la relación entre las clases sociales y las orientaciones estratégicas sobre el diseño de políticas públicas para alcanzar objetivos de interés general. Los procesos electorales permiten (deben permitir) el gran debate sobre las distintas propuestas filosóficas, políticas y programáticas de cada candidatura que representa la corriente ideológica de su partido.

La competición política implica (debe implicar), además, la confrontación democrática de posiciones sobre cómo se entiende los fenómenos políticos, sociales y económicos; cómo se evalúan y se propone resolver los problemas de la vida real de los ciudadanos; qué valores y principios van a guiar el ejercicio del poder; qué orientaciones van a regir en la política internacional; en fin, todos los temas que interesan a los seres humanos en sus procesos sociales y en su realización individual.

Cuando triunfa un partido, está obligado a cumplir el programa de gobierno que sirvió para registrar a sus candidatos y a respetar las orientaciones fundamentales de la ideología proclamada en su declaración de principios. Para este fin, debe trabajar el Ejecutivo junto a la Función Legislativa y, muchas veces, para lograrlo, buscar alianzas con partidos y movimientos de orientación similar, con los cuales es posible consolidar un plan de gobierno común. En el sistema parlamentario estos procedimientos son claros, a la luz del día, porque si no se logra esa mayoría, simplemente no se puede organizar el Gobierno.

Lo inadmisible es que ideologías supuestamente ubicadas en los extremos del espectro político se junten para repartirse el poder, controlar las instituciones, impedir la gobernanza democrática y boicotear al partido que alcanzó el apoyo mayoritario en el proceso electoral. En un país donde la política y la democracia se respetan, sería insólito ver partidos de clara orientación neoliberal formando mayoría con partidos que dicen ser marxistas del siglo XXI, a los que antes combatieron con furor.

La democracia ecuatoriana

La democracia ecuatoriana ha sido siempre frágil. No ha podido desarrollarse a plenitud, asediada como ha estado por el populismo y el caudillismo, herencias fatídicas de la centenaria sumisión colonial. Es tan dramático el subdesarrollo político ecuatoriano que aún su historia se ha periodizado conforme al mandón de turno: floreanismo, urbinismo, garcianismo, alfarismo, velasquismo y, seguramente, los historiadores se referirán a los primeros años del siglo XXI, como el período correísta.

La democracia implica el imperio de la ley, como norma general, que obliga a gobernantes y gobernados; la división de funciones, que impide el ejercicio absoluto del poder; la pluralidad, opuesta al modelo excluyente de partido único; la alternabilidad, como prevención del caciquismo; la responsabilidad y rendición de cuentas de las autoridades; y, el respeto a los derechos y libertades del pueblo. Iguales requisitos deben cumplir, por supuesto, las organizaciones políticas que compiten por el poder para realizar sus proyectos político-ideológicos.

Los partidos y movimientos políticos, según norma constitucional, deben sustentarse en “concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias”. Nada de esto se cumple en el caso de Ecuador, donde proliferan organizaciones políticas que, en la mayoría de los casos, han desnaturalizado su función, convirtiéndoles en simples organizaciones que luchan por el poder, sin otra orientación que la de alcanzarlo como un botín para satisfacer intereses de sus cúpulas dirigentes.

El panorama se torna aún más sombrío en tiempos como los actuales, cuando ha surgido un jugador político poderoso: el crimen organizado, con pretensiones, no solamente de cooptar el control del Estado corrompiendo a políticos, jueces, fiscales, contralores, policías y militares, sino que, patrocinando el ingreso de su gente en las instituciones. La narcopolítica se ha convertido así en la mayor amenaza a la seguridad y desarrollo de los países, que corren el riesgo de convertirse en narco estados.

Estas reflexiones deben ser tomadas muy en serio, al inicio de una campaña para elegir autoridades locales. Corresponde al Consejo Electoral actuar con rigurosidad.

Autonomías

Como una forma de salir de la crisis política, Jaime Nebot ha planteado la adopción de un sistema federal de organización territorial. Es una propuesta que debería ser debatida con profundidad y presentada en detalle para facilitar ese debate. Lamentablemente, en un país víctima de un regionalismo insano, el asunto se limita a descalificar la propuesta o a culpar al centralismo de Quito por no apoyarla, sabiendo que, si resultase una solución adecuada para alcanzar el desarrollo equilibrado social y económico de todos los ecuatorianos, sería respaldada.

Cabe, sin embargo, explicar que, por una lucha decidida de alcaldes y juntas parroquiales, el Ecuador cuenta con un estatuto jurídico de avanzada, recogido en la Constitución del Estado y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), que no ha sido aplicado en su totalidad, por falta de voluntad de las mismas autoridades locales.

El Art. 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un país unitario que se gobierna descentralizadamente; el Art. 238, concede a los GAD autonomía política, administrativa y financiera;  el Art. 239, determina un sistema nacional de competencias obligatorio y progresivo; el Art. 240  atribuye facultades legislativas a los GADs; el Art. 244 permite a dos o más provincias conformar regiones autónomas; y, el Art. 247 autoriza que un cantón o conjunto de cantones puedan constituir distritos metropolitanos autónomos. Regiones y distritos deben aprobar plebiscitariamente su estatuto autonómico, conforme a sus realidades territoriales, económicas y socioculturales.

El análisis debería, entonces, orientarse a encontrar una solución superior a la existente o alguna que incorpore lo mejor de las alternativas que se presenten, aunque ninguna será una panacea. Venezuela, Brasil, México y Argentina son países federales; Chile, Uruguay, Colombia, Perú y otros son unitarios ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la verdadera razón de las crisis recurrentes? América Latina es la región del planeta económicamente más injusta y socialmente más discriminadora; en consecuencia, la más violenta e inestable. Las soluciones deberían enfrentar esas causas, con cualquier forma de organización territorial del Estado.

Lecciones aprendidas

Jorge Enrique Adoum, en ‘Ecuador: Señales particulares’, describió con frases que traducían un angustioso reclamo de cambio a un pueblo caracterizado por la “abolición del futuro… un país transitorio que vive al día”. En el cual nadie es capaz de ver “más allá de la semana próxima, del año próximo” con gobiernos y políticos cuya visión de porvenir se agota en las “lecciones inmediatas”.

Esa visión cortoplacista es fruto de la desmemoria de un país que tropieza reincidentemente con la misma piedra; que no aprende de experiencias como las de octubre de 2019, que se reeditaron, en lo esencial, tres años después, por la acumulación de frustraciones de una mayoría devastada por la pandemia y por la inacción de un Estado paralizado por la corrupción de sus instituciones fundamentales;  la dirigencia de la Conaie y de otras organizaciones que, lo acepten o no, o  se dejaron utilizar o fueron parte de la conspiración golpista; un expresidente que fraguó el fallido de golpe de Estado contra Lenín Moreno y volvió a fracasar en esta ocasión, desesperado por retomar el poder  y lograr la impunidad; los movimientos de Derechos Humanos que alientan la violencia  al arremeter contra la fuerza pública que protege a la sociedad de actos vandálicos y terroristas; una Asamblea mediocre y conspirativa que amnistió sin discrimen a los  violentos de 2019 y ahora pretende llamar a juicio político a los ministros que defendieron la paz y la democracia; los comités de defensa de la revolución con tácticas y técnicas subversivas debidamente codificadas y entrenadas, que terminan como fichas útiles para políticos que han devaluado al extremo los términos de socialismo y progresismo.

En positivo, la diferencia la ha marcado la sociedad civil o una parte de ella que, con banderas blancas, salió en manifestación multitudinaria a defender la paz y la democracia, exigiendo una solución negociada del conflicto; en el mismo sentido, la Iglesia católica, con su oferta de mediación que dignificó una negociación convertida en farsa; y,  la fuerza pública, cuyos miembros, con la cartilla de los Derechos Humanos en la mano, cumplieron la misión con el uso mínimo indispensable de la fuerza.   Bien por ellos.

Pedagogía del terror

Los conflictos son connaturales a la relación social y política. Cumplen, en general, un papel positivo para impulsar los cambios necesarios en la construcción de sociedades cada vez más abiertas, justas y solidarias. Lo importante es no negarlos ni satanizarlos; por el contrario, se debe aceptarlos, comprenderlos, administrarlos y resolverlos buscando el beneficio común. En los gobiernos autoritarios y totalitarios se reprimen los conflictos, se los considera como fenómenos indeseables que amenazan un orden normalmente impuesto dogmáticamente desde el poder.

No sucede lo mismo en los regímenes democráticos que reconocen el conflicto como parte importante de la dinámica de la sociedad y, por lo mismo, incorporan formas de solución pacífica regladas, resultantes de la negociación. La propia estructura del sistema acepta la diversidad de intereses, objetivos y visiones ideológicas, que se expresan a través de partidos políticos que luchan cívicamente por aplicar sus programas, en el marco de normas constitucionales que reflejan grandes consensos de la población.  La diversidad es aceptada como normal, lo mismo que el respeto a la ley y a los derechos humanos, sin ninguna forma de distinción.

En los regímenes autoritarios no se reconoce la división de funciones en el ejercicio del poder político ni el derecho a la oposición democrática, peor a la resistencia frente a los desmanes de la autoridad. Se vive una paz impuesta por el miedo; oprime a la población el terror aplicado mediante estrategias diversas para lograr el sometimiento. Esa paz falsa vivió el Ecuador durante una década. Si alguien osaba levantar la voz frente a la prepotencia, se le respondía insultándole, mofándose y muchas veces calumniándole, para descalificarle y someterle al escarnio social.

En esos días oscuros de autoritarismo y arbitrariedad, no levantaban la cabeza los ahora prepotentes falsos líderes que proclaman desde una estrategia de violencia demencial la confrontación. Atacan sin piedad a personas, destrozan infraestructuras, destruyen sembríos, asaltan negocios, derraman la leche, talan los árboles, sitian las ciudades y siembran el pavor, sin entender que con el odio y la violencia jamás se construirá la justicia social y la paz. 

Entrampados

Nuevamente el caos se apodera del Ecuador; el conflicto social, por muchas razones entendibles, es instrumentalizado por una violencia política irracional, impulsada por ideologías  anacrónicas, mal entendidas y peor aplicadas. El resultado: un país escindido, parcelado, sin capacidad de definir un proyecto nacional pragmático que atienda con justicia y equidad las aspiraciones de la generalidad de los ecuatorianos.

Esta geografía andina que fracciona, desde tiempos inmemoriales, a las comunidades en ella asentadas, ha marcado una tendencia perniciosa y destructiva: ese regionalismo que brota en cualquier resquicio de la relación social, cultural, económica o política para exaltar  las diferencias, por pequeñas que sean, frente a las múltiples afinidades e intereses comunes que deberían merecer atención prioritaria.

Esta historia que, lejos de desempeñar una función pedagógica que nos permita entender el presente para poder proyectar un futuro mejor para todos y todas, se empeña en destacar las páginas de explotación inmisericorde, discrimen y abandono de los pueblos originarios, pero no para corregir los desafueros y orientar justicia, sino para anunciar venganza.

Y lo peor, ideologías irreconciliables de orientación extrema, de quienes proclaman la adoración al mercado, con su propio catecismo, como guía infalible para sus políticas públicas, sin reconocer que esa devoción está conduciendo a la humanidad a un callejón sin salida, que puede significar su propia ruina; frente a “revolucionarios” armados con el  obsoleto manual del marxismo-leninismo, agravado por un mariateguismo pervertido, el que le sirvió a Abimael Guzmán para justificar su guerra racista y genocida, respaldándose en el criterio del gran filósofo marxista peruano que proclamaba: “No hay revolución mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida. Toda revolución tiene sus horrores”.

Pero la enorme mayoría de ecuatorianos, indígenas incluidos, no deseamos una aventura sangrienta, una guerra fratricida que, sabemos bien, dejaría heridas difíciles, si no imposibles, de sanar.  Proclamamos, la paz y la democracia, como las únicas alternativas para avanzar hacia un futuro mejor para las actuales y futuras generaciones.

¡Qué vergüenza!

La convocatoria del presidente Guillermo Lasso era indispensable para coordinar, con los gobiernos locales, tareas conjuntas que permitan frenar la criminal acción de la delincuencia que ha sitiado a la sociedad ecuatoriana y la tiene secuestrada por el miedo y la impotencia. La sociedad habría esperado una respuesta cívica, no demagógica e histriónica; pero lamentablemente algunos políticos son incorregibles y de ellos poco se puede esperar.

De acuerdo con la norma legal, contenida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad en la competencia de seguridad ciudadana:

Art. 50.- Le corresponde al prefecto o prefecta provincial:

“Coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad de cada provincia y en armonía con el plan nacional de seguridad ciudadana, articulando para tal efecto el gobierno autónomo provincial, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional”.

Art. 60.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:

“Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

Art. 70.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:

“Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional”.

La ley manda que exista un plan nacional de seguridad ciudadana y planes en los demás niveles de gobierno. Habría sido importante que el presidente exponga su plan para orientar la planificación provincial y local. Para que esto suceda, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) debería contar con un organismo de planificación y coordinación permanente, que hoy no existe, lo que ha sido causa del desastroso manejo de las crisis de seguridad a partir del año 2017. Además, para desgracia de los ecuatorianos, los políticos se encuentran ya en campaña para las elecciones seccionales, por lo que de ellos poco se puede esperar.

¡Bien por Cuenca!

Se ha abierto un amplio debate sobre el papel de los distintos niveles de gobierno y funciones del Estado en la seguridad ciudadana, como respuesta a la invitación realizada por el Presidente de la República a los alcaldes, para coordinar acciones en esta materia.

La seguridad ciudadana, es considerada como una de las dimensiones de la seguridad humana, que procura que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales, garantizados por instituciones públicas en el marco de un Estado democrático. Se la califica como un bien público, edificado por, para y con los ciudadanos, con la participación de todas las funciones del Estado y todos los niveles de gobierno. Destaca el papel de los gobiernos locales que, por ser los más cercanos a la gente, ocupan una posición privilegiada para enfrentar, tanto las expresiones inmediatas y visibles como las estructurales de la inseguridad. La seguridad ciudadana implica, además, una íntima cooperación entre el sector público y el privado.

La Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado dispone: “… corresponde a la Policía la protección interna, el mantenimiento y control del orden público, contribuyendo con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados para lograr la seguridad ciudadana… La Policía Nacional desarrollará sus tareas de forma desconcentrada a nivel local y regional, en estrecho apoyo y colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados”. 

La planificación de la seguridad ciudadana considera cuatro acciones fundamentales: previsión, prevención, atención y rehabilitación; las dos primeras llevan la prioridad en una buena política pública de seguridad ciudadana. En el caso de la prevención, existen varios enfoques: social, comunitario, situacional,  de desarrollo, e integrado. En todos ellos destacan  como actores fundamentales los gobiernos locales y la participación ciudadana.

Cuenca ha sido, como en otras situaciones y ocasiones, la primera en dar una respuesta positiva al llamado del Gobierno. Ha ofrecido ser la anfitriona del evento y, sin duda, asumir las responsabilidades que legalmente, corresponden a los gobiernos locales. Felicitaciones a sus autoridades.