Paco Moncayo Gallegos
En el capítulo XVIII del libro ‘El Príncipe’, aconseja Maquiavelo: “En las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados…”. Alguien sintetizó lo anterior en la frase: “El fin justifica los medios” a la que, un elemental sentido moral, debería matizar incluyendo: “Siempre que esos medios no denigren los objetivos legítimos de las personas o colectividades”.
Lo anterior es especialmente importante en el caso de la coacción estatal, en el ejercicio de su potestad y deber de hacer cumplir el Derecho. Por esa razón, en la democracia, para evitar toda forma de exceso, existen normas legales y reglamentarias que regulan el “uso legítimo y proporcional de la fuerza”. Quien las vulnere deberá ser sancionado, siguiendo el debido proceso.
Además, como toda relación social y política implica una posibilidad de conflicto, existen normas para el ejercicio legítimo de la protesta y de la resistencia frente a cualquier decisión arbitraria o ilegal de un gobierno. Adicionalmente, hay instituciones del propio Estado- como la Defensoría del Pueblo– que cumplen con esos nobles fines, y organismos nacionales e internacionales que se ocupan de la defensa de los derechos humanos.
Lo anterior es fruto de una larga lucha en contra de las arbitrariedades y abusos de gobiernos autoritarios y totalitarios, autores de episodios sangrientos escenificados a lo largo de la Historia; por esto, es inaceptable cualquier retroceso en esta materia. Pero, por otra parte, ningún gobierno puede dejar que la violencia, sea delincuencial, política o, peor todavía, una mezcla de ambas ocasione desorden, anarquía y caos, con la justificación de que lo hacen en defensa de la naturaleza o de cualquier otra causa, por noble que sea esta.
La Ley debe respetarse y los violentos ser sancionados porque denigran las causas que supuestamente están defendiendo. Actualmente, el país enfrenta un conflicto armado contra el crimen organizado y debe hacerlo unido y solidario. Otra horrorosa pesadilla como el “Estallido” de 2019, justificado en anacrónicas tesis guerreristas es inaceptable.