Paco Moncayo Gallegos
No es aceptable que actúe así el presidente de un gran país como México, violando los más elementales fundamentos del Derecho Internacional Público y maltratando al Gobierno de un país amigo. Incomprensible que, de pronto, un político de tantos años y con tanta experiencia, haga suyo un falaz relato interesado y una versión fantasiosa de la tragedia que vivió el país con el asesinato de Fernando Villavicencio. Dijo: “Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba… Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va a arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube…”. Luego, afirma: “Se implementa una segunda etapa, creando un ambiente enrarecido de violencia…Pero todo armado…”. Sugiere así que el magnicidio fue tramado para que pierda la candidata Luisa González en favor del candidato Daniel Noboa.
Justificadamente el Gobierno dispuso a la embajadora mexicana abandonar el país. En respuesta, López Obrador concede asilo diplomático al exvicepresidente Jorge Glas y, cuando la fuerza pública se hace presente en la Embajada, para evitar un evidente intento de fuga, afirma: «Es bastante publicitario el uso de fuerza rodeando la Embajada con mucha prepotencia, pero así son los fachos«. Faltaba más, acusa al Gobierno de fascista y agrava el impasse que solamente su imprudencia había creado.
Lo evidente es que Jorge Glas no es un perseguido político; fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y a ocho años por cohecho en el caso Sobornos, respetando el debido proceso (aún no ha cumplido la pena); recibió cinco fallos favorables de jueces ahora enjuiciados por presuntas relaciones con el crimen organizado; está procesado por presunto peculado, dentro del caso Reconstrucción de Manabí y tiene en trámite un proceso legal por presunto acoso. ¿Puede considerarse un perseguido político?
Pero, tampoco es aceptable reaccionar a la violencia con otro acto violento. La respuesta correcta, sin duda, habría sido acudir a todos los instrumentos del ordenamiento jurídico internacional para denunciar las múltiples agresiones del presidente mexicano. Esto, lastimosamente, no se hizo.