Los desafíos socioeconómicos que implica vivir en Ecuador le pasan la factura más alta a quienes menos pueden asumirla. El empobrecimiento del Estado afecta principalmente a aquellos para los que este es el único proveedor de servicios básicos. Hechos fortuitos como la pandemia o inevitables aunque previsibles como El Niño golpean con especial saña a quienes apenas subsisten. Incluso fuerzas de calibre supranacional —la inflación, la crisis de las cadenas de abastecimiento o el avance de la automatización— se ensañan con aquellos en extrema pobrezaa, carentes de las habilidades laborales y la capacidad de consumo que el sistema exige.
Así, el país observa a diario desventuras que deberían haber quedado atrás. La necesidad obliga a los jóvenes a abandonar los estudios secundarios, una decisión que casi siempre impone un techo bajo y definitivo para su futuro desarrollo profesional y económico, más temprano aún a las mujeres. La indigencia —reflejada en los albergues abarrotados— está más presente que nunca. A ello hay que sumarle la pobreza entre los adultos mayores, la vulnerabilidad de la infraestructura educativa, la precariedad de las cárceles y más.
La productividad nacional no puede mejorar con una población que deserta en secundaria, ni se puede consolidar un mercado interno si tantos ciudadanos carecen de todo poder adquisitivo. Mientras, el Estado gasta miles de millones en subsidios para los sectores más ricos, derrocha recursos en corrupción disfrazada de ineficiencia e insiste en sostener a toda costa a una clase media burocrática artificial. Sería bueno saber qué piensan hacer los candidatos ante este flagelo que no tiene visos de detenerse.