Con un nuevo reglamento de Alianzas Público-Privadas, una oficina de inversiones en marcha y una parrilla de proyectos establecidos, el Gobierno deja la cancha marcada.
Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas, explicó que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso deja un legado con tres componentes: una parrilla de 26 proyectos en marcha; una oficina de inversiones funcionando y con presupuesto; y una normativa moderna a través de un nuevo reglamento para Alianzas Público-Privadas (APP).
¿Es cierto que el actual Gobierno ha sido poco eficiente y lento para concretar inversiones y darle a la gente obras visibles?
Siempre se puede hacer las cosas mejor cuando las condiciones también son más favorables. Lo correcto es comparar los logros del Gobierno de Lasso en sus primeros dos años, con los logros de otros Gobiernos en sus primeros dos años. No se puede medir 10 años o 4 años de otras administraciones con dos años de la actual. Se han hecho nuevas infraestructuras escolares, mejoramientos y rehabilitaciones viales, nuevas infraestructuras en temas de vivienda. Si se toma todo esto en cuenta, y se compara con los logros en los primeros dos años de otros presidentes, yo creo que el Gobierno de Lasso queda muy bien parado. En el caso de las obras de largo alcance, a través de Alianzas Público-Privadas (APP), se debe tomar en cuenta que entre 2017 y 2021 no se concretó ningún proyecto bajo esta modalidad. Entre 2007 y 2016, es decir en 10 años, apenas se concretaron 5 proyectos de APP. Nosotros en dos años hemos podido concretar dos proyectos en el campo eléctrico. Además, tenemos una parrilla de 26 proyectos, de los cuales 11 son por APP, que dejaremos listos para que el próximo Gobierno pueda finalizar las obras entre 2024 y 2025.
P. ¿Cuáles son estos 11 proyectos APP de los que se podría beneficiar el próximo Presidente?
Acabamos de emitir un Decreto Ejecutivo con un nuevo reglamento para las APP. Esto era necesario para transparentar, simplificar, acelerar y dar más opciones de financiamiento a los procesos. Con este nuevo marco, los principales beneficiados son las 11 APP que tenemos en la parrilla de inversiones. Estos proyectos están en cuatro sectores. Por un lado, tenemos 7 proyectos viales (Pifo-Y de Baeza: Ambato-Guaranda-Babahoyo; Manta-Quevedo; La Bahía-Pedernales-Cojimíes; la Loja-Catamayo; la Ambato-Baños-Puyo y la Montecristi-La Cadena). Asimismo, está el proyecto del Puerto de Esmeraldas; las grandes hidroeléctricas de Cardenillo y Santiago, que están en fase de estructuración, y representan inversiones por más de $3.000 millones. En el caso de Santiago, se proyecta que sea dos veces la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Otro proyecto muy importante es una red de centros de diálisis que el Ministerio de Salud Pública ha priorizado como APP. Todas estas iniciativas se van a poder beneficiar de una regulación súper moderna, un marco regulatorio mucho más completo y con mucha más previsibilidad para poder establecer compromisos y también mecanismos de pago para los concesionarios.
P. En los cuatro meses y medio que le queda al Gobierno de Lasso, ¿Cuál es el desafío y en qué estado se legará esos principales proyectos?
El desafío es consolidar un legado al próximo Gobierno, cualquiera que este sea, sobre todo pensando en el beneficio de la ciudadanía. Ese legado tiene tres componentes. En primer lugar, la parrilla activa de 26 proyectos. Vamos a dejar al menos 6 proyectos con contratos firmados para inicio de obra. También dejaremos al menos dos proyectos ya adjudicados y uno con licitación en curso. Asimismo, más de 12 proyectos en estructuración, con estudios de prefactibilidad financiados y en marcha. Asimismo, quedarán 7 proyectos en preparación, con perfiles técnicos, y con el proceso de búsqueda de financiamiento. Otro legado importante es el institucional. Se ha montado una oficina de Inversiones Público-Privada con personal altamente capacitado y en pleno funcionamiento. Además, se deja un fondo habilitado y permanente de alrededor de $40 millones para nuevos estudios de prefactibilidad y factibilidad. Nosotros no heredamos nada de esto. Ni oficina, ni recursos. Finalmente, el tercer componente es un esquema normativo modernizado que es la base fundamental para atraer a los inversionistas en los procesos de licitaciones, en los procesos de priorización y preparación, pero sobre todo en los contratos.
P. ¿Cuáles son las claves del nuevo reglamento que se ha emitido y por qué va a acelerar las inversiones?
El nuevo reglamento aporta mayor transparencia, mayor eficiencia y tiempos más cortos para estructurar proyectos (incluye un contrato competitivo y robusto); y facilidades para acceso a financiamiento y bancarización. Se establecen las condiciones para tener un registro de acceso público para que, desde el inicio, se puedan consultar las características de cada proyecto. Se reduce la discrecionalidad de los funcionarios públicos con reglas claras. Asimismo, se exige que los oferentes hagan su mejor esfuerzo y presenten ofertas lo más ajustadas a la realidad. Por eso, no se va a permitir hacer modificaciones a los contratos en la fase inicial y en la fase final. Esto obviamente restringe o desincentiva ofertas temerarias donde, luego de ganar la licitación, se pide una renegociación aumentar costos o modificar condiciones. Se han tomado las mejores prácticas internacionales, lo que incluye la guía para legislaciones de APP emitida por el Banco Mundial en junio de 2022. Asimismo, hemos eliminado cuatro pasos burocráticos que tenía el anterior reglamento. Esto permitirá bajar entre cuatro y seis meses los tiempos. En los proyectos más grandes, los tiempos bajarán de 33 meses o más a 27 meses para llegar al inicio de obra. En el caso del acceso a financiamiento, se establecen compromisos en firme, incluidos en la planificación fiscal de cada año, para asegurar los fondos necesarios para los proyectos, tanto a través de fondo de contingencia o fondos de liquidez. Por otro lado, también se permite a los financistas la posibilidad de poder intervenir en caso de que los proyectos tengan problemas graves. El objetivo es que la obra se cumpla y se beneficie a los ciudadanos. (JS)
“El Ecuador debe tener un esquema normativo que dé seguridad jurídica que convierta al riesgo país en un riesgo contrato suficientemente atractivo para todos”.
“La atracción de inversiones, sobre todo en proyectos de largo plazo, siempre toman tiempo”.