Cámaras de reconocimiento facial en la avenida ‘12’ no entran en funcionamiento

IMPORTANTE. Las cámaras de reconocimiento facial funcionarían como parte del proyecto Bicentenario.

Las ocho cámaras de reconocimiento facial que se instalaron en agosto, como parte del proyecto Bicentenario impulsado por el Municipio de Ambato, aún no funcionan.

Estas cámaras tienen la funcionalidad de detectar el rostro de las personas y en caso de estar cometiendo un delito pueda ser identificada.

Cada una de estas cámaras costó 3 mil dólares, incluido el cableado y la interconexión.

Sin embargo, pese a este anuncio, hasta el momento no ejecuta ninguna de las funciones para las que fueron instaladas.

Al respecto, el director de Obras Públicas, Klever Padrón manifestó que la instalación de dichas cámaras se hizo en coordinación con el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana (Comseca), el ECU 911 y Seguridad Física.

Añadió que estas entrarán en ejecución cuando culmine el trámite de conexión que debe ser aprobado por Seguridad Física del Municipio de Ambato. Concluido aquello el manejo de la base de datos se realizará con el ECU 911 para la parte legal.

Adicionalmente, desde el ECU 911  se puntualizó que estas cámaras todavía no se han anclado al sistema de videovigilancia y tampoco cuentan con una base de datos con la que deberían funcionar.

Mientras se ajustan los temas de funcionamiento, entre la ciudadanía y expertos en temas jurídicos el tema genera varias opiniones pues el uso de cámaras de reconocimiento facial podría vulnerar derechos de los ciudadanos si sus datos personales se ponen en libre disposición de las instituciones que las usen.

 

CIFRA:

  • 8 CÁMARAS de reconocimiento facial se instalaron en el sector del parque 12 de Noviembre.
  • 3 MIL dólares le costó al Municipio cada cámara de reconocimiento facial.

 

 

Cómo funcionan

Según Carlos Mena, experto en seguridad tecnológica, este tipo de tecnología ya se usa en la empresa privada y sirve para controlar la asistencia de los empleados o controlar la presencia de sospechosos.

“En el caso de detectar que la persona es sospechosa se registra en la base de datos y si vuelve al sitio se activan alarmas de seguridad para tomar medidas al respecto”, dijo Mena

“El reconocimiento facial es una forma de autenticación biométrica, como las huellas dactilares o las tarjetas. Lo que varía es que el dispositivo tiene un software que toma fotografías de forma constante para mejorar la precisión del reconocimiento. Pero a diferencia de otras formas de autenticación, esta tecnología recopila información o toma la foto de un rostro, pero sin consentimiento de una persona”, aclaró.

Frente al manejo de la información en un espacio abierto, Christian Guerra, gerente general de la empresa de seguridad Tekku, dijo que, si una ciudad tiene una presencia masiva de cámaras, el Estado podría vulnerar la privacidad de las personas.

“Esto restringe la libertad del ciudadano al momento de elegir qué información personal quiere compartir con el mundo”, manifestó Guerra.

Aclaró que en Ecuador no existe un manejo macro de información sobre la población, por lo que no se podría manejar este sistema dentro de una ciudad.

Sostuvo que en el caso de darse esto, podría servir únicamente para detectar personas que tengan antecedentes penales y así acceder a la información solicitada a la justicia.

Guerra insistió en que la tecnología es un punto sensible porque depende de quién maneje este tipo de información, la que estará a disposición del servidor central encargado de la administración de las cámaras.

 

 

 

Opiniones sobre su legalidad

Ante la posible vulneración de derechos, que implica el uso de las cámaras de reconocimiento facial, en un comunicado en su página oficial la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) de Ecuador instó al Gobierno y a los municipios a abstenerse de instalar esta tecnología.

Su pedido se basó en que el país no tiene garantías legales para la aplicación de tecnología biométrica y se incumplen con estándares internacionales para resguardar la privacidad ciudadana.

La organización señala que es fundamental que se levante la reserva de información confidencial que el ECU 911 mantiene desde 2013 en los protocolos, procedimientos, metodologías, instructivos para la atención de emergencias, videovigilancia y recepción de llamadas al 911.

Se recuerda que según la Ley de Acceso a la Información Pública, la confidencialidad solo se aplica a temas de defensa nacional ante posibles amenazas en contra del Estado, información sobre ubicación de material bélico y fondos de reserva para defensa nacional.

Por ello, no se justifica que los procedimientos del ECU 911 sean reservados, aclaró.

El abogado penalista Hernán Rivera manifestó que según el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se vulneran los derechos cuando se violenta la privacidad de las personas, es decir, cuando se manejan de manera pública la información de una persona y no a través de un procedimiento legal para un objetivo específico.

Es por eso que, cualquier dato deberá necesariamente ser entregado solo a través de documentos de la Fiscalía para investigaciones, pero si se difunden la información del individuo quien lo haga puede tener de uno a tres años de cárcel, aclaró el especialista. (CNS)

 

 

Uso cuestionable en espacios públicos

La vigilancia biométrica es cuestionable y va en contra de los principios y derechos de las personas según la Ley de Derechos Humanos de 1998.

En un artículo publicado por Amnistía Internacional, movimiento global para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, se explica que los Estados recurren cada vez más a esta tecnología para controlar manifestaciones, dificultando de forma significativa el derecho de reunión pacífica y el derecho a la libertad de expresión.

El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye dijo que “en entornos sometidos a una vigilancia ilícita generalizada, las comunidades vigiladas conocen o sospechan de tales actividades, lo que a su vez perturba y restringe su capacidad para ejercer sus derechos a la libertad de expresión [y de] asociación”.

El artículo sostiene que, de otro modo, el uso de la tecnología de reconocimiento facial puede actuar como un elemento disuasorio de doble filo, al interrumpir tanto las reuniones pacíficas en espacios públicos como la documentación de posibles abusos, desincentivando gravemente esas formas de disidencia pacífica en un futuro próximo.

¿Qué quiere el gobierno?

Hace más de un año, Ecuador celebró el encomiable acierto del obierno del presidente Guillermo Lasso en la conducción del programa de vacunación contra el COVID-19. Luego, se prometió a los ecuatorianos, se trabajaría en la reedificación de la economía —con una estructura sincera y sostenible, idónea para el crecimiento, alejada definitivamente del populismo y sus engaños—. La estrategia de la lucha contra el narcotráfico, se dijo, sería aislar a nuestra economía de esa industria: evitar que insumos para la producción de dichas sustancias se exportaran desde nuestro país e impedir que el producto refinado ingresara a nuestro territorio.

Nada de eso ha sucedido.

En lo económico, el país sigue entrampado en el mismo diseño fallido que nos legó el correísmo —mismo régimen laboral y comercial, misma estructura financiera, mismas fuentes de ingresos, mismo gasto en burocracia—, solo que con más impuestos, menos producción petrolera y poquísima inversión pública. La inexplicable incapacidad de negociar maduramente y alcanzar acuerdos sustanciales con otras fuerzas políticas han truncado la posibilidad de cualquier reforma duradera.

En materia de seguridad, el régimen nos ofrece ahora un Plan Ecuador —con militarización y armas de punta—, vemos a zonas de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos descender a niveles propios de guerrilla urbana, llegaremos a tres mil asesinatos al año y parece que tenemos tantos peces gordos locales que será necesario extraditarlos. A la par, se debilita el Ministerio encargado de la seguridad.

Lo que quiere la gente es claro: paz y trabajo; pero, ¿qué es lo que busca el gobierno?    

Decomisan equipos a una empresa de seguridad que no tenían permisos

Evidencias. Los implementos fueron llevados a las bodegas de la Policía.

El Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada de la Policía Nacional, decomisó uniformes, chalecos antibalas y varios accesorios pertenecientes a una empresa de seguridad que operaba sin permisos, en Píllaro.

El hecho se registró en el sector La Merced de Píllaro, la noche del sábado 24 de septiembre de 2022.

A decir de las autoridades en el operativo de control y seguridad se intervino a una compañía que prestaba sus servicios en el sector.

Esta empresa había sido contratada para resguardar un evento público, sin embargo, no contaba con los permisos correspondientes.

La Policía verificó los datos de la empresa en el sistema ‘Sicosep’, pero arrojó que no existían datos.

Enseguida, los uniformados retiraron cuatro chalecos de protección balística, cintos de nylon, gorras con logos, toletes y gas, como evidencias del hecho.

Según las autoridades, estos operativos están enfocados en controlar que las empresas contraten a guardias que cuenten con el aval del Ministerio del Interior.

Esto debido a que en muchas ocasiones los implementos son usados de forma ilícita para cometer delitos. (FCT)

Intensifican operaciones de seguridad en Esmeraldas

La Fuerza de Tarea Conjunta  está desplegada en la provincia desde el 3 de junio de 2022.

A casi cuatro meses de conformada la Fuerza de Tarea Conjunta  (FTC) “Esmeraldas” y declarada “Zona Especial de Seguridad”, se intensifican las operaciones militares en el ámbito interno de apoyo a la Policía Nacional y a otras instituciones del Estado para mantener  la seguridad ciudadana.

Una información difundida, hoy 24 de septiembre de 2022,  por el Centro de Coordinación de Operaciones de Información de la FTC,  detalla que se ha  intervenido con equipos de combate de la Infantería de Marina e Infantería Aérea,  y tropas del Grupo Fuerzas Especiales 27 Miguel Iturralde, en barrios de alta conflictividad en distintos cantones de la provincia para desarmar a las bandas delincuenciales en coordinación con la Fiscalía y Policía Judicial.

Se han ejecutado aprehensiones de ciudadanos en delito flagrante, en posesión de armamento, armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización.  Los detenidos  están a órdenes de las autoridades competentes.

Se ha reforzado con tropas de fuerzas especiales la zona de frontera norte para evitar el tráfico de armas, municiones y explosivos; evitar el contrabando de mercancías y combustible, y que disidentes de grupos irregulares armados de Colombia  crucen al territorio Ecuatoriano.

La FTC está  conformada por más de 1.400 militares y más de 800 policías que  laboran en los siete cantones de la provincia. (SC)

 

 

Instituciones públicas serán vigiladas para cumplir con la Ley de Discapacidades

ACCIÓN. Observatorio de ciudadanos vigilará que las instituciones lojanas cumplan con los derechos de las personas con discapacidad.

Los Observatorio Ciudadanos deben implementar políticas públicas, por medio de normas, leyes, reglamentos y planes que vigilen la gestión pública.

Con la finalidad de vigilar si la Ley de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos se está aplicando correctamente en el Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha conformado el Observatorio Nacional del Trabajo y Salud de las Políticas Públicas y de las personas con discapacidad, organismo que se rige a nivel nacional y está avalado por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Los voluntarios que forman parte del Observatorio en la provincia de Loja, a partir del 22 de septiembre de 2022, empezaron a verificar si las instituciones públicas cumplen con todo lo establecido en la ley hacia las personas con discapacidad, así lo manifestó Iván Riofrío, coordinador nacional del mismo.

“Yo soy una persona con discapacidad y he tenido que vivir en carne propia la falta de acceso a instituciones en mi condición. Todo eso lo emitiremos a los organismos correspondientes para que sean ellos quienes definan lo que procede, sanciones o cambios. Esto no puede continuar de esta forma”, agregó.

Por su parte, Débora Álvarez, secretaria técnica del Observatorio, comentó que no pueden seguir permitiendo la insensibilidad hacia las personas con discapacidad.

“Estamos dejando pasar así nomás temas que son de absoluta importancia, desde este espacio aportaremos con un granito de arena a que se cumpla lo que dice la ley, las personas con discapacidad no pueden seguir siendo dejadas de lado”, puntualizó.

El equipo que conforma el organismo encargado de la provincia de Loja, aseguró que se tratarán temas puntuales como vigilancia a instituciones públicas, situación de las paradas SITU, proyecto Regenerar “que se ha convertido en un peligro para los ciudadanos” y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

El Observatorio Ciudadano representa una forma de organización que agrupa a ciudadanas y ciudadanos para vigilar, evaluar y controlar el funcionamiento y cumplimiento de las políticas públicas, así como el desempeño de la gestión de la institución y/u organismos públicos.

Los Observatorios Ciudadanos cumplen la función de identificar y analizar las problemáticas de la implementación de las políticas públicas o la falta de ellas y generar propuestas que tengan por objetivo incidir, orientar y corregir el diseño e implementación de las políticas públicas, por medio de normas, leyes, reglamentos, planes o programas. Sus informes se sustentan en la información obtenida de estudios realizados por el Observatorio

En Ambato los padres de familia se organizan por la seguridad de sus hijos

INICIATIVA. Los padres de familia vigilan a los estudiantes a la salida de clases para evitar riesgos por la inseguridad.

Con el regreso a clases y frente a la inseguridad que se vive en la provincia y el país, en las unidades educativas se conformaron comisiones de seguridad de padres de familia.

Este programa está dentro de la estrategia de gestión de riesgos y sirve para dar vigilancia en las afueras de las instituciones educativas para así evitar robos, asaltos y venta de droga.

Aunque esta iniciativa comenzó hace cuatro años, no todas las instituciones la replican, directivos de las escuelas y colegios esperan que los padres se involucren más en esta actividad.

 

 

 

Modalidad

Paulina Olivo es docente y presidente de la comisión de riesgos de la Unidad Educativa Las Américas, ubicada en la avenida 12 de Noviembre, cerca de la plaza Urbina, dijo que las brigadas de seguridad se conforman con padres de familia de todos los cursos a través de un calendario que cubre cuatro turnos al día (a la entrada y salida de los estudiantes).

Con chalecos distintivos, los padres se ubican en las esquinas del plantel, así como al ingreso a la institución para recibir a los niños y adolescentes.

Aquí, no solo vigilan que crucen las calles sin peligro, sino que observan si no hay maleantes que los sigan o extraños que los acosen.

Olivo aseguró que ya hay alertas de que los estudiantes han sido víctimas de asalto, “con el regreso a clases presenciales, los riesgos aumentan”, dijo.

 

EL DATO
En Tungurahua se registraron 131.000 estudiantes 
en este nuevo ciclo escolar 2022-2023.

 

 

Iniciativa policial

Fernando Gavilánez, gobernador de Tungurahua comentó que, a través de la Policía Nacional, se capacitó a la población de nueve parroquias de Ambato con el fin de que la ciudadanía se vincule al tema de prevención del delito.

En ese mismo sistema se trabaja con los padres de familia para que se apoyen en la seguridad de los estudiantes.

Esto como parte del proyecto ‘Escuela Segura’ de la Policía Comunitaria, que elige las instituciones de mayor afluencia y capacita a los padres de familia y docentes en temas de autoprotección y seguridad con estrategias de prevención de delitos y violencia, acciones que luego se evaluarán mediante resultados.

 

 

 

Los protagonistas

En cuanto a la funcionalidad de estas brigadas, los padres de familia tienen criterios divididos, debido al tiempo, la intervención y el trabajo que se pueda realizar.

Mercedes Lara tiene dos hijas en Las Américas y aunque todos los días las deja y retira de la institución, sabe que en algún momento ellas deberán hacerlo solas.

Por eso aseguró que estas brigadas son un apoyo para que los estudiantes puedan, al menos, estar protegidos afuera del plantel, por lo que apoya que se mantengan las comisiones durante todo el año.

Pero no todos piensan igual, pues Carmen Vaca, madre de familia de una estudiante de la Unidad Educativa Bolívar, manifestó que no solo es una pérdida de tiempo, pues muchos padres de familia no pueden cumplir con estos turnos y deben mandar a su tíos o abuelos en muchos casos.

Además, “hablar de protección ante la delincuencia, con cuatro padres de familia frente a un alto número de estudiantes, es antitécnico e imposible de evitar delitos”, dijo.

 

 

Análisis

Para Lautaro Ojeda, analista de seguridad, toda iniciativa que instruya a la ciudadanía sobre protección es positiva, sin embargo, esto debe ser articulado entre los entes sociales (padres de familia, estudiantes, Policía, autoridades y todos quienes conforman el entorno del individuo) para que tenga resultados positivos.

“Si bien es cierto, esto puede generar una educación en seguridad no es suficiente para evitar los actos que pongan en peligro a las personas y es ahí cuando los refuerzos de vigilancia de las autoridades debe darse, pues la seguridad es una cadena que empieza en casa y termina en el lugar donde se desarrolla la persona y si en un espacio de estos se quebranta, poco o nada se puede hacer para garantizar”, manifestó, Ojeda. (CNS)

Auto explota cerca de la cárcel de Loja mientas se trasladaba a dos reos

Exteriores cárcel de Loja. Foto: Boris Samaniego.

El SNAI confirmó la información. El grupo de intervención y recate llegó al lugar.

A las 19:00, de este 7 de septiembre de 2022, un auto explotó a las afueras de la cárcel de Loja.

“Al momento nos indican que, coincidentemente, se llevaba a cabo el traslado de dos personas privadas de la libertad (PPL) y sucede en el exterior del centro una detonación, cerca a un vehículo de un agente de seguridad penitenciaria (ASP)”, señaló el SNAI, institución encargada del sistema carcelario.

Efectivos del grupo de intervención y rescate llegaron al sitio, para determinar qué tipo de explosivo se detonó.

El carro explosivo estaba a 300 metros de la cárcel y, según información preliminar, sería de un agente penitenciario. No se ha confirmado si hubo heridos. (AVV)

Acostumbrados a no tener respuestas

En el Ecuador de hoy, nadie está a salvo; se asesina a soldados, policías, jueces, fiscales, abogados, empresarios, periodistas y estrellas de televisión. Es usual que, incluso en tales casos, pase el tiempo y los investigadores nunca den con los responsables; o, peor aún, que se agarren de algún irrelevante autor material para pasar rápido la página.

En este contexto, es gravísimo privar al país de la verdad total —de los autores intelectuales y su motivación—. Ya que el Estado deja tantas preguntas sin respuesta, pululan supuestos expertos, aspirantes a agentes encubiertos y vendedores de humo que, recurriendo a supuestas fuentes secretas, dan rienda suelta a la imaginación y fabrican narrativas fantasiosas que la sociedad acepta, por inercia, como verdad.

Sobran las teorías —la de la injerencia de carteles extranjeros, la de pactos con fuerzas políticas internas, la del Estado cooptado por la narcopolítica, la de ajustes entre camarillas, etc.— pero hasta el momento las autoridades no ofrecen evidencia contundente ni relatos coherentes; la única certeza es que cada vez mueren más ecuatorianos asesinados, y la única respuesta que obtienen sus familiares y la comunidad son conjeturas fantásticas.

Para trabajar a puerta cerrada, es cómodo ocultarse tras pretextos como la “seguridad nacional” o el supuesto ingenio insuperable de los criminales—como si un Estado no contase con recursos, tecnología y profesionales más capaces que los de cualquier cartel—. El problema es que cuando no se rinde cuentas, la tentación de la incompetencia se torna irresistible.

Resultados de operativos de control y seguridad

OPERATIVOS. En el cantón Loja se ejecutaron 30 operativos, 158 locales intervenidos y 70 productos retenidos.

La Gobernación de la provincia de Loja, a través de la Intendencia General de Policía, comisarías de Policía y tenencias políticas, desde el 29 de agosto el hasta el 4 de septiembre de 2022, realizaron 687 operativos, supervisión de 1360 locales y decomisaron 542 productos por encontrarse caducados y sin registro sanitario.

El gobernador de la provincia de Loja (e), Víctor Japón, destacó las acciones conjuntas con Policía Nacional. Se ejecutaron 114 operativos antidelincuenciales, 33 controles en ejes viales, 493 vehículos y 47 motocicletas revisados, 463 personas registradas y 10 citaciones por contravenciones. Asimismo, los operativos de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) con Fuerzas Armadas permitieron el control de 5 motocicletas y 30 personas.

Japón se refirió sobre las acciones de seguridad durante las festividades que se realizan en el parque Central y en el complejo ferial Simón Bolívar. “Se mantiene el Puesto de Mando Unificado (PMU) que garantiza la articulación de las diferentes instituciones”.

De igual manera para la quema de castillos y Noches del Peregrino insistió que se trabaja con organismos de seguridad en el control de los espacios públicos usados para este fin.

Acerca de los controles territoriales enfatizó que se intensifican los jueves, viernes y sábado, por parte de los jefes políticos, comisarios y tenientes, quienes ejecutan acciones con Policía Nacional de 20:00 a 03:00 en locales categoría 1, 2 y 8 “fortaleciendo los niveles de seguridad”, acotó el Gobernador (e).