Las instituciones y políticas del país están diseñadas para desincentivar la inversión privada en todas las áreas, desde la electricidad hasta los bancos.
Independiente de los errores e ineficiencias de cada Gobierno, la economía ecuatoriana tiene trabas que impiden que la inversión privada y los capitales del extranjero lleguen para mejorar la infraestructura, generar más empresa y empleo, y reducir los costos de producir.
Como ya ha reportado LA HORA, por ejemplo, la inversión privada extranjera apenas sumó $106 millones en el primer semestre de 2023.
La inversión privada local también es hasta 20 veces menor de lo que necesitaría el país para desarrollarse.
A continuación, se detallan las cinco principales razones de esta realidad:
1 Normativa estatista impide la autonomía financiera de entidades públicas. En sectores estratégicos como el petróleo y la electricidad, que son vitales para el crecimiento económico y la inversión, la normativa genera trabas y prohibiciones para que haya socios estratégicos privados.
Luis Vintimilla, exviceministro de electricidad y exdirector ejecutivo del desaparecido Conelec (Consejo Nacional de Electricidad), explicó que la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, aprobada a finales de la década de 1990, fue “despedazada por la Asamblea Constituyente en 2008”. Con eso, se cerró la puerta a que las entidades públicas de ese sector tuvieran presupuestos autónomos e independientes y se profundizó la dependencia del Presupuesto General del Estado (PGE).
En el caso del sector petrolero, se han torpedeado todos los intentos de convertir a Petroecuador en una empresa por acciones, con posibilidad de participación privada y transparencia en las cuentas.
2 Economía subsidiada e ineficiente. Se traba por ley a la inversión, pero, además, se distorsiona la economía privada y estatal con subsidios.
Por ejemplo, la tarifa eléctrica es subsidiada y no se considera revisar que al menos una parte de la sociedad pague precios reales.
Lo que no se paga vía tarifas, se saca al mismo sector privado vía impuestos (incluso más caros que los subsidios), que van a la caja fiscal y difícilmente se restituyen para inversión.
Lo mismo pasa con los subsidios a los combustibles. Según Fausto Ortiz, exministro de Economía, solo en el diésel subsidiado se gastarán $3.000 millones este 2023; pero en total, la cifra llega a $5.000 millones.
Esto provoca que el país se endeude y cobre impuestos para cubrir esos subsidios, en lugar de generar espacio para la inversión productiva.
Asimismo, los precios subsidiados ahuyentan a los privados para asumir el negocio completo de la importación porque es más rentable seguir anclados al monopolio de Petroecuador.
En el sector de la infraestructura vial, los subsidios a los peajes también generan los mismos desincentivos y trabas.
3 Sin un fuerte estado de derecho, no existe una fuerte inversión privada. Según el Índice de Estado de Derecho 2023, Ecuador ocupa el puesto 96 entre 142 economías analizadas.
En América Latina, Ecuador ocupa el puesto 23 entre 32 países como resultado de un sistema judicial altamente politizado y un sistema estatal burocratizado e inestable.
La economía ecuatoriana no tiene instituciones independientes y ni siquiera los contratos de inversión firmados se respetan. Esto debido a que las inversiones en marcha pueden echarse abajo por acciones constitucionales de protección, fallos de la Corte Constitucional, consultas populares, entre otros. Por eso, Ecuador reprueba en libertad económica.
4 Una economía sin competencia no invierte. Ecuador tiene una economía con alta concentración de monopolios públicos y privados. Sin competencia se esfuman los incentivos para mejorar servicios e infraestructura.
Una de las principales trabas para la inversión privada y la generación de empresa es el acceso al crédito. Este problema, desde la óptica del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (Ieep), requiere una reforma bancaria.
Durante el Gobierno de Lenín Moreno, según Gabriela Calderón, investigadora el Cato Institute, el Ieep ya presentó una propuesta para cambiar el diseño institucional de los organismos de supervisión y regulación bancaria y del Banco Central del Ecuador (BCE).
Esa propuesta incluye: eliminar requisitos de liquidez doméstica y resoluciones que concentran reservas bancarias por encima del encaje legal en el BCE; cambiar el sistema de control político de las tasas de interés.
Las licencias bancarias, de acuerdo con el Ieep, deben basarse en el régimen panameño: general, internacional y de representación.
5 Un estado deficitario aleja la inversión. En los últimos 17 años el Presupuesto General del Estado (PGE) ha tenido en promedio un déficit (más gastos que ingresos) del 4% del Producto Interno Bruto o alrededor de $4.000 millones anuales.
Además, por razones políticas o de grave crisis económica (pandemia), el país ha dejado de pagar parte de sus deudas o ha renegociado un nuevo plan de pagos con sus acreedores.
Así, Ecuador es visto como una economía riesgosa y siempre al filo de incumplir compromisos, sin ahorros ni capacidad real para financiar un Estado que más que se duplicó entre 2005 y 2011.
Asimismo, un Estado desbordado y mal pagador hace que el país y sus empresas tengan acceso a poco y caro financiamiento externo.
Por eso, de acuerdo con Andrés Velasco, decano del London School of Economics y exministro de Hacienda de Chile, Ecuador disputa con Argentina, sin tomar en cuenta el desastre completo de Venezuela, el dudoso honor de ser la economía más riesgosa de América Latina. (JS)
25 reformas o cambios tributarios se hicieron en 17 años para intentar sacarle más recursos al sector privado.