El país tiene que trabajar en reducir, o incluso eliminar las barreras de entrada, para emprender negocios. La burocracia es el peor enemigo de la competencia y la innovación.
En Ecuador existen ineficientes y costosos monopolios estatales; además de mercados monopólicos en el sector privado.
Un entramado de leyes, requisitos, burocracia y políticas mercantilistas y clientelares no solo hacen que exista poca competencia, sino que los servicios públicos sean de menor calidad.
Al final, los principales perjudicados son los ciudadanos y su bolsillo, a través de costos más altos, tiempo perdido, menos empleo de calidad y poca innovación.
Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, explicó que, a través de normas, reglamentos, acuerdos ministeriales, requisitos técnicos, entre otros, se impide la competencia y se provocan ineficiencias.
“En el sector público, sobre todo en los sectores estratégicos, se ve claramente cómo se impide la competencia, y solo por excepción se permite la participación privada. El resultado son empresas ineficientes y corruptas como Flopec y trabas para que se concreten las inversiones que necesita el país”, puntualizó.
Pero también fuera de los sectores estratégicos, en la esfera de los servicios públicos, la mala calidad se hace presente cuando se obliga por ley, por ejemplo, a que una sola empresa elabore las especies valoradas para los pasaportes.
Otro claro monopolio ineficiente en el sector público es Explocem, que maneja el mercado de explosivos y limita drásticamente la entrada de más mineros artesanales y pequeños. Además, genera mayores costos a las pocas grandes empresas internacionales que operan en el país.
Mercado en pocas manos
Danilo Vélez, miembro del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), explicó que, dentro del Índice de Libertad Económica, Ecuador obtiene un puntaje de 55, que lo ubica por debajo del promedio mundial (59,3) y del promedio del continente americano (58,6).
Uno de los peores resultados del país está en el tema de la eficiencia regulatoria. En el caso del sector privado, existen los llamados mercados monopólicos, donde uno o pocos participantes acaparan el negocio y se ven blindados de la competencia a través de influencias políticas, caros requisitos y normas de acceso, poco acceso al crédito, entre otros.
Según Juan Francisco Román, abogado corporativo, esfuerzos importantes como las últimas reformas a la Ley de Compañías son insuficientes porque “Ecuador sigue secuestrado por un mercado hegemónico donde solo actúan un puñado del 5% -o menos- de empresas que son dueñas de la gran mayoría de marcas, productos y servicios que se consumen todos los días”.
En otras palabras, uno de los grandes problemas estructurales del país es que existe poca competencia real. Incluso la mayor parte de los ingresos del fisco dependen de pocas empresas.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), por ejemplo, 1.000 grandes contribuyentes concentraron más del 55% de la facturación nacional en 2022.
Nueva senda
La política de apertura comercial, donde la firma del acuerdo comercial con China es el último hito, es un paso en el camino correcto para crear más competencia y romper barreras de entrada.
Sin embargo, Acosta Burneo recalcó que esa apertura no basta y se debe trabajar en reducir la trama de requisitos y normativas en lo interno.
“Una economía eficiente es una donde entran y salen competidores todo el tiempo. Además, nadie tiene asegurada su permanencia por temas políticos y burocráticos. Solo así se fomenta la innovación”, dijo.
Se necesita trabajar en una ley simple y concreta en la que se prohíban los monopolios y se dé el poder a los ciudadanos para que los denuncien en cualquier momento.
A la par, se debe optimizar el gasto público para evitar que la burocracia justifique su existencia poniendo todo tipo de exigencias y trámites.
Acosta Burneo aseveró que, para hacer un cambio, en medio de un escenario donde existen presiones e intereses, se necesita de un Gobierno que pueda convencer de que lo que se necesita son servicios públicos que agreguen valor; y eliminar el resto.
“El Gobierno actual se ha dedicado a ver los grandes números; pero no es un trabajo de grandes agregados, sino de revisar la calidad de los servicios y los procesos. Al final del día, el ciudadano no come del déficit o superávit fiscal, sino del acceso a bienes y servicios de calidad”, afirmó.
Uno de los mayores fracasos del Gobierno de Lasso es que ha sido incapaz de generar consensos, incluso dentro de la misma administración pública, sobre la necesidad de simplificar y facilitar la actividad económica.
“Es la misma burocracia la que traba los programas del Gobierno para que no se realicen”, sentenció Acosta Burneo. (JS)
Abrir la puerta a la libertad de elección
Según Gabriela Calderón, investigadora del Cato Institute, para destrabar monopolios estatales, como los de la educación pública y la seguridad social, se necesita poner competencia privada.
Es decir, permitir que se pueda optar por seguros privados sin la obligación además de afiliarse al público; o establecer un sistema de bonos o cheques educativos para que las familias decidan donde quieren que sus hijos estudien.
En otras palabras, lo que se necesita es abrir la puerta a la libertad de elección; a que las personas tengan varias opciones. No se requiere eliminar la alternativa pública, sino ponerle competencia.