Ante la emergencia, el actual Gobierno toma medidas parches y caras, Noboa en pocos meses deberá sentar las bases de las inversiones que se necesitan y tratar de reflotar del desastre.
Luego de meses de advertencias y medidas aplazadas sin ninguna justificación, Ecuador se ve en el trance de pasar por más de mes y medio de apagones (desde el 27 de octubre de 2023 hasta mediados de diciembre de 2023).
La falta de planificación, las trabas burocráticas y legales, los subsidios ineficientes, y la negligencia, han dado como resultado, de acuerdo con Carlos Ordóñez, ingeniero eléctrico, una realidad en la que “todos asumimos pérdidas tanto el Estado como los ciudadanos y las empresas”.
Un país medianamente desarrollado necesita de un sector energético con un peso de alrededor del 22,5% del Producto Interno Bruto (PIB), con el objeto de cubrir el aumento de la demanda de cada año y dar las condiciones mínimas para que proyectos de inversión lleguen para generar empleo y más riqueza.
Aunque existen inversionistas dispuestos a invertir en el Ecuador, ha faltado decisión política y seguridad jurídica, además de agilidad por parte de los Gobiernos de turno.
La capacidad de generación casi no ha aumentado en más de seis años.
Sin embargo, Holger Parra, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Azuay, puntualizó que ni siquiera se ha viabilizado la construcción de proyectos pequeños de generación hidroeléctrica, con inversión privada, como el Soldados-Yanuncay en Azuay.
Ese proyecto, que está parado más de 10 años, podría aportar con 23 megavatios y crear empleos y oportunidades.
Además del fracaso en concretar inversión en nueva infraestructura, el Estado también es responsable (tres últimos Gobiernos) de que el país actualmente cuenta con un parque de generación térmica obsoleto (entre 40 y 50 años) sin el mantenimiento adecuado.
Acciones urgentes
Según el empresario José Alvear Campodónico, que ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y la Contraloría sobre los contratos irregulares y de última hora para intentar evitar el colapso eléctrico, el presidente electo Daniel Noboa debe ser proactivo y desde ya tomar acciones para evitar que el legado que recibirá sea aún peor.
El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, ha dicho que la duración de los cortes de energía hasta mediados de diciembre de 2023 dependerá de que se concrete la contratación de 460 megavatios adicionales de generación térmica; además de otras contrataciones amparadas en una declaratoria de emergencia a través de un acuerdo ministerial y no de un decreto ejecutivo.
“Sin decreto ejecutivo, esas contrataciones son ilegales. Además, son muy mal negocio porque aumentarán el costo de la electricidad con un perjuicio estimado de casi $1.000 millones para el Estado”, dijo Alvear Campodónico, quien añadió el costo del kilovatio/hora subirá hasta 40 centavos por todo lo que se va a firmar a cuenta de enfrentar la crisis energética.
Tanto Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); como el gerente de la Empresa Eléctrica Quito, Marcelo Jaramillo, durante una rueda de prensa el o 26 de octubre de 2023, aseguraron que todo es legal y no será tan costoso.
Pero, Alvear Campodónico considera que las explicaciones no son claras y apunta a dos escenarios de acción para Noboa.
En el primer escenario, debería decirle al presidente Lasso que no proceda con todas esas compras y que utilice el 10% de lo que han anunciado que van a gastar solo para arreglar las centrales termoeléctricas.
La solución de fondo a los apagones y la crisis eléctrica quedaría en manos de Noboa.
En el segundo escenario, la actuación de Noboa sería de inercia a la espera de asumir el desastre eléctrico y de enfrentar las consecuencias de los contratos ya firmados.
“En cualquiera de las opciones, Noboa no va a poder cumplir con lo que ofreció, es decir, con proveer energía, porque la herencia de Lasso es nefasta”, añadió.
¿Qué se podrá hacer en 18 meses?
Con la crisis ya instalada, Noboa no podrá construir nueva infraestructura en sus 18 meses. Por un lado, a corto plazo, tendrá que transparentar las compras de última hora de Lasso y enfocarse en rehabilitar lo que más pueda de la generación térmica.
Pero, pensando a mediano y largo plazos, tendrá que sentar las bases para que las inversiones rezagadas por años se puedan ejecutar en el menor tiempo posible.
En este contexto, Alvear Campodónico apunta a que en 18 meses se dejen avanzadas y en marcha dos o tres licitaciones de ciclo combinado de alrededor de 1.000 megawatts.
Además, se tendría que dejar abiertas y en proceso licitaciones para que la empresa privada invierta en una terminal de gas y explote el campo Amistad.
Asimismo, en la generación hidroeléctrica, la meta sería lanzar los procesos licitatorios de las centrales Santiago y Cardenillo.
El mismo gerente de Celec, Gonzalo Uquillas, reconoció que si no se impulsan las inversiones, en cinco años tendremos iguales o peores problemas de racionamientos. (JS)
Pérdidas de al menos $2.000 millones en el sector privado
Ya antes de los anuncios de racionamientos dirigentes empresariales como Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, señalaron que la afectación al sector industrial es grande porque consume el 42% de la electricidad en el país. El sector comercial representa el 14%.
En los apagones de la década de 1990 y 2009, las pérdidas reales fueron de entre $1.500 y $1.800 millones, según González.
Ahora, aunque hay un mayor número de empresas mejor preparadas para este tipo de emergencias, las pérdidas directas podrían ser mayores a los $2.000 millones.
Eso es una tragedia para un aparato productivo que ya viene de dos golpes: pandemia e inseguridad.