Las importaciones de explosivos en 2023 superaron las estimaciones del Ministerio de Energía que había proyectado alrededor de 12.000 toneladas de explosivos requeridas por las cuatro áreas de producción minera en el país.
La Asamblea Nacional podría dar de baja, en una discusión en segundo y definitivo debate en el Pleno, un apartado de la Ley de Armas, Municiones y Explosivos que no se ha reformado desde hace 44 años, y viabilizar un control obligatorio desde el Estado, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA), para la importación, fabricación y venta de explosivos.
El 29 de abril de 2024, en la Comisión de Seguridad Integral del Parlamento, donde se debate la propuesta de ley, Manuel Dávila, general de Brigada y director de Logística del Comando Conjunto, informó que el Ministerio de Defensa solicitó a la Secretaría de Energía y Minas una proyección de crecimiento del sector minero en las áreas estratégicas de 2020 a 2040.
“En este informe se evidenció que existirá un incremento exponencial en la necesidad y requerimiento de los importadores de explosivos de diferente naturaleza para la minería a gran y mediana escala y también la minería artesanal”, indicó Dávila.
La vía para el control sería que el Estado siga manteniendo acciones en la fábrica Explosen (empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación y comercialización de explosivos), para permitir el control de las fábricas productoras e importadoras de explosivos.
El militar planteó observaciones a la ley y solicitó a los integrantes de la Comisión, presidida por Inés Alarcón, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), que esta modificación se incluya en la Ley de Armas.
Es que, según las cifras entregadas por el Ministerio de Energía, solo en 2023, las importaciones de explosivos superaron la estimación proyectada en alrededor de 12.000 toneladas de explosivos requeridas por las cuatro áreas de producción minera en el país. El año pasado, la cifra superó las 13.500 toneladas. Para el 2024 se prevé un crecimiento importante del sector, según el Comando Conjunto.
En la cadena de producción de armas, municiones y explosivos están involucradas aproximadamente medio millón de personas. Por eso, el país requiere una ley que permita evitar, desde la fabricación, que estos insumos afecten a la seguridad de la sociedad y de las instituciones, indicó.
‘Incremento de la economía ilegal’
Las FF.AA piden además que en el artículo 28 de la Ley relativa a la “Fabricación, Importación, Transporte, Comercialización de Explosivos”, se incluya que, las personas naturales y jurídicas que por su giro de negocio requieren de sustancias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas o corrosivas, deban contar con informe favorable del Comando Conjunto.
“Para las Fuerzas Armadas, el control de este tipo de sustancias es fundamental”, agregó el oficial.
Prefirió no entrar en detalles por temas de seguridad, pero afirmó que hay actores dentro del Estado que tratan de aprovecharse del uso de armas, municiones y explosivos para seguir incrementando su economía ilegal que le hace daño al país. “Hay evidencias de cómo en los últimos años se han tenido serios problemas de seguridad nacional por este tráfico”, advirtió.
Mencionó que en el Decreto 707 del 1 de abril de 2023 se reformó el reglamento y estableció que, para poder importar armas, municiones y explosivos, se requiere, para mantener el control, de una participación importante del Estado (en Explosen).
Los casos de Colombia y Perú
Según Manuel Dávila, en Colombia -por la historia de violencia e inseguridad en ese país- el único autorizado a importar, comercializar armas municiones y explosivos, es el Estado.
En Perú, en cambio, se permite a las empresas privadas, naturales y jurídicas poder fabricar e importar.
“La gran cantidad de explosivos, municiones y armamento que ingresa al Ecuador para ser utilizado en contra de nuestra población, obviamente son de estas fábricas; es muy difícil para el ente rector estar presente las 24 horas del día estar en una instalación para saber lo que se fabrica y conocer su destino”, agregó el oficial.
Por eso, dijo, es más fácil que se permita la importación de esos insumos en base a una regulación que lleve a establecer la trazabilidad desde la fábrica para la munición y el explosivo. (SC)
Uso de 40.000 armas incautadas
Manuel Dávila, general de Brigada y director de Logística del Comando Conjunto; y Fausto Íñiguez, director nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, pidieron también a las autoridades judiciales que se permita que alrededor de 40.000 armas incautadas y cerca de 200.000 municiones pasen a su control para el combate a la delincuencia y sean declaradas de utilidad pública.
Solo en 2023 se decomisaron más de 9.900 armas. “Pedimos que haya un reforzamiento logístico en las fronteras”, agregó Iñiguez.
En Ecuador existen 16 personas naturales y jurídicas registradas en la Dirección de Control de Armas que desde 2020 hasta los primeros meses de 2024 han logrado un crecimiento importante en las importaciones de estos insumos, según el Comando Conjunto.
“Todos buscamos que el Ecuador vuelva a ser una isla de paz; lo que pedimos es que nos sumemos a este esfuerzo a través de la reforma a la Ley que tiene 44 años y que no acoge la realidad de los sectores productivos, ni de la situación social, económica”
Manuel Dávila, director de Logística del Comando Conjunto.