Ana Changuín Vélez
Pocos conocen este caso, pero en febrero de este año, la entonces gobernadora de la provincia de El Oro fue cesada de sus funciones por decisión del presidente Guillermo Lasso, tan solo ocho días después de dar a luz y en el momento exacto en que su bebé recién nacido se encontraba en una unidad de cuidados neonatales. Este evento resultó devastador y cuestionable desde todo punto de vista, ya que una mujer con permiso de maternidad, que estaba enfrentando una situación crítica de salud con su hijo, fue repentinamente apartada de su puesto.
Entiendo la gestión pública y también que el cargo que ocupaba era de naturaleza política, pero es fundamental reconocer que en su separación no parecen haber influido motivos relacionados con su desempeño laboral o criterio político. Lo fáctico es que en este caso se aprovechó su permiso por maternidad para desvincular a una mujer recién parida.
Conocí que la exgobernadora decidió llevar su caso ante la justicia con una Acción de Protección en la que solicitó diversas medidas de reparación: el pago de los cuidados de su bebé, la instalación de un lactario en la Gobernación y disculpas públicas por la discriminación que había experimentado debido a su maternidad durante su cargo.
La Constitución ecuatoriana, en su artículo 35, determina que las mujeres embarazadas deben recibir atención prioritaria y especializada. Además, el artículo 43 garantiza la protección prioritaria y el cuidado de la salud integral y la vida de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como las facilidades necesarias para su recuperación durante el periodo de lactancia. La Corte Constitucional en su sentencia No. 3-19-JP/20, ha reforzado esto y ha destacado la importancia de la protección de la salud y la vida de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Los instrumentos internacionales de derechos humanos también respaldan el criterio de protección especial.
Derechos y garantías sobran y la buena noticia es que la acción presentada por la exgobernadora fue aceptada por la justicia. Se determinó que su despido, mientras estaba en licencia por maternidad, fue una clara violación de sus derechos y se han dispuesto las medidas de reparación solicitadas.
Atentos, pues es un fallo que trasciende a la exgobernadora y su familia, y constituye un poderoso recordatorio para el nuevo Gobierno y aquellos que vendrán en el futuro. Nos enseña que el apoyo a la participación política de las mujeres no puede limitarse a simples declaraciones escritas, sino que debe traducirse en acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Es un llamado a trabajar de manera constante para garantizar la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres en política y en todos los aspectos de la vida pública.